Jorge  Navarro investiga y da clases en la Escuela de Informática Telecomunicación de Granada desde hace nueve años. Tiene su firma impresa en siete proyectos de investigación, en siete contratos de I+D con empresas y dos patentes. Ha superado todas las etapas previstas para la carrera académica: profesor ayudante, ayudante doctor y desde 2014 contratado doctor. Calcula que tardará todavía otros cinco o seis años en conseguir una plaza de profesor titular. Ese día tendrá cerca de 45 años. Es uno de los cientos de doctores damnificados por la tasa de reposición que ha impedido desde 2011 reemplazar a los universitarios jubilados. Un millar de doctores colapsan las puertas de entrada a la academia, casi los mismos que durante este periodo han tomado la puerta de salida.

Las universidades solo han podido cubrir el 10% de las jubilaciones hasta 2014, tasa de reposición que se ha subido hasta el 50% este año. Estas restricciones han sido devastadoras para una generación a la que durante años se le ha cortado cualquier expectativa de hacer carrera académica, al tiempo que ha detenido la promoción natural de quienes ya habían ingresado en el sistema universitario.  

Las consecuencias aunque de matiz diferente, han sido letales para las instituciones académicas: para las universidades más pequeñas y jóvenes porque los recortes les han explotado justo cuando abordaban su consolidación y las grandes porque han visto cómo se descapitalizaban con la jubilación de catedráticos y profesores veteranos, sin poder dar entrada a savia nueva. De acuerdo con los datos proporcionados por las universidades públicas de Andalucía en la actualidad hay 688 profesores titulares acreditados a catedrático y 1.001 doctores acreditados a profesor titular que esperan su momento. De forma paralela, entre 2011 y 2014 se han jubilado 1.248 profesores y catedráticos en Andalucía según los datos recopilados por el equipo de Cristina Mayor, investigadora principal del grupo Innovación, Desarrollo, Evaluación y Asesoramiento en Educación (IDEA) de la Universidad de Sevilla.

Para el año que viene el Gobierno ha autorizado reemplazar el 100% de las jubilaciones que se produzcan y el pasado mes de septiembre, además, desvinculó de la oferta de empleo la promoción de profesor a catedrático. “Estos años han sido una tragedia pero, por fin, parece que algo se mueve”, dice el vicerrector en funciones de Profesorado en la Universidad de Sevilla, Juan Carlos Benjumea. Para una universidad de gran tamaño aflojar unos milímetros la espita de la tasa de reposición es un alivio. La posibilidad de reemplazar la mitad de las jubilaciones ha permitido este año sacar a concurso 28 plazas para titulares y catedráticos, número que crecerá después de los cambios introducidos en septiembre.

Juan Carlos Benjumea calcula que si se mantiene este escenario la Universidad de Sevilla podrá digerir en tres o cuatro años la bolsa de 200 doctores acreditados a profesor titular “de los que tenemos constancia” “porque están contratados como personal laboral y los departamentos nos informan cuando se acreditan, pero hay muchos más en los colectivos de interinos sustitutos y profesores asociados”. Además, otros 130 profesores han superado el proceso de evaluación para la cátedra. Esta situación es absolutamente anómala en la Universidad de Sevilla que hasta 2012 aprobaba y dotaba las plazas nuevas de profesor y catedrático a medida que los departamentos las pedían en función del personal que superaba el sistema de acreditación. “Eso acabó en junio de 2012. En aquel consejo ya no se convocó ninguna plaza y desde entonces hay personal acreditado a la espera”, subraya Juan Carlos Benjumea.

La Universidad de Granada es, junto a Sevilla, la que tiene más personal en stand by: 300 doctores aguardan una plaza de profesor funcionario y otros 171 docentes están en este momento en condiciones de acceder a una cátedra . El equipo de Gobierno que dirige en Granada la rectora Pilar Aranda estima que al ritmo actual tendrán que transcurrir entre cuatro o cinco años para que los acreditados a titular en 2015 obtengan una plaza y de dos a tres para las cátedras.

Desde 2012 hasta ahora se han jubilado en la Universidad de Granada más de un centenar de profesores y catedráticos y apenas si ha habido oportunidad legal para incorporar a una treintena. Antes de que se implantaran estas restricciones, cada año promocionaban a profesores y catedráticos medio centenar de personas (160 entre 2009 y 2011).

En cualquier caso, para la Universidad de Granada la vida académica no transitará por la normalidad con plazos considerados “razonables”  de un año desde la acreditación hasta el acceso al cuerpo mientras la oferta pública esté vinculada a las jubilaciones. Hasta entonces creen que las necesidades docentes y científicas, la captación de talento y el envejecimiento de la plantilla encallarán y quedarán sin resolver . “Reivindicamos firmemente la desaparición de la tasa de reposición y el incremento del capítulo de personal” apunta un portavoz universitario, que también demanda “programas anuales de estabilización y promoción del personal docente e investigador” para que se promueva y “clarifique” la carrera docente.

“El tema de fondo es que la universidad es un motor social y económico que se está descuidando. ¿Qué vamos a volver al sol y playa?” se pregunta Magdalena Martín, profesora de Derecho Internacional Público y coportavoz de la asociación de docentes acreditados a catedráticos de la Universidad de Málaga. Los 80 profesores que aspiran a una cátedra en esta universidad se han agrupado para reivindicar la promoción interna y vigilar el proceso. Magdalena Martín recuerda que se creó una fórmula para establecer la prioridad de plazas que tenía en cuenta cuestiones como la antigüedad en la acreditación, la categoría, el sexo, el número de asociados en el área o de profesores a tiempo completo, pero “realmente nunca se ha llegado a aplicar”. Ahora que empieza haber algún movimiento la cuestión del cómo cobra mucha importancia. En la Universidad de Granada, por ejemplo, ha optado por dar un número a cada aspirante en función de su antigüedad en la lista, por eso Jorge Navarro sabe que es 192 y es consciente de que tendrá que esperar varios años más.

Magdalena Martín, no obstante, señala que el gran problema es el absoluto cierre de puertas que subyace bajo la prohibición de crear más plazas. “La tasa de reposición al 100% no es margen suficiente para incorporar savia nueva. Hay una generación muy bien preparada, con un currículum muy bueno, que controla idiomas que tiene estancias posdoctorales y que le gustaría quedarse en la universidad pero no puede”. “Hay contratados doctores que tienen más sexenios de investigación que muchos catedráticos”. La consecuencia es que si no entra gente joven “no se investiga, no se innova, no se hacen patentes, no se capta dinero con contratos con empresas... El motor se para y eso es lo preocupante”. Mientras esto sucede, la formación queda en gran medida en manos de profesores asociados e interinos “que no pueden llevar la carga de una asignatura”. “Estamos poniendo en riesgo la calidad de la enseñanza”.

Otro efecto añadido es el progresivo adelgazamiento de los funcionarios docentes en beneficio de las plazas de doctores. En diciembre de 2014 los profesores e investigadores funcionarios en Andalucía eran 8.622, mientras que otros 7.695 eran contratados. Es decir, ya son el 47% y la Ley Orgánica de Universidades establece como tope el 49%. “El funcionario genera recelo”, apunta el vicerrector de Profesorado, en funciones, de la Universidad de Sevilla.

¿Qué diferencia hay entre ser doctor con contrato fijo o profesor funcionario? La primera es orgánica porque los primeros dependen de la Junta de Andalucía y los segundos del Gobierno central. La segunda es sobre todo una cuestión de prestigio académico porque la única oportunidad que tiene el contratado para progresar es alcanzar una plaza de funcionario.

Jorge Navarro apunta la estabilidad porque “Los doctores contratados somos fijos”. La crisis ha demostrado que cualquier trabajador indefinido puede ser despedido y "los funcionarios, por ahora, no". También señala el sueldo porque los contratados no cobran los sexenios de investigación “pese a que somos muy activos porque es la única forma que tenemos de promocionar”. Él ya ha echado las cuentas: el sexenio y el quinquenio que tiene acreditados, más otro quinquenio casi a punto le reportarían 360 euros más al mes.