España tenía en el curso 2010/2011 más de un millón de universitarios de los que el 22% eran becarios. Las ayudas públicas a estos 224.860 alumnos ascendieron a 725 millones de euros, de acuerdo con los datos que maneja Juan Hernández Armenteros. El 26% recibió la beca salario por proceder de familias de muy bajos ingresos (umbral 1, 13.900 euros anuales) y otro 31,8% la de residencia porque estudiaban fuera del domicilio familiar. El presupuesto que se destinó a ambos grupos ascendió a 364 millones. Este colectivo de estudiantes es, fundamentalmente, al que se dirigen los cambios más severos de la nueva política de becas y ayudas al estudio.

¿Qué hubiera sucedido ese curso si se hubieran aplicado los criterios impuestos ahora por el Gobierno? Juan Hernández Armenteros ha hecho ese análisis para llegar a la conclusión de que la cifra de becarios hubiese pasado de 224.860 a 166.654, es decir hubiese habido 58.206 estudiantes menos y el presupuesto de becas hubiera retrocedido a 725 millones a 538 millones (-25%), generando un ahorro a las arcas públicas de 186 millones.

Pasar la nota media de 5 a 5,5 hubiese para acceder a la beca de matrícula hubiera dejado aquel curso sin ayuda a 7.600 estudiantes de nuevo ingreso, mientras que elevar a 6,5 el expediente para obtener las ayudas por residencia o movilidad habría sacado de la lista de becados a otros 28.590 estudiantes de nuevo ingreso. A partir de segundo curso sólo con la aplicación de los criterios académicos que rigieron el curso pasado perderían las ayudas otros 22.000 alumnos.

Además, hay que tener en cuenta que los becarios que no aprueben el 50% de los créditos están obligados a devolver las ayudas que hayan recibido. Si esta condición se hubiera aplicado en el curso 2010/2011, de acuerdo con los datos que utiliza Juan Hernández Armenteros, el 10% de los alumnos hubiera tenido que reembolsar las ayudas. Es decir, se hubieran visto afectados 22.486 estudiantes. Cada uno de ellos, de media, habría tenido que reintegrar 2.100 euros y, finalmente, el Ministerio de Educación se hubiera ahorrado 47 millones de euros.

Juan Hernández Armenteros asegura que las exigencias académicas, sumadas al desconocimiento del importe de las ayudas (porque la parte variable de la beca no se sabrá prácticamente hasta que haya finalizado el curso) y mantener los umbrales de renta tan bajos propiciará, por una parte “un flujo continuo de abandono de alumnos que no podrán renovar la beca” y, por otro lado, “un freno a la incorporación de estudiantes procedentes de familias de reducida capacidad económica ante el riesgo de no poder satisfacer en el futuro los requisitos académicos exigidos”.

Subraya que no existe ningún dato que justifique el ahorro en la nueva política de becas. Afirma que se trata solo de normas excluyentes, de “volver a criterios de beneficencia”, porque si realmente se pretendiera ahorrar se impondrían requisitos de progreso y permanencia a todos los estudiantes, no solo a los becarios, porque el “el 78% tarda dos años más en terminar los estudios y cada año nos cuesta mucho dinero. Ahí se podrían ahorrar de 900 a 1.400 millones de euros”. Explica que sólo con aplicar al conjunto del alumnado los mismos requisitos que exigidos a los becarios hasta ahora se ahorrarían 900 millones de euros, cantidad que se elevaría a 1.400 millones si se tratara de las condiciones que deben alcanzar a partir de este curso los estudiantes con beca.