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Los rectores acuerdan una moratoria y los alumnos protestas

  • Las universidades públicas acuerdan aplazar hasta 2017 la aplicación del modelo 3+2, mientras que los alumnos anuncian movilizaciones.

La comunidad universitaria ha vuelto la espalda a la reforma planteada por el Gobierno. El primer paso lo ha dado la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE) que ha aprobado con 57 votos a favor, cinco abstenciones y uno en contra una moratoria para aplazar los cambios hasta 2017. Los rectores plantean que antes de abordar nuevos cambios en el mapa de los estudios superiores se evalúe el plan Bolonia que se implantó en 2010.

Los primeros titulados universitarios del plan Bolonia terminaron los estudios el año pasado y faltan todavía por concluir los que siguen los grados en Medicina y Arquitectura. Las autoridades académicas no tienen todavía información objetiva sobre la calidad y empleabilidad de esos estudios.  Las universidades han tenido que afrontar la implantación del plan Bolonia a coste cero. Durante los últimos cursos han convivido en los centros dos sistemas diferentes y todavía hoy quedan alumnos del plan antiguo. En opinión de los rectores es precipitado poner sobre la mesa una nueva reforma.

De hecho, el Consejo de Estado ya se pronunció en este sentido antes de que el ministro José Ignacio Wert llevara su plan al Consejo de Ministros. En su dictamen, preceptivo pero no vinculante, proponía ampliar el plazo, que consideraba muy “breve”, para incorporar los nuevos títulos con el fin de que la adaptación a los cambios pudiera hacerse de una forma “más coordinada”. El órgano consultivo incluso llamaba la atención sobre la confusión que generaría un mismo título con diferente duración en universidades vecinas.

La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, que agrupa a los 10 rectores de la región, se reunió el 3 de febrero con la presidenta, Susana Díaz, para acordar una moratoria activa para poder reflexionar, evaluar y mejorar el actual sistema universitario andaluz”. En un comunicado público emitido por los rectores se aludía al compromiso de la presidenta andaluza de “respaldar la actual estructura de grados de cuatro años y, por tanto, su financiación, así como la reducción progresiva del coste del crédito de los másteres para su acercamiento a lso grados”.

Los rectores señalaban que todavía no se tiene “perspectiva” ni “resultados” de lo que ha sido la implantación del plan Bolonia o Espacio Europeo de Educación Superior y demandaban “estabilidad” para “trabajar con calma” y “generar certidumbre” para que “nuestro alumnado y sus familias sepan exactamente cómo está definido el sistema”.

Esta oposición en bloque, no obstante, tiene fisuras. No todas las universidades están dispuestas a esperar a 2017. Las privadas Camilo José Cela y Universidad Católica San Antonio de Murcia no respetarán la moratoria y empezarán a preparar grados de tres años. La pública Pompeu Fabra de Barcelona también ha anunciado que iniciará ya la tramitación de los nuevos títulos.

Los consejos y delegación de alumnos de Sevilla, Granada y Jaén, recientemente agrupados en la Conferencia de Representantes de Estudiantes de Andalucía (CREA) han celebrado que en Andalucía no se aplique el modelo 3+2 (tres años de grado más dos de máster) y critican que se haya planteado una reforma sin diálogo con las partes interesadas. Afirman que el modelo que defiende el Gobierno “encarece la educación” y perjudica a los estudiantes”, al tiempo que acusan al Ministerio de Educación de someter a la comunidad universitaria a “una constante inestabilidad”.

Esta posición coincide también con la expresada por la Asamblea Estatal de representantes de Estudiantes (AERE) que han exigido la paralización de la reforma y un estudio “de la idoneidad del actual sistema universitario en cada área de conocimiento”. Finalmente, el Sindicato de Estudiantes ha convocado huelga para los días 25 y 26 de febrero para exigir la retirada de la reforma, que repetirá el 17 y 18 de marzo si no logra sus objetivos. 

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