La reforma universitaria encierra un recorte de 750 millones

  • Las tasas correspondientes a los estudios de grado y máster que ahora cuestan 5.146 pasarían con los cambios que propone el Gobierno a 6.507 euros.

La reforma universitaria que el Ministerio de Educación ha puesto sobre la mesa de los rectores tiene un objetivo contante y sonante: 750 millones de euros. Los compromisos de control del déficit contraídos por el Gobierno español con las autoridades comunitarias contemplan un recorte de 6.600 millones de euros en el presupuesto educativo en el periodo comprendido entre 2012 y 2017. En este escenario, a las universidades les corresponde un ajuste por importe de 1.650 millonesde euros aproximadamente. En los dos últimos el gasto universitario ha caído en 900 millones en España, de modo que todavía hay que recortar otros 750 millones.

“La clave está en la página 42 de la actualización del programa de estabilidad 2014-2017 ”, clama Juan Hernández Armenteros, experto en financiación universitaria y asesor asiduo de la Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE). Ese documento, remitido por el Gobierno español a Bruselas, detalla que si en 2012 el gasto en educación alcanzaba el 4,5% PIB, en 2017 debe situarse en el 3,9%. Cada décima en esa marcha atrás significa restar 1.000 millones de euros al presupuesto. Por tanto, el recorte global que sufrirá el sistema educativo en los cinco años que comprenden desde 2012 y 2017 será de 6.600 millones de euros. 

La universidad consume aproximadamente una cuarta parte del gasto universitario, por lo que su ajuste en ese periodo tendrá que alcanzar los 1.650 euros. Ya se han recortado 900 pero quedan todavía 750 millones más por suprimir hasta 2017. Para comprender el impacto que significa en las 50 universidades públicas de España solo hay que tener en cuenta que el presupuesto de las 10 andaluzas para 2015 asciende a 1.628 millones de euros. Es decir, los recortes universitarios equivalen al conjunto del gasto andaluz en educación superior, que cuenta con más de 220.000 estudiantes. Este ajuste sólo podrá verse suavizado en la medida en que se cumplan las previsiones de crecimiento del PIB.

Puesto que las nóminas consumen en torno al 70% de los costes de la universidad, el tijeretazo de 900 millones lo ha sostenido fundamentalmente la plantilla, gracias a una medida introducida en el decreto de racionalización del gasto público (Real Decreto-ley 14/2012) que subía el número de horas de clase a todos aquellos profesores que durante los últimos seis años no hubieran acreditado su actividad científica. Si antes de esta refoma el 70% de los doctores universitarios disfrutaban de reducciones de jornada para realizar tareas de investigación, en el nuevo escenario apenas son el 40%. De esta manera el sistema ha podido aguantar más de dos años sustituyendo solo al 10% de los profesores que se jubilaban, porcentaje que este año se ha elevado hasta el 50%.

La segunda vía sobre la que se pretendió apoyar el ajuste fue la subida de tasas universitarias. El propio decreto de racionalización del gasto universitario contempló que los alumnos pagaran en primera matrícula entre el 15% y el 25% del coste de sus estudios y a partir de la cuarta el 100%. Comunidades autónomas como Andalucía y Galicia optaron por quedarse en la parte baja de la horquilla, al tiempo que los estudiantes han medido más el número de créditos en los que se matriculaban. El resultado ha sido que las universidades no han ingresado más por tasas.

Para suprimir del presupuesto universitario otros 750 millones, sin embargo, queda poco margen, de ahí que todos los indicios permiten vislumbrar ese interés bajo la nueva reforma universitaria. “A las universidades no les queda grasa que cortar”, dice Hernández Armenteros, profesor de Economía y exgerente de la Universidad de Jaén, en alusión a las posibilidades que ofrece el gasto corriente para alcanzar los objetivos de déficit público planteados por el Gobierno. La Conferencia de Rectores de España (CRUE) calcula en 800 millones el ahorro público de pasar los grados de cuatro a tres años.

El modelo que plantea el Gobierno y que políticamente ha defendido el departamento que dirige José Ignacio Wert con el argumento de que supone un ahorro de dinero para las familias, contempla por una parte grados de tres años, en lugar de los cuatro actuales en todas las titulaciones salvo las de las áreas de salud, ingenierías y arquitectura que dan acceso a profesiones reguladas. Pero esta no es la única novedad. También contempla másteres de dos años en lugar de uno. Es decir frente al modelo actual de 4+1 (cuatro años para el grado y uno para el máster) se pasaría a 3+2 (tres años para el grado y dos para el máster). Esta cuestión también tiene un significativo impacto económico porque las tasas de máster que pagan los alumnos son sensiblemente más altas que las de grado y, además, el número de becas es significativamente inferior.

Por ejemplo en Andalucía, aún teniendo los precios más bajos de España en posgrado, un crédito de máster cuesta 35,30 euros, un 112% más que un crédito de grado (16,62 euros) en las áreas de conocimiento susceptibles de transformarse en el modelo 3+2.  Los estudios completos de grado y máster cuestan ahora en Andalucía 5.146 euros en primera convocatoria. Los mismos estudios según la fórmula 3+2, con las tasas actuales, supondrían para el estudiante un desembolso de 6.507 euros en tasas, o sea, 1.361 euros más (26%).

Los críticos con el modelo 4+1 no son una excepción en el ámbito académico. Las críticas a la reforma introducida con el plan Bolonia que dilapidó el antiguo sistema de licenciaturas y diplomaturas no una rareza. Desde diversos ámbitos académicos se cuestiona el estiramiento de algunos grados para completar los cuatro años y se relaciona este hecho con la presión de los colegios profesionales.

Hernández Armenteros, por ejemplo, observa que en el modelo traído por el plan Bolonia en España -no en otros países- existen incoherencias en este sentido, sin embargo, está convencido de que la razón última de la reforma propuesta ahora por el Gobierno “ni es académica, ni es el empleo simplemente porque no se ha evaluado. Nadie puede decir si es mejor o es peor. Simplemente se está enmascarando un ajuste en el gasto en educación”, concluye.

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