"Detrás de cada expulsión hay una vida truncada, profesional y personalmente, y no siempre un estudiante vago". El que fue defensor universitario hasta el año pasado se despidió de su cargo con esta llamada de atención, en la que denunciaba la rigidez de las normas de permanencia, vigentes aún hoy en la Universidad de Granada. La comisión que trata estos temas está cerrando un acuerdo para flexibilizar la situación, dar más oportunidades a los estudiantes antes de echarlos e incluir medidas que permitan apoyar a los que tienen peores perspectivas.

La Universidad de Granada cuenta con un gabinete psicopedagógico formado por un grupo de expertos que atienden a la comunidad universitaria que demanda sus servicios. En breve podrían aumentar su lista de tareas, pues la institución pretende establecer un mecanismo por el que los alumnos en riesgo de expulsión por su escaso rendimiento académico reciban ayuda de este gabinete. "La idea es que les hagan un diagnóstico de su situación y les ayuden con técnicas de estudio o lo que sea necesario en cada caso", explicó el coordinador de la Delegación General de Estudiantes, Jorge Contreras.

Actualmente, los alumnos de primer curso deben superar al menos el 20% de sus créditos del primer año (suelen ser dos asignaturas) para poder continuar sus estudios. Lo que ahora se propone es que los que comienzan aprobando solo una asignatura (6 créditos) reciban ese apoyo del gabinete psicopedagógico y ver su evolución. En los dos primeros cursos deberían haber superado al menos tres asignaturas para continuar. 

La Comisión de Permanencia, formada por representantes de los estudiantes, del profesorado y del equipo de gobierno, es la encargada de buscar un acuerdo para llevar a cabo un cambio en la normativa que regula la permanencia de los alumnos en la Universidad de Granada. Ahora hay una propuesta encima de la mesa que podría pasar en breve por la aprobación de los órganos de gobierno.

El cambio más esperado es el que afecta a las seis convocatorias de examen que los estudiantes tienen como máximo para sacar adelante una asignatura. Aunque esa cifra se mantendría, a partir de la entrada en vigor del cambio normativo, las convocatorias a las que los alumnos no se presentaran no contarían en ese cómputo fallido del mismo modo que si hubieran suspendido.

Actualmente, con la normativa aprobada en 2010, si un alumno no se presenta a un examen, en la Universidad de Granada se contabiliza esa convocatoria como una de las seis oportunidades (incluidas las de septiembre) para aprobar la asignatura antes de ser expulsado de sus estudios.

El Defensor Universitario contabilizó en 2014 casi 700 alumnos con la sexta convocatoria agotada, una cifra que se preveía fuera en aumento. Pero ante esta situación, el anterior gobierno rectoral tomó la decisión de aprobar una convocatoria de gracia, que se ha establecido de forma extraordinaria en los dos últimos cursos.

Si ahora se dejaran de tener en cuenta las convocatorias no presentadas, es previsible que los efectos negativos de esta normativa sean menos masivos e incluso dejara de ser necesaria la convocatoria de gracia.