Málaga Hoy

Las diez universidades públicas de Andalucía se volverán a apretar el cinturón este año. Los ajustes que se han aprobado en el presupuesto de 2013 alcanzan  en algunos casos hasta el 12% respecto al ejercicio que acaba de concluir. La reducción de las transferencias de capital, los límites impuestos al déficit y al endeudamiento y, salvo contadas excepciones, la caída de los ingresos por tasas justifican las cuentas.

En un contexto económico de evolución imprevisible y con los corsés económicos y legales aprobados por el Gobierno, las instituciones han cerrado unos presupuestos en los que admiten que tienen que hacer filigranas para mantener la calidad.  El significativo aumento de las tasas universitarias con el que el Ejecutivo central pretendía, en contra de la opinión de las universidades, hacer que los alumnos asumieran un porcentaje mayor del coste de sus estudios ha acabado siendo en la mayoría de los casos un fiasco. Ante el riesgo de suspender y asumir el gasto de una segunda matrícula, los estudiantes han preferido matricularse en menos créditos y, por tanto, la recaudación ha caído.

La Universidad de Málaga (UMA) determinó en su último consejo de gobierno en cuatro millones de euros los ingresos que deja de percibir por este hecho,  mientras que la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha tasado en un 18% el descenso de los créditos en primera matrícula, porcentaje que alcanza el 50% en la cuarta matrícula. La Universidad de Córdoba ha cotejado que los ingresos por tasas y precios públicos disminuyen en conjunto en un 2,5%. Y todo a pesar de que este curso hay más alumnos.

La Universidad de Sevilla es una de las excepciones en este panorama al estimar una subida del 6,6% en el capítulo tres, el referido entre otros ingresos a los procedentes de las tasas universitarias. Pese a todo, la Hispalense advierte que recibirá un 18% menos en transferencias corrientes. La Universidad de Córdoba sufrirá una caída del 8% en las transferencias de la Junta de Andalucía y del 16% en las del Gobierno central. Los costes de personal, tras la reducción de salarios aplicada por el Gobierno a los funcionarios públicos, el gasto corriente y las inversiones conforman los capítulos sobre los que recae esta nueva vuelta de tuerca, en una estrategia dirigida a proteger la docencia, la investigación y el empleo.

Por ejemplo, la Universidad de Sevilla ha comunicado que sus gastos corrientes, tras una serie de ajustes y renegociación de tarifas con los proveedores, disminuirán cerca de un 18%,  la Pablo de Olavide ha presupuestado un 35% menos en el apartado de material fungible y  otro porcentaje idéntico para el de protocolo.