Las universidades perderán 4.000 profesores en seis años

La tasa de reposición, que sólo permite convocar el 10% de las plazas que quedan vacantes, descapitaliza las instituciones académicas que se quedan sin los docentes e investigadores con más experiencia al tiempo que trunca la carrera académica del personal más joven · Ciencias de la salud es el área más perjudicada.

ENCARNA MALDONADO / ABRIL 2014
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“Las universidades se están descapitalizando. Se pierde el valor de la experiencia, del reconocimiento y del trabajo”, explica el vicerrector de Coordinación Universitaria de Málaga, José Ángel Narváez. El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, establecido para ajustar el déficit público español, sólo permite reponer al 10% de los funcionarios públicos que se jubilan o causan baja. Esta imposición significa que las universidades andaluzas perderán más de 4.000 investigadores y docentes en seis años, cifra que puede aproximarse a 7.000 si crece el número de jubilaciones voluntarias.

Pero el quebranto no es solo cuantitativo. También es cualitativo. La Universidad de Málaga, que en los últimos dos años ha registrado 85 jubilaciones, prevé otras 152 hasta 2020, entre ellas las de 75 catedráticos, que representan el 29% del total. La Universidad de Córdoba calcula que tendrá que prescindir del 20% de sus catedráticos en los próximos cinco años. La Universidad de Granada redujo por primera vez en 2013 su cifra de catedráticos que ha quedado fijada en 585 (24 menos que el ejercicio anterior). Mientras tanto, se cierra la puerta de entrada a los más jóvenes.

El colectivo que abandona la universidad es el que tiene más experiencia en las aulas pero también en los laboratorios. La mayoría, además, dirige grupos de investigación y tutela la actividad científica de los más jóvenes. El informe sobre el sistema universitario español indica que cerca del 80% de los catedráticos tiene al menos 18 años de actividad científica acreditada, mientras que en el escalón inmediatamente anterior (profesores titulares de universidad) el 26% no investiga y otro 26% sólo tiene certificados seis años.


El retiro forzoso tiene lugar en las universidades a los 70 años, si bien a partir de los 60 pueden acogerse a la jubilación voluntaria quienes superen los 35 años de actividad profesional, o a los 65 años aquellos que hayan alcanzado los 30 años de vida laboral. Si se tienen en cuenta los datos por edades del curso 2010/2011 (últimos datos disponibles del INE) para 2020 se habrán jubilado obligatoriamente 4.167 docentes universitarios, pero en conjunto serán 6.899 los que forzosa o voluntariamente están en disposición de retirarse antes de 2020. Es decir, las universidades podrían perder hasta el 36% de su capital humano en este tiempo.

La Universidad de Granada, por ejemplo, vio cómo en 2012 se jubilaban 63 profesores y otros 78 en 2013, de ellos 90 lo hicieron acogiéndose a la jubilación voluntaria, aunque se estima que una vez eliminados los incentivos a este retiro temprano esta cifra se podrá reducir.

Las limitaciones legales para sustituir a los profesores y catedráticos que se retiran afectan a todas las universidades, aunque tienen más incidencia en las históricas y en las que se crearon hace ahora 40 años (Málaga, Córdoba, Santander y la Autónoma de Madrid) porque los primeros docentes que llegaron a aquellas aulas son lo que se están jubilando ahora en bloque sin que sus puestos puedan ser ocupados. “Estamos sustituyendo a catedráticos y a investigadores con muchos años de actividad académica por personal interino”, apunta el vicerrector de Málaga José Ángel Narváez.

Las universidades más jóvenes no tienen tantas dificultades en ese sentido. Por ejemplo, la Universidad de Huelva sólo tiene previstas cuatro jubilaciones y en los últimos seis años ha registrado cuatro, mientras que la Pablo de Olavide ha contabilizado cuatro desde 2011 y sólo contempla 17 forzosas hasta 2019. Sin embargo, el hecho de que sus plantillas sean jóvenes no las exime del impacto derivado de la tasa de reposición porque “fractura el proceso de promoción”, subraya el vicerrector de Planificación Docente y Profesorado de la Universidad Pablo de Olavide, José Antonio Sánchez Medina.  “Al no poder convocar nuevas plazas el profesorado que es acreditado por la Agencia nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) ve truncada su carrera académica”.

Sánchez Medina lamenta que ese personal “que cumple con unos requisitos muy exigentes de investigación, docencia y gestión” se acabe quedando en el limbo académico. En la Pablo de Olavide en este momento hay 10 ayudantes doctores, acreditados como contratados doctores, esperando desde hace ocho años. “Están acreditados y no podemos convocar concurso de selección”, admite el vicerrector. Este mismo problema es el que sufren 70 doctores contratados que están acreditados como profesores titulares y 13 titulares acreditados a catedráticos. “La frustración generada en la plantilla por esta situación es enorme”, subraya.

Desde la situación de Jaén se advierte de las consecuencias de una medida que se incorporó con carácter transitorio en 2011, se renovó en 2012 y todavía se mantiene "sin considerar cuál era la la situación de partida de cada administración ni cuáles podían ser sus necesidades presentes o en un futuro inmediato". "La formación de un profesor o profesora de universidad no es una tarea que se pueda improvisar en un reducido plazo de tiempo", advierten desde el Vicerrectorado de Planificación de esta universidad, en la que el 0,7% de sus docentes tienen menos de 30 años dato que se relaciona con el impacto de la tasa de reposición. Además, insisten en que contar con recursos suficientes desde un punto de vista global no significa que sean suficientes en todas las áreas.

En las universidades históricas las restricciones a la incorporación de personal docente e investigador en las universidades afecta “a casi todas las áreas sin excepción”, matizan fuentes oficiales de la Universidad de Granada que, no obstante, subrayan el impacto en ciencias de la salud. El decano de la Facultad de Medicina de Sevilla, Juan Ramón Lacalle, hacía sonar en marzo la alarma cuando aludía a la pérdida de plazas en “especialidades que se pueden considerar más médicas”, entre las que señaló cirugía, pediatría o psiquiatría. Hasta ahora este problema se ha ido resolviendo gracias a la colaboración del Servicio Andaluz de Salud que “ha cedido algunas de sus plazas de reposición a profesionales de la medicina que enseñan en la Facultad de Sevilla a mismo tiempo que desempeñan alguna especialidad en el sistema hospitalario público”, pero “éste es un acuerdo provisional y no podemos estar tirando siempre de él. Hay que buscar una solución definitiva”.  
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