(De izda. a dcha.)  Pedro Mercado (Filosofía del Derecho), Inmaculada Ramos (Derecho Penal), Esteban Pérez (Derecho Penal) y Sofía Olarte (Derecho del Trabajo).

Abordar las situaciones similares a la esclavitud o servidumbre y aportar criterios jurídicos a un fenómeno cada vez más grave es el objetivo de un proyecto de investigación que lidera Inmaculada Ramos, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada (UGR). Se trata de un estudio sobre las formas contemporáneas de esclavitud, especialmente en aquellas modalidades que afectan a mujeres y niñas como la explotación sexual y laboral a través de la servidumbre doméstica y matrimonios forzados.

Este proyecto forma parte de una investigación más amplia liderada por Esteban Pérez Alonso bajo el título El derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud, en el que por primera vez en España una universidad estudia de forma multidisciplinar desde el punto de vista jurídico este fenómeno. Fruto de ese estudio se organizó un congreso internacional que propició la creación de una red iberoamericana de investigación sobre derechos humanos y formas contemporáneas de esclavitud integrada por 33 universidades, coordinada por Pérez Alonso. En ese sentido, el estudio de Inmaculada Ramos, desde la perspectiva de género, forma parte de este proyecto. Según Esteban Pérez, se trata de un fenómeno “invisible, que lo tenemos muy cerca pero que muchas veces no apreciamos las consecuencias que tiene por lo que es fundamental llamar la atención a la sociedad de su existencia”. Y es que “aquí hay mucha ceguera e hipocresía porque no queremos verlo”, destaca el coordinador del proyecto matriz.

Para analizar las formas contemporáneas de esclavitud en niñas y mujeres se ha creado un equipo interdisciplinar integrado por profesores de Derecho Internacional, Constitucional, Penal, Laboral y Civil tanto de la Universidad de Granada como de Barcelona y de la Rey Juan Carlos. Junto a ellos trabajan el magistrado de la jurisdicción social José Fernando Lousada, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, así como Romina Carla Lerucci, de nacionalidad argentina, integrante activa de una ONG que lucha contra el tráfico de personas.

Tal y como reconoce Inmaculada Ramos, el objetivo del proyecto es “caracterizar las situaciones de explotación de mujeres y niños para saber qué respuestas deben darse desde el ámbito jurídico en todas sus vertientes, que no queden amparadas en figuras del derecho civil o laboral que serían meros ilícitos”. En definitiva, diferenciar lo que puede ser un ilícito laboral de aquella situación en la que la persona no tiene ningún margen de decisión y está siendo explotada.

La profesora de la UGR reconoce que “en el derecho internacional esas situaciones están más o menos definidas, pero en el ordenamiento jurídico de cada país no hay una regulación precisa ni unos criterios uniformes que sirvan a los tribunales para saber distinguir qué situaciones se pueden catalogar como de esclavitud”.

Así, se trabajarán sobre los datos y cifras que dan organizaciones internacionales y ONG para determinar si la legislación vigente que tenemos da o no respuesta adecuada a estas situaciones desde el punto de vista del derecho penal y procesal así como la que da el Estado para proteger a las víctimas, algo que “es fundamental ya que si no se las protege es imposible conseguir su testimonio así como la detención y sanción de los autores de estas conductas”, señala Ramos.

El proyecto pretende hacer propuestas de modificación legislativas para que queden muy bien delimitadas estas situaciones que son gravísimas de lesión de los derechos humanos fundamentales de mujeres y niños, y tener previstas las medidas adecuadas para su prevención, sanción y protección de las víctimas.

Los distintos grupos de trabajo de este proyecto analizarán cifras, sentencias, qué respuesta está dando la jurisprudencia y el estudio del derecho español en comparación con el de otros países de nuestro entorno en esta materia. Asimismo, se llevará a cabo difusión científica en publicaciones pero también actividades de concienciación a la sociedad para que sea consciente que este fenómeno desgraciadamente existe y no se puede ignorar.

Además, el estudio se va a dar a conocer en un congreso internacional y se está estudiando una propuesta para acudir a San José de Costa Rica al amparo de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. El carácter internacional del proyecto hace que sus responsables están en permanente contacto con la relatora de Naciones Unidas para las formas contemporáneas de esclavitud que se ha prestado a colaborar. 

A nivel jurídico, en España el delito de trata de personas no se ha incorporado en el Código Penal hasta el año 2010. Lo que no está bien definido y las legislaciones tienen lagunas es cómo castigar las situaciones de esclavitud a la que se somete a las víctimas de trata de personas. A nivel internacional sí existen convenios que definen lo que es la esclavitud pero en el ámbito penal español no existen unos criterios uniformes y asentados que determinen cuando se está ante una mera situación de explotación laboral, donde las condiciones labores no se ajustan a los mínimos establecidos, y cuando se trata de un sometimiento a servidumbre o trabajos forzados. En ambos casos la respuesta penal, tal y como reconoce la responsable del estudio, “tiene que ser diferente y por ejemplo en España no existe un tipo penal que lo recoja y si se produce se castiga como si fuera una situación de explotación laboral cuando son dos fenómenos totalmente distintos”.

Se trata, en definitiva, de sacar a la luz situaciones relativamente nuevas debido a la globalización y el funcionamiento de las mafias y organizaciones criminales. Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea están poniendo el acento en la lucha de una manera coordinada contra este fenómeno porque las cifras son muy relevantes.

Para finalizar, Inmaculada Ramos, que trabaja junto a la profesora de Derecho del Trabajo de la UGR Sofía Olarte, resalta que “nos daríamos satisfechos si al final del proyecto logramos aportar unos criterios que sirvan para identificar y conceptualizar esta forma de esclavitud que afecta a mujeres y niños. Nuestro objetivo es hacer una propuesta normativa para que el Código Penal recoja esta figura de manera precisa, clara y fácilmente aplicable”. También es una meta “proporcionar un catálogo de medidas que el Estado debería adoptar para proteger a las víctimas tanto a nivel procesal como una vez terminado el juicio, con especial atención a los menores de edad y las víctimas que sean extranjeras”. Por último, “darle visibilidad a la existencia de este fenómeno para aplicar recursos a una situación que hoy por hoy es la forma más grave de vulneración de derechos fundamentales”, sería clave para las responsables de un proyecto que tiene por nombre Zonas grises de la esclavitud femenina: servicio doméstico, prostitución, matrimonios forzados y trabajo de niñas.