INVESTIGAR EN MÁLAGA

El gran hermano se humaniza

  • No vale grabar a transeúntes por la calle sin más · Primero entró en liza la legislación para regular la videovigilancia de espacios públicos, ahora también la ética · El grupo Proteus desarrolla herramientas que permiten crear sistemas personalizados que cumplen criterios legales pero también éticos y sociales · El proyecto, financiado por la UE con 3,5 millones, integra a investigadores de España, Bélgica y Francia.

Antonio Maña con los investigadores del grupo Proteus en las instalaciones del centro Ada Byron de la Universidad de Málaga. / JAVIER ALBIÑANA

Los hermanos Chérif abandonaron el centro de París el 8 de enero después de matar a 12 personas en Charlie Hebdo y huyeron hasta Dammartin-en-Goële, una localidad situada a más de 30 kilómetros al norte de la capital de Francia. Solo la cámara de seguridad de una gasolinera que asaltaron durante la fuga los registró. Esa es al menos la información que se ha hecho pública. ¿Qué ha sido de la red de videovigilancia que se comenzó a instalar en París en 2011controlada por un cuerpo policial de élite? Nada se sabe. La BBC daba cuenta a mediados de enero de la drástica caída del número de cámaras operativas en el Reino Unido, un país que llegó a destinar 120 millones de libras a mediados de los 90 para videovigilar sus núcleos urbanos. Los ayuntamientos ahora se ven incapaces de afrontar el mantenimiento.

Antonio Maña, investigador principal del grupo Proteus de la Universidad de Málaga, especializado en seguridad informática, reconoce que la videovigilancia arrancó con muchas reticencias derivadas de las dudas que planteaba frente al derecho a la intimidad y la privacidad. Después, sin embargo, despegó con mucha fuerza hasta que, por fin, la crisis económica ha lastrado estos sistemas hasta el punto de que no solo se instalan ahora menos equipos, sino que se sospecha que buena parte de las cámaras existentes en las vías urbanas no están operativas. “Su mantenimiento es caro y ante cualquier duda relacionada con la privacidad la solución ha sido desconectar”.

No obstante, la deriva de la videovigilancia no ha impedido que el sector avance e incorpore nuevos usos y técnicas como la biometría o sistema de reconocimiento a partir de las características a biológicas de un sujeto. Esta tecnología ha abierto las puertas a nuevos campos, más allá de la vigilancia y la seguridad. Ahora es posible, por ejemplo, seguir a un individuo -solo a través de su silueta, ni siquiera es necesario tener una imagen del rostro- para averiguar su comportamiento en un centro comercial, ver qué llama su atención, dónde se detiene a mirar o dónde a comprar, información que después se podrá utilizar en la estrategia comercial.

En cualquier caso, se trate de observar las costumbres de los consumidores, controlar el paso de pasajeros en un aeropuerto, el tráfico de vehículos o, simplemente, el tránsito humano en una calle el pulso entre los derechos individuales y el fin que se persigue existe. Los diferentes sistemas de videovigilancia se han ido haciendo por sentido común y a ojo de buen cubero, desde el momento en que el desarrollador no es un experto en derecho y el contratista -público o privado- tampoco suele serlo. Por eso, cuando ha surgido una duda, la solución ha sido apagar la cámara objeto de la duda. Más allá de los límites jurídicos no existen normas ni recomendaciones que tengan en cuenta otros criterios éticos o culturales.

La Comisión Europea financia el primer intento de crear una herramienta que por primera vez permita diseñar estos sistemas partiendo de estas premisas y con la ventaja de que se pueden adaptar a cada legislación, a cada cultura y colectivo.  Con un presupuesto de 3,5 millones de euros, el proyecto Privacy Preserving Infrastructure for Surveillance (Paris)integra a Proteus y a miembros del grupo Psicologia Social ante los Desafíos del Siglo XXI, ambos de la Universidad de Málaga, junto a tres universidades belgas (las dos católicas de Lovaina y la de Namur), el instituto nacional de investigación informática de Francia (Inria), el instituto austriaco de tecnología y las empresas Trialog, Visual Tools y Thales. El consorcio tiene la particularidad de agrupar no solo a informáticos, sino también a filósofos, psicólogos, sociólogos y juristas.

El equipo de Málaga que dirige Antonio Maña es el encargado de crear una herramienta que permita diseñar sistemas de videovigilancia y biometría que comprendan desde los aspectos meramente legales hasta criterios éticos o culturales, de modo que se alcance un programa en el que nadie pierda en el pulso entre derechos personales y vigilancia.

Ese armazón o herramienta que ve la luz en Málaga y sobre el que diseñará y personalizará por ejemplo el sistema de cámaras de una ciudad o de un centro comercial integrando los aspectos relacionados con la privacidad y la responsabilidad social, no solo proporciona al programador información sobre lo que puede y debe hacer, sino también soluciones. “Alternativas tanto para ajustarse a lo que es legal como para evitar lo que no es conveniente, aunque no sea ilegal”, subraya Francisco José Jaime, miembro del grupo Proteus.

Otro de los aspectos innovadores de la herramienta que diseña el grupo malagueño, con un presupuesto de 327.000 euros, es la trazabilidad. Pocas aplicaciones informáticas ofrecen la oportunidad de determinar dónde y cómo se producen los fallos de manera que permita, por ejemplo, establecer la responsabilidad.

El trabajo concluirá en diciembre de este año, después de tres años de trabajo, y casi al mismo tiempo que el proyecto europeo Cumulus en el que también participa Proteus junto a otros siete grupos de España, Italia, Reino Unido y Alemania. En este caso, el equipo malagueño trabaja en el desarrollo de un programa que certifique con garantías la seguridad del software en la nube (cloud). En este caso, el presupuesto asciende a 2,8 millones de euros porporcionados por la UE, de los que 387.000 euros sufragan el trabajo que realiza Proteus en la Universidad de Málaga. 

El proyecto Paris, por otra parte, ha sido una oportunidad excepcional para sentar en una mesa a informáticos, filósofos, psicólogos, sociólogos y juristas en un proyecto único. Antonio Maña, coincide con Francisco José Jaime y Marcos Arjona, también de Proteus, en resaltar las dificultades “sobre todo al principio” en la comunicación entre profesionales de perfiles tan dispares.

“Desconfianza”, resume Maña. La desconfianza presidía una relación en la que, por ejemplo, a los expertos en derecho les resultaba imposible que un mero programa informático pudiera tener capacidad para determinar qué se adapta o no a la ley, sobre todo cuando la ley es interpretable y esa función constituye la esencia de la actividad del jurista. “Costó hacer entender que el programa no interpreta, que simplemente si se introducen las diferentes interpretaciones que existen e indica si ante esas mismas circunstancias cumple o no”.

El equipo internacional es tan sui generis que la propia Comisión Europea sugirió a los investigadores que elaboraran un documento en el que se documentaran las particularidades de la relación y las soluciones que hallaban a las dificultades que se presentaban.

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