La Universidad de Huelva (UHU) ha firmado un convenio de colaboración con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, para realizar un trabajo de investigación sobre la función de la vivienda social y su trascendencia como un factor activo a la hora de lograr la integración de los sectores menos favorecidos de la sociedad.

El responsable del proyecto es el profesor titular de Trabajo Social y Servicio Sociales Octavio Vázquez. Señala que “el punto de partida del proyecto es considerar que la vivienda normalizada, para determinados colectivos sociales, no implica necesariamente un proceso de normalización y participación social”. Añade que “no basta con la concesión de una vivienda a grupos con dificultades importantes para acceder a las mismas de manera autónoma e independiente. Es necesario actuar para aprovechar la mejora habitacional como una oportunidad para la integración social”.

El objetivo, por lo tanto, es ambicioso. Muchos son los ejemplos de un mal enfoque de vivienda social con destino a los sectores menos favorables. No es un fenómeno andaluz ni español en exclusiva. Los errores se han cometido por doquier y han dado como resultado auténticos guetos en los que la participación y normalización sociales se ven cada vez más complicadas. Aunque se haya podido solucionar un problema acuciante, se han limitado enormemente las expectativas de promoción de las capas menos favorecidas de la sociedad.

El investigador de Huelva medita sobre ello. Comenta que “los problemas sociales y de ordenación urbana emergente, que han producido vecindades segregadas o conflictos urbanos, son preocupaciones comunes para las autoridades de los estados miembros de la UE”. Esta es la razón por la que el proyecto busca “abordar una perspectiva integral de la vivienda y su entorno, es decir, el hábitat en el contexto de la inclusión social y los servicios sociales”, así como “contribuir a una adecuación de las políticas de vivienda a la situación actual de desahucios o condiciones de vida inadecuadas, principalmente en barrios con déficit, relacionados con la dimensión territorial de la exclusión social”.

Para que la vivienda sea una solución y no la parte o causante de un problema, el proyecto quiere poner encima de la mesa el análisis de la intervención que realizan los servicios sociales andaluces de cara a las personas que, dentro de esos colectivos más necesitados, acceden a las promociones de viviendas protegidas de Andalucía.

Vázquez considera que su “equipo investigador no tiene constancia de la realización de modelos similares” al que se propone. El proyecto asume un enfoque multidimensional para abarcar todos los factores que “contribuyen a la integración social de las familias y concretamente de las que son inquilinas de viviendas sociales”. De este modo se presenta un modelo de diagnóstico y análisis que engloba aspectos sociológicos, demográficos, culturales, psicosociales o urbanísticos. Con todo ello se busca un patrón integrador que dé como resultado “una única base de datos que pueda ser usada en un programa software de análisis socioespacial”. Se quiere, por lo tanto, que los servicios sociales comunitarios dispongan de una herramienta de trabajo en red que puedan compartir con los profesionales de los servicios sectoriales como es el caso de la vivienda y la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA).

Octavio Vázquez recuerda que el proyecto de investigación encaja perfectamente con la consideración de la vivienda como servicio social de interés general, elemento que responde a las recomendaciones de la UE y que “supone un aspecto realmente nuevo tanto en la investigación como en la práctica de la intervención social. De hecho se puede decir que no hay literatura científica sobre este tema, ni sobre prácticas profesionales en relación a ella”.

Dentro del contexto normativo, el docente de la Onubense recuerda que el tema de la vivienda se encuentra en el Título III de la Constitución Española, lo que supone “una menor consideración del derecho a la vivienda en relación a otros deberes y derechos de los ciudadanos españoles”. Junto a ella, se encuentra el Estatuto de Autonomía de Andalucía en el que “el derecho a la vivienda forma parte de los derechos sociales, deberes y políticas públicas a los que acceden todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía”, con lo que se ha pretendido superar esa menor consideración que se encuentra en la Constitución.