El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, ha pedido este lunes a la Fiscalía Anticorrupción que retire la acusación contra varios ex altos cargos por el delito de malversación de caudales públicos, al considerar que ésta sería una salida para el Ministerio Fiscal si entiende que en este juicio no se pueden enjuiciar las ayudas individuales que se instruyen en otras pizas separadas de la macrocausa de los ERE.

El letrado ha pedido al fiscal que retire esta acusación y no siga “retorciendo” los hechos al pedir al tribunal que realice una nueva delimitación del objeto del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha.

Del Hoyo ha recordado las resoluciones de la Sección Séptima en las que han apartado a varios ex altos cargos en aplicación del principio legal non bis in ídem y ha subrayado el “afán globalizador” del juicio por el procedimiento específico, al tiempo que se ha referido al último auto del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que ha excluido a los seis altos cargos de las ayudas de la Faja Pirítica para decir que el juzgado “sigue sin fisuras” la postura de la Audiencia de Sevilla.

El letrado ha recordado que la Fiscalía “consintió y coadyuvó” a la firmeza del auto de procedimiento abreviado, acusó por una supuesta malversación por 741 millones de euros –el total de las ayudas de las que siguen en la actualidad disfrutando más de 6.000 trabajadores- y cuando la Sección Séptima comenzó a apartar a los ex altos cargos “se aquietó” y no promovió un incidente de nulidad y a continuación acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional, como sí ha hecho la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía, y haber pedido la suspensión de este juicio hasta que el Alto Tribunal resolviera la cuestión. “Lo que pide el fiscal es fruto directo de sus propias decisiones” y lo que pretende es que la delimitación sea la del auto inicial de división de las piezas y no el del procedimiento abreviado. Y también ha criticado que pretenda que en este juicio haya una especie de “prueba abierta” para que en el “futuro e indefinidamente” se vayan incorporando las pruebas de las 170 ayudas cuyas piezas separadas ni siquiera aún han sido incoadas.

Por su parte, Pablo Jiménez de Parga, abogado del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, se ha adherido a la réplica de las defensas y ha mostrado su extrañeza porque en este juicio no haya seguridad jurídica en relación con el material probatorio, después de que la Fiscalía denunciara que el pendrive entregado a las partes con la documentación de la causa está incompleto.

El abogado José María Mohedano, que representa al ex presidente José Antonio Griñán, también se ha adherido a las réplicas de sus compañeros de bancada, y ha afirmado que no es que la Fiscalía haya solicitado algo al tribunal para lo que no es competente, “sino que si la Sala hiciera lo que le pide el fiscal, contaminaría absolutamente todo el proceso y sus decisiones”.

Mohedano ha considerado igualmente que, en relación al diseño de la macrocausa y su división en piezas separadas, el fiscal es “partícipe absoluto, el que tomó la iniciativa con poco éxito al principio” y así ha recordado que en 2014 y 2015 ya habló de la conveniencia de dividir la macrocausa y en un escrito de junio de 2015 ya le dijo a la instructora, entonces María Núñez Bolaños, cuáles eran las piezas que deberían abrirse en primer lugar, y la juez “a pie juntillas” divide la causa en la forma en la que expuso el Ministerio Público.

Y ahora, ha proseguido Mohedano, el fiscal “se inventa un nuevo derecho procesal” y no dice qué nulidades se han producido cuando en su primera opción habla de devolver la causa a la fase de instrucción, dado que no habla de artículos de la ley orgánica del Poder Judicial que se han podido vulnerar.

Las defensas de otros tantos ex altos cargos han mostrado su adhesión a las peticiones de los otros letrados. Así, el letrado Manuel Salinero, que defiende a una ex secretaria general técnica, ha dicho que de lo que se está hablando es “de crear un procedimiento específico para juzgar el procedimiento específico” y ha subrayado que las acusaciones han renunciado a la responsabilidad civil “porque la Junta se ha reservado las acciones civiles, no porque no se siguiera acusando” por el delito de malversación.

El abogado Adolfo Cuéllar ha considerado que este caso supone una “situación insólita en el derecho procesal español” porque el fiscal acaba de indicar que “no sabe de lo que acusa” y por ello el defensor llega a preguntarse “¿en qué situación se encuentran las defensas?”.

Cuéllar ha opinado que el principio de seguridad jurídica en estas actuaciones está “quedando por los suelos” ante la petición de incluir el resto de las ayudas en este juicio.

"El fiscal quiere tener más oportunidades que el Platanito"

Más allá incluso ha ido el abogado Manuel Pérez Cuajares, que representa al ex director de Trabajo Juan Márquez, ha afirmado que el objeto de este juicio “está delimitado” y lo que pretende el fiscal es “según vaya o no vaya, tener la oportunidad de juzgar por las 270 piezas”, por lo que ha recurrido a un símil taurino: “El fiscal quiere tener más oportunidades que el Platanito”, quien, a pesar de ser un torero muy malo, conseguía vender entradas que la gente pagaba para mofarse de él.

El letrado Juan Carlos Alférez, que defiende a un ex director general de la agencia IDEA, ha manifestado que el fiscal “confeccionó su propio modelo acusatorio y de pruebas”, pensando que podría “acusar aquí y allí”. Alférez ha insistido en que las reglas del juego “no se han cambiado, son las mismas, cosa distinta es errar en la estrategia” y para “corregir el error, propiciar un afán acusatorio desmedido”.

El defensor ha señalado que con el diseño que promueve la Fiscalía Anticorrupción su cliente tendría que someterse “a este juicio y a 124 juicios más”, algo que ha definido como una “situación de calvario y tortura procesal que va a acabar con su vida”. El letrado ha preguntado a la Fiscalía “¿Por qué no se conforman con este proceso en el que están pidiendo ocho años y diez el PP? ¡Señorías no consientan que nuestros defendidos pasen por este calvario procesal!”, ha implorado el letrado.

El abogado Miguel Delgado también ha acudido a un símil al afirmar que el fiscal pretende un “salto mortal triple, con vuelta atrás y tirabuzón”, en relación con la petición al tribunal de aclaración del objeto del proceso.

José Manuel Herrera, que defiende al ex consejero de Empleo José Antonio Viera, se ha referido igualmente a que su cliente ha sido “doblemente procesado por una misma conducta”.