Nuevos parámetros para mejorar los modelos de financiación de las universidades públicas: Una reflexión

Andrés Galera Navarro

Catedrático de Economía Financiera

Gerente de la Universidad de Granada

Durante los últimos años, las demandas de la ciudadanía, las reformas legales y la opinión pública, vienen reclamando a las universidades un mejor desempeño en sus resultados junto con un mayor aprovechamiento de sus recursos financieros, humanos y materiales. Sin embargo, la configuración y estructura de los actuales modelos de financiación no siempre representan instrumentos adecuados para contribuir al logro de estos objetivos, sobre todo porque entre la viabilidad de los servicios de educación superior y su sostenibilidad cada vez hay más distancia.

Así, el entorno social y económico requiere que la financiación a los sistemas universitarios que realizan los gobiernos de las comunidades autónomas sea formalizada en modelos que, además de garantizar la transparencia en la asignación de recursos, contribuyan a la eficiencia en la prestación del servicio público de educación superior así como a la factibilidad económica de los buenos niveles de calidad que los usuarios demandan.

A tal fin, desde mi punto de vista, resulta imprescindible el diseño de nuevos modelos de financiación que incorporen, al menos, dos nuevas perspectivas, como son la inclusión de variables que representen más significativamente las necesidades de financiación reales y, por otra parte, el establecimiento de mecanismos para incentivar las buenas prácticas de gestión financiera en los equipos de gobiernos de las universidades públicas.

En cuanto a las variables, la heterogeneidad existente entre universidades públicas pertenecientes a una misma comunidad autónoma aconseja que el modelo de financiación compute algunos parámetros expresivos, lo más objetivamente posible, de las necesidades derivadas del consumo de recursos, entre las que se incluyen la edad media de las plantillas de PDI y PAS, la antigüedad de los bienes inmuebles afectos a las actividades de docencia e investigación, los metros cuadrados empleados en la prestación de servicios y la dispersión geográfica entre los campus de una misma universidad.

Respecto a los incentivos para las buenas prácticas de gestión financiera, considerando los actuales imperativos legales en materia de objetivos de deuda y de déficit, la conexión entre el cumplimiento de estos objetivos y el volumen de financiación a distribuir en el modelo de financiación, podría representar una motivación para que los equipos de gobierno de las universidades fortalecieran su compromiso con el uso eficiente de los recursos, facilitando así la toma de decisiones, tanto aquellas con una proyección temporal en el corto plazo como aquellas otras cuyos efectos alcanzan el largo plazo. Paralelamente, la incorporación al modelo de financiación de indicadores de desempeño. como el porcentaje de egresados con buen índice de inserción laboral o el periodo medio para finalizar los estudios, podrían contribuir en este mismo sentido.

En definitiva, la incorporación a un nuevo modelo de financiación de estas dos iniciativas podría favorecer, no solo la mejora de la eficiencia, sino también la implantación de medidas para preservar y mejorar lo que, según se mire, puede ser un problema o bien una oportunidad de mejora: la sostenibilidad financiera de las universidades públicas.

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