José Carlos Gómez Villamandos

Rector de la Universidad de Córdoba

No hay sociedad desarrollada en la actualidad que no tenga un sistema universitario fuerte y vinculado al desarrollo de ejes estratégicos de la política de dicha sociedad. Sin embargo, ha sido habitual incluir la universidad en un debate cortoplacista, muy desenfocado, y sometido a los vaivenes de la política educativa sobre la que nunca ha habido un pacto suficientemente estable a nivel de Estado. Los defectos del sistema, que como cualquier otro los tiene, esconden a veces que somos uno de los colectivos más evaluados y en mayor detalle. Y todo ello sin sufrir el desgaste en la valoración pública con motivo de la crisis.

España se mantiene entre los diez países con mayor y mejor productividad científica, a pesar de que se nos afea no tener universidades entre las primeras posiciones de determinados rankings. Si existieran rankings de inversión en universidades, muchos de los que hacen estas valoraciones se sonrojarían al ver en qué condiciones se mantienen estos niveles de productividad, en comparación con los países con los que queremos competir.

En la universidad se desarrolla la educación superior, y donde dicha educación está conectada a la I+D+I y la transferencia tecnológica y de conocimiento a la sociedad que le es propia. Por ello, si en España queremos superar la expectativa de tener en Europa el rol de un país fundamentalmente de servicios, el cambio de modelo productivo debe dejar de ser ya un discurso, para convertirse en una apuesta. La innovación y la tecnología, el estudio y la investigación, suponen patentes y creación de valor añadido, única vía para el crecimiento sostenible y no circunstancial de nuestra sociedad. Propiciar un mercado de trabajo con perfiles cualificados, y no despilfarrar la formación de nuestros egresados. Dejar de ser un país con tan alta dependencia energética, convertirnos en una potencia agroalimentaria a la altura de nuestra potencialidad, convertir nuestro valor patrimonial en un bien cultural capaz de generar desarrollo, mejorar la gestión de nuestros recursos naturales, y ser un país destacado en materia de biodiversidad, biomedicina o biotecnología, son sólo algunos de los muchos ejemplos de materias en la que a día de hoy estamos preparados para ser competitivos al más alto nivel.

No sobran universitarios. Aún no llegamos al nivel medio de la Unión Europea, y la Formación Profesional, a la que se debe igualmente reforzar, también es un ámbito en el que la universidad podría aportar un gran valor. En la universidad se encuentran los máximos especialistas de cualquier materia de interés. Y los que están en el sector privado, provienen de la universidad. Comparar los estímulos, carrera profesional o los salarios de nuestros universitarios con los del entorno de los países más desarrollados demuestra que es imposible exprimir más el sistema sin un lógico estímulo en su financiación. El sistema universitario nunca ha tenido el menor reparo a una rendición de cuentas acorde a las exigencias. Pero exigir sin aportar recursos ha llegado al límite.

Un aspecto clave para alcanzar estos objetivos es la autonomía universitaria. Si queremos tener universidades excelentes y competitivas, deben poder apostar por sus fortalezas, por su carácter diferencial en cada caso. Poder apostar, especialmente en su política de personal, por atraer los mejores docentes e investigadores en materias clave. Es lógico respetar unas reglas económicas y cuantas reglas nos correspondan en un marco legal responsable. Pero no lo es que respetándolas no se pueda apostar por el valor específico que nos haría dar un salto de calidad definitivo. Y la financiación debe mejorar el porcentaje de PIB dedicado a educación, ciencia y tecnología.

Si un Estado quiere hacer política y estrategias de futuro, debe garantizar la formación superior y la I+D+i a través de su sistema público. Las universidades públicas existen para el progreso de la sociedad y el desarrollo económico.

El futuro, definitivamente, pasa por las universidades.