Vicente C. Guzmán Fluja

Rector de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Tras un año como Rector de la Universidad Pablo de Olavide, no cabe ocultar que ha sido un año difícil para las universidades públicas que, junto a sus problemas particulares, han afrontado una dura batalla en varios frentes generales, económico, político, mediático, que han socavado el buen nombre y la capacidad de acción del sistema público de educación superior. Esto me ha permitido aprender y reflexionar sobre la mejor manera de reformar el sistema universitario, de encontrar la vía de salida más correcta desde la encrucijada en la que se encuentra, situación en la que también tenemos nuestra parte de responsabilidad.

Las universidades tienen una de las llaves esenciales para la salida de las crisis, no sólo económica: la capacidad de creación (innovación) y transmisión (transferencia) de conocimiento, con la que pueden y deben contribuir a poner las bases del nuevo (y muy distinto) escenario económico, político, social, ético que surgirá tras este período de crisis. No podemos aplazar más el cumplir con la misión anterior y proporcionar sólidas bases para la construcción de una sociedad diferente y más justa a la que aspiramos superadas las actuales crisis.

Como receptoras de fondos públicos que somos, no nos da ningún miedo la exigencia de responsabilidades ni la rendición de cuentas, y queremos ser ejemplo de ello. Y, desde luego hay un margen de mejora para el sistema universitario español, así como determinadas prácticas que deben ser erradicadas, pero sin olvidar que las universidades públicas españolas han avanzado mucho, en docencia e investigación, en los últimos treinta años, siendo un referente en la garantía de la igualdad de oportunidades. Las soluciones dialogadas y consensuadas dan más y mejor resultado que las establecidas de forma unilateral.

Por ello, desde aquí reclamo apertura de miras, de todos, para diagnosticar los problemas y encontrar las soluciones adecuadas. Hasta ahora, ni el diagnóstico ni las soluciones han obedecido al diálogo y la cooperación, y así se ha errado en buena parte en lo primero a la vez que han resultado inadecuadas y perjudiciales en lo segundo. A continuación señalaré tres bloques de cuestiones que entiendo prioritarias para salir de la encrucijada por el buen camino.

Primero, debemos potenciar el trabajo conjunto de las universidades, seremos más fuertes haciendo equipo que de forma individual. La autonomía universitaria, base de ese trabajo en equipo, se debería ejercer dentro de un marco, que deberían propiciar las administraciones públicas competentes, que prime la especialización docente e investigadora (no es bueno que todas las universidades hagan o traten de hacer lo mismo), con flexibilidad para realizar ofertas docentes e investigadoras que respondan a las necesidades de la sociedad, de las personas y del mercado, que permitan a los estudiantes diferenciarse incluso dentro de las mismas titulaciones de grado y de posgrado, o dentro de la misma actividad investigadora. Así, pues, creo fundamental diferenciarse y cooperar para ser más fuertes.

Segundo, y a la vista de lo anterior, se debe establecer un sistema estable que garantice a las universidades públicas cuando menos una financiación suficiente. Esto significa que las administraciones públicas competentes deben tomar decisiones importantes sobre el modelo de financiación que aúne la existencia de componentes lineales, de componentes vinculados al cumplimiento de objetivos con exigencia de calidad (con mayor peso que hasta ahora), y de componentes que provengan de otros actores del sector público y, sobre todo, del sector privado (para cuyo incentivo debería regularse una auténtica ley de mecenazgo).

Tercero, no puede continuar el progresivo proceso de descapitalización humana en docentes, investigadores, gestores y estudiantes. Es más necesario que nunca un diálogo abierto y sincero que permita encontrar soluciones más justas e idóneas que las adoptadas por el gobierno central (tasa de reposición de efectivos, incremento de tasas, cambio del sistema de becas, por ejemplo) y que ponen en riesgo la garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios y la calidad mínima necesaria en docencia, investigación y gestión administrativa que permita a la Universidad tanto afrontar necesarios procesos de mejora como crear y transmitir conocimiento verdaderamente transformador de las personas y de los entornos.