Antonio Ramírez de Arellano

Rector Universidad de Sevilla

Como el resto de la sociedad, las Universidades Públicas de Andalucía nos enfrentamos actualmente a una situación de dificultades económicas y de cambios generacionales y estructurales; por otro lado en nada extraños al mundo académico. Desde determinados ámbitos se pretende aprovechar esta combinación de circunstancias para cuestionar en su conjunto nuestro modelo de universidad pública, poniendo en riesgo un trabajo que se extiende con éxito a lo largo de más de tres décadas.

El modelo de universidad pública, como componente superior del sistema educativo por un lado y como parte esencial del sistema de I+D+I por otro, refleja un modelo determinado de sociedad que garantiza la igualdad de oportunidades. Pero es también un modelo sustentado sobre la autonomía universitaria, derecho institucional fundamental que consagra nuestra Constitución.

La autonomía universitaria ha permitido desarrollar un sistema de educación superior cercano y abierto que, lejos de ser una debilidad de nuestro país, es una de sus fortalezas. Un sistema que en Andalucía adquiere también valor como herramienta de articulación social y territorial. Pero hay determinados sectores, políticos y económicos, interesados en debilitarla, en una clara vuelta atrás; en un retorno a los tiempos en los que la universidad era una extensión más del poder político, sujeto a sus vaivenes.

Se debe entender la autonomía Universitaria, y así debe ser ejercida, no como un privilegio corporativo, sino como una auténtica responsabilidad de defensa y protección de una sociedad más libre, culta y desarrollada. La autonomía universitaria, como ha subrayado el prestigioso jurista Ángel López durante la Apertura Oficial de Curso en la Universidad de Sevilla, no significa independencia de los poderes públicos ni ausencia de control democrático.

Pero —está claro— que tampoco supone subordinación a los intereses coyunturales políticos o empresariales. La autonomía es un derecho y un valor constitucional que protege las libertades de enseñanza, de estudio y de investigación. Del mismo modo, la autonomía universitaria no significa que nos alejemos de las aspiraciones ciudadanas y no sirvamos al proyecto general de país y a las necesidades del sector productivo. Como ha dicho el profesor López López, “el saber universitario de ninguna manera puede prescindir como elemento de su legitimación el ser útil a la sociedad”.

A pesar de la obsesión que por el asunto algunos manifiestan, la cuestión va mucho más allá de la forma de designar a los cargos académico, muy especialmente al rector. Las propias normas establecen el conjunto de decisiones que caen en el ámbito de la autonomía universitaria, y todas comparten su profundo contenido académico. Por ello, más que en un simple balance de votos, las decisiones deben estar presididas por la razón, el debate y la justificación.

En definitiva, la autonomía no es un objetivo en sí misma, sino una condición básica para el éxito y la excelencia de la Universidad. El periodo de mayor florecimiento y eficacia de las universidades en España y en Europa coincide siempre con el periodo de mayor autogobierno, respondiendo a una larga reivindicación que se inició con el nacimiento mismo de la universidad moderna.

Según el último estudio sobre la autonomía universitaria en Europa, realizado por la Asociación Europea de Universidades (EUA) —organización que agrupa a 34 países—, España no destaca precisamente por el grado de autonomía universitaria. Ocupamos el puesto 16 en autonomía académica, el 18 en autonomía financiera, el 20 en autonomía organizativa; y bajamos hasta al 26 en la gestión de personal. Reino Unido, Dinamarca y Finlandia lideran este ranking. Lo curioso, sin embargo, es que seamos el décimo país de la Unión Europea con las tasas universitarias más elevadas.

Pero la receta que nos están ofreciendo para lograr que la Universidad española sea más competitiva y excelente se aleja de las fórmulas de éxito en nuestro continente. Consiste en subida de tasas, bajada de becas, recorte de autonomía, parálisis investigadora, financiación debilitada y extremas limitaciones para la contratación de personal. Cabe dudar seriamente sobre si se está abordando la actual situación con la visión de un modelo realmente completo y, también, sobre si los gobiernos perciben el daño irreparable que ocasionan.