TRIBUNA

El presente de la Universidad

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Francisco González Lodeiro

Rector de la Universidad de Granada

Resulta bien conocido que las universidades viven lejos de “los buenos tiempos” y cómo, de modo incesante, recaban de las instituciones los apoyos que esperan y desean para el mantenimiento de su esencial funcionamiento. Lo hacen así para defender la apuesta común por una universidad comprometida con el desarrollo de nuestro territorio, asumiendo cada cual su responsabilidad de futuro que, en nuestro caso, toca al decidido empuje del progreso.

El presente es duro, requiere alzar la voz para luchar por los objetivos del quehacer universitario porque necesitamos de la ayuda prometida a unas universidades de mostrada capacidad, austeras y eficaces, capaces, por el riguroso trabajo de sus mujeres y hombres, de mantener su competitividad para ofrecer la patente calidad de sus servicios a la sociedad.

Los actuales momentos son de especial dificultad y en ellos se vive el drama de una crisis que exige a todas las instituciones el asumir plenamente su responsabilidad social. Al responder a ese reto, las universidades públicas desempeñan el papel esencial e indispensable para la construcción de una comunidad capaz de crear futuro, en la que el conocimiento se preste al bienestar de la población, auspicie la solidaridad y contribuya al progreso basado en la práctica de una economía ética, que no especulativa.

Hasta hoy hemos impulsado la mejora de la sociedad, por lo que no resulta válido desmontar el modelo preexistente con la excusa de su “mal funcionamiento”, reglamentando así con nueva norma y sobre la sempiterna invalidación de lo anterior; destruyendo lo hecho según lo que diría Miguel de Unamuno, en referencia a la maraña legislativa decimonónica, en un “tejer y destejer” lo que tanto tiempo y esfuerzo nos costó alcanzar.

No podemos volver atrás salvo para reflexionar sobre el pasado para así construir un mejor futuro. Y no deja de ser interesante, desde la propia experiencia, lo que ya se decía, en 1845, en el preámbulo del Plan Pidal sobre los problemas que padecía el sistema universitario español y donde se argumentaba sobre la importancia del conocimiento como motor de desarrollo del país y el decisivo papel de las universidades para tal objetivo. Así, es ilustrativo recordar el párrafo que dice: “la enseñanza de la juventud no es una mercancía que pueda dejarse entregada a la codicia de los especuladores, no debe equiparase a las demás industrias en que domina solo el interés privado. Hay en la educación un interés social del que es guarda el gobierno, obligado a velar por él cuando pueda ser gravemente comprometido”.

Por tanto, la “necesidad” y “prisa” no pueden explicar la tala de un modelo válido aunque necesitado de apoyo para su mejora, para que luego, ya sobre el árbol caído, tratar de encontrar los argumentos que justifiquen la actuación. Hoy, persiguiendo “nuestros problemas”, resulta en exceso gratuito y un derroche de palabra y tinta hablar de la supuesta “mala universidad”, que es tachada de ineficaz, de cara e inútil, sin reparar, al opinar y escribir, en el daño que se le causa a nuestro prestigio que, al fin y al cabo, es colectivo, pues a toda la sociedad concierne la imagen y defensa de la mejor enseñanza.

En la universidad, como en el país, existen problemas, estaríamos ciegos si no lo reconociésemos. Pero somos universitarios, y con la capacidad que tenemos, como también con la confianza que la sociedad deposita en nosotros, nuestra obligación es la de buscar salidas mediante el análisis detenido de los males que puedan darse en ella, que no se ignoran, para trabajar en pos de la solución.

La contribución universitaria a la salida de la crisis debe partir del papel que está llamado a desempeñar nuestra institución: ésta ha sido siempre motor del cambio y agente de transformación social. La universidad “real”, la conectada con su tiempo, es la que hace oír su voz sobre los temas que ocupan y preocupan a los hombres y mujeres del siglo XXI, la que debe militar en la promoción de la justicia, la cohesión social y el desarrollo sostenible: por misión, por deber, y por su propia responsabilidad social.

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