Jose Manuel Roldán Nogales

Rector de la Universidad de Córdoba

Sin duda durante los próximos meses  la actualidad universitaria será noticia frecuentemente en los medios de comunicación. A lo largo de 2012 lo ha sido más por los desencuentros con las administraciones y por las consecuencias de la aplicación de las normativas que se han ido generando que por la normal actividad de la institución que, pese a todo, también nos ha deparado algunas satisfacciones. Sin embargo 2013 nos anuncia planteamientos de profundos cambios tanto en estos campos, absolutamente esenciales, como en los relativos al régimen y contratación del profesorado y la propia estructura y gobernanza de la Universidad.

Contrariamente a lo que se afirma o desde determinadas instancias se intenta hacer creer,  a la Universidad no le asustan los cambios en estas áreas, ni es reticente a ellos. Al contrario,  muchos universitarios  pensamos  que las situaciones de crisis son magníficas oportunidades para evolucionar y mejorar en muchos aspectos. Y que la Universidad, como toda realización humana, es perfectible y debe ir cambiando conforme a los tiempos y a las exigencias de la sociedad. Así lo ha ido haciendo a lo largo de los siglos. Lo que nos preocupa es el camino y el procedimiento que se está siguiendo para ello. Y sobre todo muchos de los argumentos  que se esgrimen para esos cambios.

 También las expectativas  levantadas por  el documento que actualmente elabora la Comisión  de expertos nombrada por el ministro Wert hacen que las universidades  estén ralentizando sus iniciativas  a la hora de abordar una serie de cuestiones apremiantes so pena de tener que deshacer lo andado  en función de los planteamientos que del dictamen  se deriven.

Llegados a este punto parece necesario seguir insistiendo en la necesidad de no avivar aún más las controversias generadas durante  los últimos meses en un ámbito sobre el que debería buscarse un amplio consenso político y ciudadano a través del que articular unas estructuras universitarias estables. No sólo porque éstas son indispensables en la construcción de cualquier proyecto de sociedad sino porque,  en una situación como la actual, son también determinantes a la hora de potenciar esa sociedad del conocimiento a través de la cual salir de la actual crisis construyendo nuevos marcos de referencia sociales y económicos.

Por lo que respecta a la Universidad y a cuanto esta institución supone en materia de formación, de investigación, de motor de desarrollo, de foro de opiniones críticas, la referida gama de desencuentros con el Gobierno y las Administraciones no ha dejado de crecer desde el pasado mes de mayo. Como no ha dejado de propiciarse una visión catastrofista  de la Institución sobre la que se han querido sustentar distintas medidas e iniciativas.

 Las consecuencias no se han hecho esperar, como por ejemplo el desconcierto creado entre los alumnos y sus familias a consecuencia de la subida de las tasas al carecer del tiempo necesario para adaptarse a la nueva situación. Y todavía serán mucho más graves las que se derivarán de los recortes en I+D+I , que no sólo retrotraerán  nuestro país  a muchos años atrás  sino que lo devolverán también a situaciones de dependencia tecnológica ( y por tanto económica), dificultarán la salida de la crisis y, sobre todo , mermarán sus posibilidades de avanzar conjuntamente con los países más desarrollados entre los que, con mucho esfuerzo y siempre -aún en los momentos de mayor bonanza económica- con recursos muy por debajo de la media europea había logrado situarse.

 Si la Universidad no investiga no solo no realiza una de sus labores esenciales sino que priva al país de uno de sus principales motores de desarrollo, de progreso y de bienestar. Si no hay financiación  se investiga menos y se pierde potencialidad a la hora de competir por los recursos, también se transfiere menor capacidad de innovación y avance al sector productivo. Con menos recursos tampoco se puede disponer de personal y los mejores científicos se sentirán tentados por ofertas más atractivas. En definitiva todo el sistema irá haciéndose más endeble y muchos grupos pueden desaparecer. Es preciso señalar  también que las universidades no disponen de herramientas propias para financiar su investigación salvo las que detraigan de sus propios presupuestos y que dependen de transferencias, convocatorias, concursos, convenios, etc…

 No es preciso reproducir aquí lo que unánimemente, a través de toda clase de comunicados, han reivindicado  todas las instancias científicas e investigadoras de España junto a decenas de premios Nobel y ha quedado meridianamente patente en la discusión sobre los presupuestos europeos y últimamente en las calles de toda España. Los rectores siempre hemos defendido el diálogo y los acuerdos porque entendemos que ese es el terreno en el que los universitarios  y los gobernantes deben dirimir sus problemas. Pero también comprendemos  que la paciencia de los afectados se agote cuando aquél  no solo no se produce, sino cuando el propio discurso de la Administración es contradictorio. Es preciso recordar que, pese a todos los  pretendidos defectos que desde varias instancias se achacan gratuitamente a la Universidad española, nuestro país ocupa el noveno lugar del mundo en producción científica que en más de sus dos terceras partes se  genera en las universidades públicas. Y que desde muy diversos países se reclaman titulados españoles en Ingeniería, Medicina,  Enfermería y muchos otros campos. No  debe haberse gestionado tan negativamente cuando  contemplamos los recursos con que se ha contado para ello : el 1,07 del PIB cuando la media de la UE está en el 1,2, lo que relega a nuestro país a los lugares de cola por este concepto.

 Hemos llegado así  en las universidades a una situ

ación de supervivencia y casi a una economía de guerra que sigue agravándose por las dificultades de liquidez en las transferencias autonómicas, por  las situaciones derivadas de las medidas adoptadas que han generado nuevas dificultades económicas y  por los recortes en presupuestos y  partidas. Pese a ello las universidades andaluzas  estamos siendo solidarias, profundizando en las medidas de ahorro y optimizando recursos. Pero es  preciso ser conscientes de la insostenibilidad de esta situación. De aquí  las continuas llamadas de atención que han venido intensificándose durante los últimos meses a quienes no se cansan de decir que la solución a los problemas está en más formación, más investigación y más innovación… Pero hacen todo lo contrario a la hora de propiciar cuanto predican..

A  todos debe interesarnos,  como ciudadanos, procurar la mejor utilización de los recursos que aportamos al erario público, especialmente en tiempos de crisis en los que son escasos y en los que es preciso usarlos con rigor, solidaridad y atendiendo a la realidad social, pero sobre todo  mirando hacia el futuro de España  y el bienestar de las personas. Ello supone un importante ejercicio de responsabilidad y el desarrollo de una política de Estado que los  ciudadanos echan en falta desde hace ya bastantes años. Es hora pues de consensuar acciones y prioridades sobre los que construir juntos  esa Universidad  y articularla dentro un siglo XXI  que está evolucionando de forma difícil y compleja y que no sólo nos está reclamando generar conocimientos con los que abordar los problemas sino también cambios en la manera de aplicarlos a nuestras actuales concepciones de la vida y de la sociedad.