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El TSJC bloquea el plan para facilitar el voto telemático

  • La magistrada que investiga el 1-O requiere que se detecten los puntos de sufragio electrónico en los colegios

Mensaje que aparece en la  web alternativa de Crida per la Democràcia de Òmnium Cultural

Mensaje que aparece en la web alternativa de Crida per la Democràcia de Òmnium Cultural

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat que suspenda los servicios informáticos que ha activado dentro de un plan para facilitar el voto telemático en la jornada del referéndum del 1-O, que se iba a materializar con una aplicación llamada Evot.

En un auto, la magistrada Mercedes Armas, que dirige la investigación al Gobierno catalán por el 1-O, ha requerido al Centro de Seguridad y de la Información de Cataluña (Cesicat) que adopte las medidas necesarias para la "detección de puntos de votación electrónica en los diferentes colegios electorales definidos por la organización del referéndum".

La magistrada tomó esta decisión tras recibir ayer mismo un atestado de la Guardia Civil que, en el marco de la investigación secreta sobre el 1-O abierta por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, detectó que la Generalitat "tendría establecido un plan por el que, a través de una aplicación conocida como evot se podrían contabilizar los votos en los colegios electorales y podría ser empleada para ejercitar el voto telemático".

Este plan le fue incautado, según detalla la juez, al jefe de riesgos del Cesicat, responsable del desarrollo informático de la aplicación evot. El plan también incluye un sistema para el recuento o escrutinio de los votos de la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional.

La plataforma que se iba a usar para ejercer el voto era la red Macro Land de la Generalitat, según la magistrada, quien explica que en el registro al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI), llevado a cabo el pasado 20 de septiembre, se accedió a información del centro de Procesamiento de Datos.

El análisis de esta información, junto a las entrevistas que los agentes de la Guardia Civil hicieron a cada uno de los responsables del proyecto, les permitió detectar un total de 29 aplicaciones que se podrían usar en el proceso electoral del 1-O, y que ahora la juez ordena desactivar.

El CTTI es una empresa pública de la Generalitat en la que se integran todos los servicios informáticos y de telecomunicaciones de la Administración catalana, mientras que el Cesicat es el organismo que garantiza la protección en materia de seguridad informática de la Generalitat.

La magistrada precisa que, como ambos organismos dependen del departamento de Presidencia, son responsables de ellos los aforados a los que investiga en la causa que abrió a raíz de las dos querellas de la Fiscalía contra el Govern por la convocatoria del 1-O.

Para la juez, el uso de estas aplicaciones apuntaría además "a un necesario y previsible gasto o desembolso económico, cuya gestión también se hace necesario averiguar".

La magistrada también ha pedido a Google eliminar de Google Play la aplicación On votar 1-Oct, que publicitó en su cuenta de Twitter el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En un auto recogido por Europa Press, la magistrada pide eliminar y bloquear que se ponga en funcionamiento cualquier otra aplicación cuyo desarrollador sea Onvotar1oct@gmail.com y que sea ofrecida por Catalonia Voting Software.

Lo pide en base a un atestado de la Guardia Civil, en el que recoge el tuit de Puigdemont del 27 de septiembre en el que anunciaba que en esta app se podía obtener información sobre el referéndum y faculta a la Policía Judicial de la Guardia Civil para llevarlo a cabo. La magistrada considera que estas aplicaciones buscan soslayar la orden de cierre de webs vinculadas con el referéndum que han ido abriendo y que ella misma había ordenado cerrar, tanto las originales como las réplicas.

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