La Universidad Complutense ha apartado de forma cautelar a un profesor de la docencia de un máster tras ser denunciado por seis estudiantes, profesoras en Paraguay, por presunto acoso sexual. La Unidad de Igualdad de esta institución está investigando los hechos pero, de momento, ya ha alejado al profesor del posgrado, aunque mantiene sus clases de grado en la facultad. ¿Por qué la Universidad de Sevilla no relegó de sus funciones al catedrático Santiago Romero cuando fue denunciado por dos profesoras y una becaria de investigación del departamento que él mismo dirigía?

A diferencia de la Complutense, la Universidad de Sevilla no contaba con un protocolo de actuación contra el acoso laboral, sexual o por razón de sexo cuando sucedieron los hechos, entre 2006 y 2010. Las víctimas denunciaron al catedrático el 3 de noviembre de 2010 y el protocolo de actuación de la Hispalense se aprobó en 2013.

En aquellos años la Universidad sólo contaba con una declaración de principios a pesar de que la Ley Orgánica del 22 de marzo de 2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, en el artículo 62, obligaba a las universidades, como administraciones públicas, a diseñar un protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y sexista, como recuerda María Acale Sánchez, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz (UCA). "La Universidad de Sevilla tardó seis años en cumplir con esta obligación", explica.

La Hispalense no es la única que no se ajustó entonces a la Ley de Igualdad. Los protocolos de casi todas las universidades españolas han llegado con muchos años de retraso. La Universidad de Cádiz fue una de las pioneras, aprobó su primer documento en 2011. La Hispalense lo hizo en 2013, el mismo año que la Universidad Carlos III de Madrid.

La Pablo de Olavide, por su parte, aprobó un protocolo de acoso laboral en 2003, pero no tuvo uno en materia de acoso sexual hasta septiembre de 2016. Otras importantes universidades como la Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid o la de Granada tampoco tuvieron un plan de actuación hasta el año pasado, nueve años después de que se aprobara la Ley de Igualdad.

Bárbara Biglia, de la Universidad Rovira i Virgili, y Marta Luxán, de la Universidad del País Vasco, ambas miembros del proyecto europeo de investigación y formación USVreact (Universidades que apoyan a las víctimas de violencia de género), señalan que, en los últimos años, muchas universidades españolas han implantado políticas con el objetivo de reducir las desigualdades de género. "Sin embargo, nos atreveríamos a afirmar que buena parte de ellas responden más a imperativos legales que intentan atajar, con mucho retraso, situaciones de desigualdades crónicas que a un cambio cultural y al reconocimiento pleno de esta problemática y de la responsabilidad social que tenemos hacia su resolución", explican .

Desde USVreact alertan de que, en muchos casos, la comunidad universitaria desconoce la existencia de protocolos: "Las iniciativas suelen ser fragmentadas y se hacen cargo de ellas docentes comprometidos con el tema y que los afrontan los proyectos con pocos recursos".

Estos documentos son muy similares entre sí, siguen un mismo patrón. Algunos son más extensos que otros, pero en esencia recogen las mismas ideas y pautas. Los de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada son los más completos. Éste último va más allá e incluye el acoso psicológico o moral y el ciberacoso, además de los ataques por motivo de raza, etnia o religión.

Para muchos esta medida no es suficiente, ya que en la mayoría de los casos estos textos no vienen acompañados de campañas de difusión, formación y sensibilización, ni contemplan un presupuesto que permita desarrollar actuaciones preventivas.

"Un protocolo no sirve de nada si se guarda en un cajón", subraya María Acale, antigua Defensora Universitaria de la UCA. "Algunas universidades pensaron que aprobando un protocolo iban a eliminar los casos de acoso. Decían "ya hemos cumplido con la ley, y se lavaron las manos", indica la catedrática. "Esto es peor aún que no contar con ningún protocolo, ya que las víctimas creen que están protegidas pero no es cierto".

La Complutense y la Universidad de Granada no aprobaron su plan hasta finales de 2016

"Los protocolos son importantes pero no suficientes", subraya Amparo Díaz Ramos, abogada especialista en violencia de género y miembro de la asociación internacional de juristas Inter Iuris. "Necesitan pautas más concretas y abordar cuestiones muy relevantes como la coordinación con los procedimientos judiciales". La letrada considera necesario que las universidades incorporen en sus servicios de prevención de riesgos laborales, recursos humanos y servicios jurídicos, personas con un perfil profesional que incorpore conocimientos sobre victimología y perspectivas de género.

Díaz cree insuficiente también las campañas de formación y sensibilización de las universidades. "Es necesario sacar a la luz la dimensión del problema, la frecuencia con la que se da este fenómeno, el daño sobre las víctimas y el papel de los testigos cómplices", manifiesta la abogada. "El acoso existe porque hay personas que apoyan al acosador". añade.

Desde la asociación sevillana Páginas Violeta alertan también de la "gran demanda de formación" existente en materia de igualdad por parte de los universitarios. "En noviembre celebramos en la Universidad de Sevilla un taller titulado La insoportable persistencia de las violencias machistas. Acudieron 180 alumnos, el salón de actos estaba lleno. La demanda que hay de formación e información es tremenda", apunta Teresa Alba, de Páginas Violeta. "Estamos viviendo un momento terrible con un repunte de la violencia de género y un retroceso en los planes de igualdad", comenta Alba. "Las universitarias no saben nada sobre educación afectivo-sexual. No tienen suficiente asertividad".

Medidas cautelares

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, explicó días después de hacerse pública la sentencia contra el catedrático Santiago Romero que la institución académica tomó una serie de medidas cautelares tras la investigación de los hechos. Estas medidas se basaron en estancias, por parte de las víctimas, en otras universidades y en la división del departamento de la Facultad de Ciencias de la Educación en el que trabajaban las tres mujeres y el catedrático investigado, pero Romero siguió siendo director de uno de los subdepartamentos generados.

El protocolo de la Universidad de Sevilla, actualmente en revisión, contempla que en cualquier fase de la investigación, la institución puede tomar medidas cautelares, entre ellas cambiar al presunto agresor de puesto de trabajo e, incluso, de centro. Además, el documento contempla como circunstancias agravantes, entre otros aspectos, la existencia de dos o más víctimas, que el supuesto acosador tenga poder de decisión sobre la relación laboral de la víctima y que la denunciante sea una becaria. Estos tres puntos se dan en el caso de la denuncia contra el catedrático de Educación Física y, sin embargo, la Universidad no apartó al profesor para velar por "la seguridad de las víctimas" y "evitarles mayores perjuicios", como apunta el plan de actuación vigente.

La mayoría de los protocolos vigentes en las diferentes universidades españolas, incluido el de la Hispalense, contemplan una serie de plazos desde que se presenta la denuncia hasta que el rector recibe el informe final para garantizar la celeridad del proceso. Este plazo no suele excederse de los dos meses.

Según Miguel Ángel Castro, las tres mujeres presentaron su denuncia contra Santiago Romero el 3 de noviembre de 2010 y el 18 de enero de 2011 se abrió un expediente disciplinario contra el profesor y se trasladó el caso a las autoridades judiciales. La actuación fue rápida pese a no disponer de un protocolo en esa época. Pero las medidas cauterales que se tomaron antes de elevar el caso a la Fiscalía fueron, en opinión de María Acale, catedrática de Derecho Penal, "simbólicas".

Esta profesora de la Universidad de Cádiz explica que cuando se abrió el proceso judicial, que se ha prolongado durante más de seis años, el administrativo quedó en suspenso por ley. La Hispalense no podía ampliar sus medidas cautelares, pero sí mantener las aprobadas previamente. "La Universidad de Sevilla no se puede eximir de su responsabilidad. Las medidas que tomó fueron simbólicas. Hasta premiaron al profesor con un año sabático", critica la catedrática de Derecho Penal. "Podía haber trasladado al supuesto agresor a otro centro mientras duraba la investigación o, dada la gravedad de los hechos, contratar seguridad privada para que velara por las víctimas", comenta.

Para la letrada miembro de la asociación de juristas Inter Iuris, el problema es que, "ante una persona con mucho poder en la Universidad, es muy difícil que se decida adoptar medidas que limiten sus derechos". "No es un problema legal, sino humano. Nadie quiere enemistarse con los poderosos", comenta la abogada. "Pero con una normativa más pautada mejoraría la situación porque sería más difícil llevar a cabo actuaciones arbitrarias o injustas, y se podría garantizar que la prioridad de la actuación fuera proteger a las víctimas".

Romero tiene prohibido acceder a la facultad pero sigue cobrando el 75% de su sueldo

Tras conocer la sentencia judicial, que condena a seis años y nueve meses de cárcel a Santiago Romero por tres delitos de abusos sexuales y uno de lesiones sobre dos profesoras ayudantes de su departamento y una becaria, la Universidad ha reabierto el expediente sancionador. De momento, la institución ha suspendido al profesor de toda actividad docente y le ha prohibido acceder a la Facultad de Ciencias de la Educación. No obstante, hasta que no se solvente el expediente, algo que, según aseguró en su día el rector, "se hará con rigor y la máxima diligencia posible", el catedrático seguirá cobrando el 75% de las retribuciones básicas, aunque no trabaje.

Un mes después de hacerse pública la sentencia, la Hispalense aún no ha aprobado una sanción definitiva contra Santiago Romero. "Los hechos han sido probados por un juez. El rector no puede más que admitirlos. En casos como éste no hay nada que hacer", aclara María Acale, catedrática de Derecho Penal. "No necesita más de 48 horas para resolver el expediente y aprobar medidas definitivas", anota. "Tardó en reaccionar antes y lo vuelve a hacer ahora". finaliza.