La Universidad de Málaga ha articulado un protocolo para prevenir y proteger frente al acoso sexual que contempla tanto actos y comentarios atentatorios contra la dignidad personal, como el hostigamiento en función del sexo de la víctima , su orientación o identidad sexual.

La puesta en marcha de este mecanismo en la comunidad universitaria ha sido la primera medida que ha llevado al Consejo de Gobierno la vicerrectora de Igualdad, Isabel Jiménez, que ejercerá de presidenta de la comisión que conformarán representantes del servicio de prevención, el Defensor Universitario, los decanos, profesores, personal de administración y alumnos para investigar y depurar responsabilidades en estos casos.

El protocolo prevé que las denuncias las puedan presentar tanto las propias víctimas, así como terceros que tengan conocimiento de hechos de esta naturaleza y de oficio por la propia Unidad de Igualdad. En ningún caso podrá ser una denuncia anónima. Una vez que se formalice el escrito en el que se denuncian hechos sospechosos de constituir acoso sexual, la vicerrectora tendrá 10 días hábiles para dar traslado del expediente a la comisión. A partir de ahí se nombrará instructor y se abrirá un expediente que debe concluir con una propuesta de resolución dirigida al rector. Durante este periodo se pueden interponer medidas cautelares dirigidas a proteger a la víctima.

En el caso de que se aprecie una acción que los hechos alcanza la dimensión penal -falta o delito- la institución académica comunicará los hechos a la Fiscalía y suspenderá el expediente disciplinario para continuarlo una vez resuelta la causa penal.

El acuerdo, sellado en la segunda reunión del Consejo de Gobierno que preside el rector José Ángel Narváez, prevé que las medidas disciplinarias se ejecuten en el plazo máximo de un mes desde que se acuerda la sanción. En el caso de que el afectado sea un alumno y la decisión se haya tomado a final de curso, el protocolo recoge que la sanción se ejecutará el curso siguiente.

En esta reunión también se han acordado entre las medidas para la prevención de la violencia de género que las víctimas protegidas con una orden de alejamiento de su maltratador lo comuniquen a la delegada del Rector para la Igualdad, con el fin de activar las medidas necesarias para garantizar su seguridad.