La comisión de expertos nombrada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para la reforma del sistema universitario español propone que las comunidades autónomas tengan voz y voto en la elección de los rectores, una responsabilidad que podrá recaer sobre un académico de cualquier universidad, tanto española como extranjera. Además, plantean un severo cambio del sistema de selección del profesorado, prohibiendo a las universidades que puedan contratar a los doctores que ellas titulen al menos en los tres años siguientes y, al tiempo,les da manga ancha para que contraten directamente hasta el 49% de su plantilla docente e investigadora sin necesidad de la previa acreditación investigadora. En este último caso, los seleccionados no podrán optar a la condición de funcionarios.

Los autores del informe proponen mayor capacidad ejecutiva para el rector que no sólo tendrá facultades para elegir a su gobierno -como hasta ahora- sino también para nombrar a los decanos y directores de las facultades y escuelas universitarias que en este momento son elegidos por las juntas de cada centro.

La propuesta, que se entregó el pasado 12 de febrero al titular de Educación, “recomienda” que el rector sea fichado tras una búsqueda internacional de candidatos. El nuevo rector “con capacidad ejecutiva, notable autonomía financiera y de contratación que responde ante la sociedad en su conjunto y no sólo ante los intereses de los colectivos internos de su propia universidad” debería ser elegido por el consejo de la universidad, un órgano de tamaño reducido (20-21 miembros) constituido al 50% por el claustro, con una “muy importante mayoría” de profesores investigadores con al menos dos sexenios de investigación vivos. Otro 25% de los miembros plantean que lo elija la comunidad autónoma para garantizar la “participación efectiva de la sociedad civil” y el 25% restante deberían ser figuras académicas internas o externas “de especial prestigio para el desarrollo de cada proyecto universitario” elegidas tanto por la universidad como por la comunidad autónoma correspondiente.

El informe, no obstante, cuenta con un voto particular del catedrático de Derecho Constitucional Óscar Alzaga y de la profesora de Derecho Internacional Público Mariola Urrea que no comparten el sistema de contratación directa y la restricción de las plazas de acreditación, vía imprescindible para acceder a la condición de funcionario, ni la participación de las comunidades autónomas en la elección del rector.