“Los contratos han bajado pero no ha sido un desplome. La apuesta por la I+D se mantiene”, resume Carmen Tarradas, directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la Universidad de Córdoba y durante años coordinadora de la red que agrupa las nueve OTRI de Andalucía. Empresas y grupos de investigación firmaron el año pasado 2.385 contratos con los científicos universitarios andaluces. El importe global de estos acuerdos superó los 62,6 millones de euros.

Jesús Chamorro, director de la OTRI de Granada y desde febrero coordinador de la red andaluza, precisa que a consecuencia de la crisis los contratos han bajado en cuantía pero no tanto en número. “La empresa que invierte en I+D ya no se suelta. Sabe que la innovación es un valor añadido para su producción y su marca”.

¿Quiénes acuden a las universidades y para qué? Todos y para todo. Ricardo Chacartegui, director de la OTRI de la Universidad de Sevilla confiesa que en este momento una decena de multinacionales trata de identificar en la institución grupos de investigación que trabajen en sus líneas estratégicas. Todo es muy secreto. Las empresas no quieren que se sepa quiénes son ni qué buscan. Chacartegui solo apunta que se trata de corporaciones interesadas en los sectores de la energía, química, biología, construcción, aeronáutica, turismo y TIC.

Sí hay nombres que se pueden decir: Bayer, Endesa, Cepsa, Repsol, Aena, Abengoa, Ericsson, Vodafone, Telefónica o Ayesa, entre otras, mantienen desde hace años relaciones estables con equipos científicos andaluces. Sin embargo, la mayor parte de esos 2.385 contratos no los suscribieron grandes multinacionales, sino firmas pequeñas y medianas, o sea responden al perfil productivo del entorno. “Muchas empresas jóvenes intentan innovar para mejorar sus oportunidades de exportación pero no tienen capacidad para crear sus propios equipos. En esos casos las universidades funcionamos como sus departamentos de I+D”, apunta Carmen Tarradas.

“Tener 12 ó 14 expertos es un coste enorme para una empresa de 50 trabajadores. En cambio, esas compañías sí tienen capacidad para invertir sumas de entre 100.000 y 250.000 euros en productos concretos, así que externalizan la I+D y ellos lo que tienen son gestores. En esos casos las universidades somos la única oportunidad para que puedan acceder a determinados servicios que en otras circunstancias sólo estarían al alcance de las grandes”, apunta el director de la OTRI de Sevilla. “Hay desde pymes chiquititas a enormes multinacionales y desde empresas que acuden con un problema que no saben cómo solucionar hasta las que conocen con exactitud lo que necesitan”.

Chamorro reconoce la importancia de los contratos de investigación con grandes compañías, pero también subraya el valor social de la transferencia a las pymes. Por ejemplo, solo las spin-off generadas por la Universidad de Granada en los últimos cinco años han generado 400 empleos. “Eso es conocimiento y tecnología de la universidad en el tejido productivo”, subraya. “Hay muchos trabajos de asesoría o consultoría de importes modestos, de unos 10.000 euros más o menos, que se hacen en sólo unos meses y se aplican inmediatamente”.

Chacartegui, no obstante, admite que a las universidades les queda todavía “muchísimo que mejorar” para revertir el modelo actual que juzga demasiado pasivo. Por una parte juega el desconocimiento del potencial universitario y, de otra, la tradición académica que mantiene al científico al margen de la empresa. “El presupuesto de la Universidad de Sevilla es de 424 millones, pero nuestra transferencia de conocimiento alcanza como mucho 60 millones (30 en contratos de I+D y 30 a través de la facturación de las empresas de base tecnológica nacidas en la institución). ¿Qué menos que aspirar a llegar al 50% del presupuesto”, reflexiona el director de la OTRI. “Para eso hay que dar incentivos a la transferencia y animar a la gente”.

Sin embargo, cuando investigador y empresario se aproximan y se conocen es frecuente que surjan colaboraciones relaciones largas y fieles. Un caso emblemático lo protagoniza el grupo Ingeniería de las Comunicaciones de la Universidad de Málaga y el ingeniero Juan Melero.

Esta es una historia de encuentros y reencuentros que comenzó en 2000 cuando Nokia decidió crear un centro de I+D en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en alianza con este grupo de investigación. Entre los ingenieros que la multinacional finlandesa desplazó a Málaga estaba Juan Melero, ex alumno de la Escuela de Telecomunicaciones. La compañía dio por concluido el proyecto poco tiempo después, pero Melero se quedó. Lideró el grupo que fundó Tartec y en 2004 se fusionó con la estadounidense Optimi, hasta que en diciembre de 2010 vendieron la empresa al gigante sueco Ericsson.

Esta operación no sólo ha traído a Ericsson a Andalucía, sino que ha abierto las puertas a la colaboración con la Universidad de Málaga gracias a un convenio con validez hasta 2015 y contratos que en este momento alcanzan los seis millones de euros que han generado 58 empleos de alta cualificación.

“Al final lo más importante son las personas”, puntualiza Ricardo Chacartegui y subraya que la Universidad de Sevilla articula su estrategia desde el Vicerrectorado de Transferencia Tecnológica y la OTRI en colaboración con tres organismos: Aicia (Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía) que articula la relación con el sector de la ingeniería industrial, Fidetia, centrada en el campo de la informática, y la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla. Esta estructura “nos permite firmar un contrato de I+D en 24 horas”, resalta.

El interés de las universidades por acercarse a las empresas es relativamente nuevo. El asunto ni siquiera se planteaba formalmente hasta que en 1989 empezaron a crearse las primeras oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI).

En 2000, o sea 11 años después de crearse las primeras OTRI, se formalizaron 1.333 contratos de investigación en las universidades andaluzas por un importe que a duras penas superó los ocho millones de euros. Desde entonces, y a pesar de que la crisis ha dejado su mella, los acuerdos de I+D con la iniciativa privada han aumentado casi un 80% y la cuantía prácticamente se ha multiplicado por ocho.

En realidad el salto significativo se produjo a partir de 2006 y en 2008, de acuerdo con los datos que maneja la Red OTRI Andalucía, se alcanzó el récord: 3.903 contratos por valor de 85,4 millones.

Durante la primera fase de la crisis los efectos fueron muy moderados. “Las consecuencias las empezamos a notar en 2010. Es cierto que las empresas siguen contratando pero también es lógico que lo hagan cuando las necesidades más apremiantes como las nóminas las tienen garantizadas”, explica el director de la OTRI de Sevilla.

El director de la OTRI de Granada y coordinador de la red en Andalucía pone el acento en las consecuencias “en cascada” que se derivan de las decisiones políticas en la financiación de la I+D. Ahora está muy preocupado porque no se sabe nada de la convocatoria del Ministerio de Economía y Competitividad (plan nacional de I+D+I) que debería ya estar formalizada y la de la Junta de Andalucía está en este momento en un paréntesis. “La investigación colaborativa entre las empresas y los grupos estaba yendo muy bien y ahora esta incertidumbre puede perjudicar mucho”.

Estas dudas proyectan también muchas sombras sobre el futuro de la colaboración científica entre la iniciativa privada y pública. Frente a los contratos directos entre las empresas y las universidades, en los que la iniciativa privada asume la totalidad del presupuesto, existe una segunda fórmula que pasa por la creación de consorcios mixtos (científicos y empresas) para acudir juntos a las convocatorias públicas en busca de financiación para proyectos de I+D. Desde que comenzó la crisis este segundo modelo es el que más ha crecido y por eso los recortes en ciencia preocupan doblemente .

La Universidad de Granada hizo una campaña para animar la investigación colaborativa y pasó de tener en 2010 sólo un centenar de científicos en proyectos con empresas a 1.000 el año siguiente. El presupuesto obtenido por esta vía pasó en sólo 12 meses de dos a siete millones de euros. “Es un cambio de mentalidad importante que implica hablar, buscar sinergias y ver la relación como una ventaja”, explica Jesús Chamorro, por eso teme tanto que se produzca una vuelta atrás. .

Queda todavía el frente de la financiación europea. Es el último clavo ardiendo al que se agarran los investigadores y todas las universidades sin excepción animan esta solución. El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (Ceia3), que agrupa a las universidades de Córdoba, Jaén, Cádiz y Almería, ha anunciado que a partir del próximo otoño contará con una oficina propia en Bruselas. El consejo rector que celebró en junio acordó ese será el destino de la “primera sección internacional de la nueva oficina de Proyectos del Campus”.

La indiscutible oportunidad que representan los fondos comunitarios, sin embargo, contiene “el riesgo de que se pierda el ámbito de las empresas nacionales”, precisamente el de esas pymes a las que sólo la universidad les garantiza el acceso a la I+D, advierte el director de la OTRI de Granada.