El borrador del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) que regirá hasta 2020 está en exposición pública para que los interesados presenten las alegaciones y hagan las aportaciones previas a la redacción definitiva que se llevará al Consejo del Gobierno andaluz. El documento arranca con la vocación de conseguir que en 2020 Andalucía destine el 2% del PIB a investigación y desarrollo (I+D), porcentaje que se quiere elevar hasta el 2,2% si se incluye también la innovación. El objetivo se plantea con la intención de que la mitad de la inversión que se realice proceda de la iniciativa privada. Además, fija como meta que la comunidad científica represente el 5% de la población ocupada y que el 12% de las pymes entren en el campo de la innovación.

Estas previsiones, de acuerdo con los cálculos del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, significan que el Paidi movilizaría 16.000 millones de euros hasta el año 2020, de los que la mitad serían recursos privados.

El documento elaborado por la Consejería de Economía y Conocimiento reconoce la necesidad de aprovechar “todas las fuentes y fondos existentes”. En este sentido subraya la necesidad de mejorar la participación regional en los programas públicos tanto del Gobierno como de la Unión Europea que financian la I+D+I. El objetivo ideal para el año 2020 es que las empresas privadas capten el 50% de la financiación que se consiga en el programa comunitario Horizonte 2020 y que Andalucía sea el destino del 15% de los recursos previstos en el programa estatal de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Ramírez de Arellano valora en 500 millones de euros la cantidad que se podría captar en las diferentes convocatorias europeas del programa Horizonte 2020, así como otros 2.000 millones de las convocatorias nacionales durante el todo el periodo. La Junta de Andalucía, por tanto, aportaría al próximo Paidi otros 5.500 millones.

El proyecto recoge algunas estrategias a futuro como promover la investigación multidisciplinar y la divulgación científica entre el público no especializado, anota la necesidad de darle visibilidad exterior a las publicaciones de los investigadores andaluces, promover la participación en proyectos científicos internacionales y apoyar “específicamente” la producción científica en los campos de las ciencias sociales y humanidades.

El catálogo de objetivos también recoge el apoyo a los seis campus de excelencia internacional en los que están involucrados las universidades andaluzas y subraya la necesidad de crear mecanismos de asesoramiento que permitan ganar más proyectos del selectivo Consejo Europeo de Investigación (ERC).

En relación con los fines vinculados a la promoción y fortalecimiento del talento propone planes de movilidad, formación y retorno de investigadores ahora emigrados, así como favorecer estancias posdoctorales en centros internacionales e incorporar a “personas de alto nivel de cualificación” al sistema. Estos objetivos se suman a los planteados para promover la economía del conocimiento mediante el apoyo de proyectos de I+D+I en los que participen al menos tres empresas, medidas que estimulen la aparición de spin-off o revitalizar el papel de las oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTR) de las universidades andaluzas.

El documento hace también un análisis de los resultados obtenidos desde que en 1988 se elaboró el primer plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. En este sentido recoge que en 1990 había en Andalucía 1.055 grupos de investigación y 4.602 doctores, frente a los 2.227 grupos y 18.848 doctores que hay en la actualidad. También precisa que en 1993 se lograron 79 proyectos del plan nacional de I+D por importe de 4,8 millones, mientras que en 2013 fueron 417 proyectos y 41,5 millones. Precisa además que durante el tercer programa marco de I+D de la Unión Europea (1990-1994)  Andalucía captó 18,4 millones frente a los 210 millones conseguidos en el séptimo (2007-2013).

Andalucía no cuenta con convocatorias destinadas a financiar la I+D+I  que realizan los grupos de investigación desde 2012. Esta última convocatoria se resolvió en 2013 y las cantidades comprometidas con los grupos de investigación apenas si han llegado aún. El consejero de Economía y Conocimiento se comprometió a comienzos de este curso universitario a lanzar una convocatoria puente en 2016 para no perder otro año más sin recursos para investigación e innovación en el supuesto de que la tramitación del Paidi no esté lista a tiempo.