Vicente C. Guzmán Fluja

Rector de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla

Es necesario transmitir a la sociedad, a las personas, la importancia de la universidad pública y reivindicar la necesidad de que el sistema de educación superior español mantenga el predominante carácter público que tan buenos frutos ha dado hasta ahora.

La esencia de la universidad radica, secularmente, en la creación y transmisión crítica del conocimiento a través de la investigación y de la docencia. Recientemente, se ha puesto en valor que ambos cometidos están -no puede ser de otro modo- al servicio de la sociedad y de las personas, de manera que la universidad debe estar comprometida con su entorno y contribuir decisivamente a la mejora continua de las condiciones económicas, sociales, productivas, laborales, en definitiva, a construir una sociedad más justa, equitativa y con mayor bienestar. Todo ello debe hacerlo, sin duda, sustentada en los pilares básicos que representan los valores democráticos y la defensa de los derechos fundamentales que garantizan la dignidad de toda persona.

La universidad pública representa la garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Y ello es porque no concibe la formación ni la investigación desde una perspectiva mercantilista, sino como servicio público orientado a revertir a su entorno social los frutos de su trabajo proporcionando personas adecuadamente cualificadas para servir a la sociedad, que han podido acceder y mantenerse en el sistema sea cual sea su nivel económico o de renta, y creando nuevo conocimiento, o transformando el ya existente, mediante una investigación dirigida a atender el interés general y destinada a ser transferida en beneficio de todos. La universidad pública hace valer así su ineludible compromiso social, y lo hace incluso cuando trabaja en alianza con entidades privadas. En un mundo orientado cada vez más al conocimiento abierto y compartido, la universidad pública se revela como un instrumento clave para generalizar el acceso al mismo.

La universidad pública presta, de esta forma, un valioso servicio que debería ser apreciado y protegido por las administraciones públicas y por los políticos. En lugar de medidas, como las adoptadas en los últimos tres años por el Gobierno central, que descapitalizan, debilitan y desestructuran el sistema público universitario (y cuyos nocivos efectos deberíamos ir pensando en revertir), debería irse en la dirección de fortalecer la universidad pública, de proporcionarle un marco legislativo estable y de proveerla de los medios humanos, materiales y económicos adecuados y suficientes para lograr la máxima eficacia en la prestación del servicio público.

Y la suficiencia y adecuación de esos recursos debe ser garantizada por los poderes públicos, sin perjuicio de que pueda y deba haber también una contribución de recursos privados. Es decir, los poderes públicos deben promover normas y medidas que garanticen la sostenibilidad de la universidad pública en lugar de estas otras que conducen y la condenan a la insostenibilidad. Con evidente falta de fortuna y oportunidad, algunos responsables políticos han manifestado que la universidad pública es insostenible. Ni es ni debería ser así, pero parece que ese es el destino al que nos quieren condenar, casi como una excusa para justificar un cambio de sistema universitario, en el que lo público pierda protagonismo, y un cambio de modelo de financiación basado en depender más de los recursos “privados” (incluidas las tasas que deban pagar estudiantes y familias) que de los cada vez más menguantes recursos públicos.

A una universidad pública comprometida y sostenible gracias a los recursos públicos será justo exigirle resultados (y que parte de la financiación se vincule, como ya se hace, a resultados, a objetivos, o sea competitiva) que, a su vez, estén conectados con un nivel de compromiso social real y efectivo. Con este escenario, será más fácil abordar los problemas y disfunciones y arreglarlos desde el diálogo y el consenso.