La figura del veterinario de granja es a partir de ahora indispensable en las explotaciones de ganado porcino. Así lo ha establecido el Real Decreto por el que se fijan las normas básicas de ordenación de las granjas porcinas aprobado en el último Consejo de Ministros y que supone una profunda revisión de la normativa vigente, que data del año 2000, con el objetivo, según el Ministerio de Agricultura, de encaminar a las granjas “a la adaptación a los nuevos retos de la producción porcina en materia de sanidad, medio ambiente y bienestar animal”.

El departamento que dirige Luis Planas ha expresado su voluntad de trabajar “en estrecha colaboración con el sector, las Comunidades Autónomas y la sociedad civil en su conjunto”.

Uno de las cuestiones que se introducen y puede intuirse como complicadas para el sector es la declaración de un Plan de Gestión Ambiental individualizado para cada granja.

El Ministerio destaca que las principales novedades se articulan en torno a dos grandes áreas: reforzar los requisitos en materia de sanidad animal y bioseguridad de las granjas con el fin de mantener un estatus sanitario adecuado en las mismas, y adoptar compromisos en materia de medio ambiente relacionados con la protección del agua, el aire, los suelos y la lucha contra el cambio climático.

Agrega que “son precisamente los importantes beneficios medioambientales que la aplicación de la nueva norma va a aportar, una de las señas de identidad de este Real Decreto”. La norma implementa mejoras y novedades en los requisitos actualmente en vigor desde el año 2000 en materia de gestión de estiércoles en las granjas, y en el Plan de Producción y Gestión de estiércoles, que se amplía a todas las instalaciones y que formará parte del citado Plan de Gestión Ambiental de cada granja.

Gases contaminantes

Además, la nueva norma introduce medidas para la reducción de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero por parte de las granjas de ganado porcino, en particular, el registro de manera individualizada por cada granja de las emisiones y las técnicas que utiliza para su reducción.

Los nuevos requisitos en materia de impacto ambiental permitirán reducir las emisiones de gases contaminantes, en particular amoniaco, y de efecto invernadero en cerca del 21% a partir de 2023, respecto del escenario sin esta normativa.

Destacan también importantes avances en relación al bienestar animal, en particular la exigencia de ese plan individual para cada granja, que evalúe los potenciales riesgos y las medidas a adoptar para el bienestar de los animales.

La norma introduce también mejoras en relación con las condiciones de bioseguridad de las explotaciones, con el fin de limitar la entrada y la difusión de enfermedades de los animales. Todo ello será posible, según el Ministerio, por la introducción de manera obligatoria de la figura del veterinario de granja, que será el responsable de asesorar sobre aspectos relacionados con la sanidad y el bienestar de los animales.

Para asegurar el cumplimiento y la aplicación homogénea de todos los aspectos que desarrolla la norma, se crea una Mesa de ordenación de los sectores ganaderos, que velará para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

En la misma participarán los representantes de las comunidades autónomas, responsables de la ejecución y el desarrollo de esta norma, así como de los Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El Gobierno entiende que el sector porcino es un importante motor económico y de empleo para el medio rural, “por lo que la norma trata de compatibilizar su desarrollo con la adaptación rigurosa a la exigente legislación europea y nacional en materia de emisiones de gases contaminantes o de efecto invernadero, o la protección del agua, así como a las nuevas necesidades en el ámbito de la sanidad o el bienestar de los animales. Todo ello atendiendo a las demandas sociales”.

“Con la publicación de este nuevo Real Decreto se establecen las bases para el desarrollo ordenado de la actividad de este sector en los próximos años, integrando los principales retos a los que se enfrenta el sector, y que definirán en gran medida su posición competitiva, tanto en los mercados mundiales como ante la sociedad”, explica Agricultura.

Respuesta del Consejo de Colegios de Veterinarios

Por su lado, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, Fidel Astudillo, ve positiva la figura del veterinario de granja aplicada en el nuevo Real Decreto 306/2020 de ordenación de granjas porcinas y señala que “en base a esta figura de veterinario de granja, o veterinario de explotación, llevamos solicitando su desarrollo desde su aparición en la Ley 8/2003 de sanidad animal, donde apareció, pero desde entonces no ha habido ningún desarrollo de esta figura”.

“No podemos olvidar -agrega- que la normativa europea próxima, Reglamento 2016/429 de sanidad animal, que entrará en aplicación en abril del año 2021, contempla esta figura de veterinario privado, de granja o de explotación, y le confiere gran competencia en materias de sanidad, bienestar animal, bioseguridad, control medicamentos veterinarios, etc., y determina las visitas zoosanitarias obligatorias que debe realizar periódicamente a las explotaciones ganaderas”.

Explica que este Real Decreto, ha anticipado esta figura que viene en Reglamento europeo, “aunque no podemos olvidar que la responsabilidad de aplicar normas en materia de sanidad y bienestar animal solo puede ser de los titulares de las explotaciones”.

“De momento, en el Real Decreto, se le otorga el adjetivo de “asesor”, que en determinadas ocasiones será insuficiente -dice Astudillo-, pero esperamos que en próximos desarrollos normativos le vayan dando una buena y correcta cobertura legal que le confiera mayor autoridad y sobre todo independencia”.