El Grupo de Vigilancia del Parlamento Europeo escribirá en las próximas semanas al Gobierno de España para pedirle información sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), informó la delegación de los eurodiputados españoles del Partido Popular Europeo (PPE).

Esta decisión se adoptó durante una reunión celebrada la víspera por el Grupo de Vigilancia de la Eurocámara, responsable de evaluar las posibles amenazas contra la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales en los 27 países de la UE, precisó la delegación española del PPE en un comunicado.

En esa reunión del Grupo de Vigilancia, compuesto por 14 miembros (dos por cada grupo político en el PE y en el que no hay ningún eurodiputado español), depende de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del PE, que preside el socialista Juan Fernando López Aguilar, el cuál asistió al citado encuentro para informar de la "verdadera situación" en España, según precisó él mismo a EFE.

Según López Aguilar, el envío de la carta es "puramente rutinario" y "no tiene ningún efecto vinculante", ya que basta con que lo pida un grupo político para cursarla, algo que "solo" hizo el PPE.

La petición fue presentada por los dos representantes del PPE en este órgano (Roberta Metsola y Vladimir Bilcik), y a iniciativa del eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, que en la anterior reunión de este Grupo -a mediados de abril- ya solicitó que se abordara este asunto, precisó la delegación de los populares españoles en su nota. La petición de Zarzalejos estuvo fundamentada en la queja presentada recientemente a la Comisión Europea por tres asociaciones de jueces españoles que representan a unos 2.500 magistrados.

López Aguilar denunció el intento del PP "de sacar provechó político del bloqueo de los órganos judiciales" en España, que reflejan la "mayoría" que los populares "perdieron hace seis años". El presidente de la Comisión PETI de la Eurocámara criticó la "estrategia insensata" del PP, que daña la "reputación" de España al tratar de equiparar lo que pasa con el CGPJ con los ataques al Estado de derecho en Polonia o Hungría.

La carta será enviada en las próximas semanas y en función de la respuesta que reciba del gobierno español, el Grupo de Vigilancia decidirá sobre las siguientes medidas a tomar, según el comunicado de los populares españoles.

Así, y tras evaluar este asunto, según los eurodiputados populares españoles, el Grupo de Vigilancia sobre Estado de Derecho "podría dar un paso más y proponer a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo que tome diferentes medidas, entre ellas redactar una resolución del Parlamento Europeo sobre este tema, mantener reuniones con las asociaciones de jueces que han presentado la denuncia, o enviar una misión de investigación a España".

Para Zarzalejos es "pertinente el envío de esta carta al gobierno (español) como un primer paso para hacer una evaluación en profundidad de este desafío" a la "independencia judicial".

El Grupo de Vigilancia fue creado en junio de 2018 a raíz de los asesinatos de la bloguera y periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, y del periodista eslovaco Jan Kuciak y su prometida, para "supervisar la situación en lo que respecta al Estado de derecho y luchar contra la corrupción en la UE y abordar situaciones específicas, en particular Malta y Eslovaquia".

En septiembre de 2019, con la nueva legislatura, la Comisión LIBE decidió renovar y ampliar el mandato de este grupo que preside la liberal holandesa Sophia in't Veld.