Isabel Grana y Francisco Martín Zúñiga, investigadores principales del proyecto. / MARILÚ BÁEZ

“Digámoslo de una vez, quien controla la educación controla la sociedad”. Esta lapidaria frase la pronunció Antonio Gil y Zárate, director de Instrucción Pública, en 1855. Polémicas y debates encarnizados tan actuales como el que gira en torno a la Lomce tienen su origen en la mitad del siglo XIX cuando los estados comprendieron el valor de la educación como herramienta de control. La hegemonía de la Iglesia sobre la formación de los jóvenes había sido absoluta hasta que en pleno auge de los estados nación europeos los gobiernos trataron de hacerse con su control , dando lugar a un pulso que casi dos siglos después todavía no ha cesado.

Un equipo de expertos en historia de la educación de las universidades de Málaga, Sevilla, Oviedo y Granada, dirigido por Isabel Grana y Francisco Martín acaban de conseguir apoyo económico del plan estatal de I+D para estudiar el papel del Estado y la Iglesia como órganos de control del profesorado no universitario entre 1857 y 1931, justo el periodo en el que empiezan a forjarse y definirse las relaciones entre ambos poderes frente a la educación.

La alternancia en el Gobierno de los partidos moderados, muy proclives a la doctrina de la Iglesia, y liberales, que en cierta medida recogían la tradición ilustrada del estado laico que respetaba la libertad de cátedra, alimentó la pugna. En este contexto se afianzó la unión política entre Iglesia y Estado que prevaleció con la única excepción de la primera república.

Primero el Concordato con la Santa Sede (1851) y después la ley Moyano (1857), que establecía la escolarización de los niños entre seis y nueve años, atribuyeron a la Iglesia la potestad de enseñar y, lo que es más relevante, la dotaron de capacidad inspectora: “Las autoridades civiles y académicas cuidarán, bajo su más estrecha responsabilidad, de que ni en los establecimientos públicos de enseñanza ni en los privados se ponga impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos, encargados por su ministerio de velar por la pureza de la doctrina, de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud”, recogía aquella ley y subrayan ahora los investigadores principales del proyecto, en el que también participa la catedrática malagueña Carmen Sanchidrián.

La ley Moyano daba a la Iglesia “plenos poderes en el control del sistema educativo” e “instrumentos” para sancionar y depurar a los profesores que se apartaran de su doctrina. La jerarquía eclesiástica tenía potestad para controlar el contenido de los libros de texto y los profesores que impartían enseñanzas consideradas “perniciosas” podían ser sancionados incluso con la inhabilitación. A los docentes incluso se les exigía un justificante de buena conducta religiosa y moral.

La publicación en 1859 de El origen de las especies de Charles Darwin agregó más combustible al fuego desde el momento en que el pensamiento científico se ponía en frente de la teoría creacionista mantenida a lo largo de los siglos por la Iglesia.

El interés por el control ideológico de la educación estaba también plenamente implantado en las universidades, cuyos profesores estaban obligados por decreto a acatar por escrito la corona y la religión so pena de ser expulsado de la carrera académica. Ahí se sitúa, por otra parte, el origen de la Institución Libre de Enseñanza creada en 1876 por un grupo de universitarios expulsados por negarse a firmar.

Isabel Grana y Francisco Martín ponen el acento en la escasez de estudios sobre el control ideológico de los profesores no universitarios. El proyecto propone analizar la legislación desarrollada para controlar la educación, los diferentes modelos de formación utilizados para ejercer el control del profesorado y las prácticas aplicadas. “Queremos mostrar esas diferencias, los modelos de control, las reacciones, los resultados inmediatos y las consecuencias a largo plazo tanto para los profesores como para el sistema educativo”.

A la vista por la polémica en torno a la enseñanza de la religión y al protagonismo que cobra en la Lomce, ambos coinciden en apuntar “lo poco que han cambiado las cosas. El origen del debate actual está ahí -en el siglo XIX- y todavía no se ha superado”.

Los dos investigadores, junto a la catedrática Carmen Sanchidrián, suman tres lustros de investigación en la Universidad de Málaga en torno a las depuraciones del profesorado de las escuelas de magisterio y profesores de instituto llevadas a cabo durante el franquismo. Han analizado 2.445 expedientes de depuración de docentes de institutos de toda España y otros 2.100 solo de maestros de escuelas de Málaga.