En un auto dictado el día 25 de septiembre, el tribunal pone de manifiesto que, “de la investigación llevada a efecto por la Policía y la investigación judicial, existe base sólida suficiente para constatar la existencia de indicios racionales de la comisión” por parte del acusado de un delito de robo con violencia y un delito leve de lesiones, que aparecen contemplados en los artículos 237, 242.1 y 3, y del 147.2, una “tesis mantenida por la Fiscalía al formular escrito de acusación y por el juzgado de Instrucción, de los que presumible e indiciariamente es autor” Ángel Boza, precisa el auto.De este modo, la Audiencia tiene en cuenta para ratificar la situación de prisión provisional del investigado “la naturaleza y gravedad del delito, la existencia de indicios racionales” contra el acusado y “la pena con que se le conmina (4 años de prisión, según escrito de acusación ya formulado por el Ministerio Fiscal), que pudiera condicionar la decisión de sustraerse a la acción de la Justicia”.Asimismo, el tribunal valora que la celebración de la vista “será en fecha próxima”, en cuyo caso “habrá que garantizar la presencia en juicio del acusado para posibilitar un proceso sin dilaciones”, así como “la posibilidad de reiteración delictiva”, ya que el acusado “ha sido condenado por delitos de fecha comisión 23 de mayo de 2014 y 1 de febrero de 2016”.

La medida acordada es "adecuada y proporcional", señala la Audiencia

Por todo ello, la Audiencia considera que la medida de privación de libertad, “en estos momentos, es adecuada y proporcional”, todo ello, según subraya, “en atención a la gravedad del hecho (robo con violencia), pena solicitada (4 años de prisión), indicios racionales que constatan la participación del acusado-apelante, fase del procedimiento y el riesgo de reiteración delictiva”, ya que “condenas anteriores no lograron evitar nueva conducta delictiva”.

Así, el tribunal desestima el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado contra el auto de 6 de septiembre por el que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla acordó ratificar la prisión del investigado.El instructor tomó esta decisión al considerar que existe riesgo de fuga y “teniendo en cuenta la naturaleza del presunto delito cometido, la pena que pudiera corresponderle, las circunstancias del hecho y antecedentes del investigado”, así como “para garantizar la eficacia de la investigación procesal y la disponibilidad del investigado a los llamamientos judiciales”.El juez, por medio de otro auto dictado el 6 de septiembre, acordó seguir las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado contra el joven encarcelado al entender que existen “indicios racionales” de que habría cometido supuestamente un delito de robo con violencia con resultado de lesiones y utilización de instrumento peligroso.

El Ministerio Público reclama una condena de cuatro años de prisión para Ángel Boza, al que atribuye un delito de robo con violencia e intimidación y utilización de instrumento peligroso y un delito leve de lesiones, por haber embestido con su vehículo contra uno de los vigilantes que lo sorprendieron tras el robo y causarle lesiones.

Además de los cuatro años de cárcel, la Fiscalía solicita asimismo una multa de 300 euros para el joven acusado, que tiene como antecedentes sendas condenas por delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas -fue castigado con 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad, que aún no ha cumplido, y a ocho meses y cuatro días de privación del derecho a conducir, que cumplió en junio de 2007-, y el pago de una indemnización de 232 euros para el vigilante por las lesiones causadas en su huida.