La colmena

La política de los Doritos (y otras distracciones)

En menos de 24 horas, Vox ha desinflado su propuesta de medidas maximalistas para facilitar el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía (votando la investidura de Juanma Moreno junto a los diputados del PP y Ciudadanos) por un documento atestado de lugares comunes y bondades que hasta podrían suscribir los comunistas y radicales sentados al lado contrario del multicolor arco parlamentario que marcará la XI Legislatura.

La Ley de Igualdad no se deroga; la Ley contra la Violencia de Género, tampoco. Dejamos tranquilo al colectivo LGTBI, no expulsamos a los 52.000 inmigrantes que están en situación irregular y tampoco seguimos la estela de Donald Trump buscando financiación para pagar un muro de acero que nos proteja de los africanos en Ceuta y Melilla.

Andalucía seguirá celebrando su autogobierno el 28-F y en Granada continuaremos estrenando el año con nuestra particular disputa de bandos en el Día de la Toma. Canal Sur y el Consultivo ya no se cierran; ahora se redimensionan. Y, cuando se hagan oficiales los 660 ceses previstos con la operación relevo en San Telmo y los nuevos inquilinos empiecen a colocar a los suyos, ya tendremos tiempo de saber eso del reajuste qué significa y en qué queda.

Del batallón de 19 medidas que Vox lanzó la tarde del 8 enero, desatando una movida resaca navideña, apenas queda el ruido en los medios y en las redes sociales. De los 37 puntos suscritos en el pacto entre Juanma Moreno y los dirigentes del partido de Santiago Abascal para desalojar a los socialistas de la Junta, 22 ya forman parte del documento sellado por PP y Cs para blindar el relevo político: crear empleo de calidad, luchar contra la corrupción, abogar por un gobierno basado en el diálogo, procurar la estabilidad económica, apoyar a los emprendedores, mejorar la sanidad pública, prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico…

Es más. De las 90 medidas firmadas por el gobierno de coalición que esta semana pondrá fin a cuatro décadas de poder socialista en Andalucía, 31 ya fueron refrendadas en 2015 cuando los protagonistas de la foto eran Juan Marín y Susana Díaz. Más de un tercio. Y con un condicionante extra: el limitado porcentaje de ejecución que suele acompañar tanto a los programas electorales como a los pactos de gobierno. En todas las escalas y con independencia de las siglas de quien coja el bastón de mando.

Con esta radiografía inicial sobre el "cambio histórico" que se hará efectivo esta semana, dando forma al primer ejecutivo de derechas en la única comunidad española que no había conocido la alternancia política en la actual etapa democrática, podríamos llegar a la conclusión de que da igual quién gobierne y que no importan las ideologías.

Y lo cierto es que tal reflexión no lleva más que al desencanto y a la frustración de asumir que no hay recorrido ni en las instituciones ni en los partidos para hacerlo mejor. O a la tranquilidad de creer que no podemos ir a peor y que no hay riesgo de regresión...

Es evidente que no es así. No tan dramático pero sí incierto. El "cambio" llegará de las medidas que diferencian los documentos suscritos estos días en Sevilla -las hay y con un impacto impredecible- y de la valentía, arrojo y capacidad con que el equipo de Juanma Moreno y Juan Marín sean capaces de trasladarlo a la estructura territorial provincial y al monstruo mismo que supone la Administración andaluza. Porque hablamos de ordenar una casa con más de 200.000 empleados públicos para una región con 87.000 kilómetros cuadrados y casi 9 millones de andaluces.

Habrá ideología, por supuesto, y lo veremos en temas sensibles como la igualdad, la memoria histórica, la sanidad y la educación. Y habrá guiños a la extrema derecha con acciones más o menos simbólicas desde las fiestas, los toros y la caza al apoyo de la familia y la natalidad.

Pero el cambio histórico de la foto no conlleva de forma implícita un cambio histórico ni en el funcionamiento, ni en la prestación de servicios ni en la gestión. Andalucía ha sobrevivido a 36 años de gestión del PSOE y lo hará a los que ejerza la derecha, tanto si se cumplen las previsiones de "estabilidad" que buscan el PP y Ciudadanos como si se confirma el "pato cojo" sobre el que alertaba el viernes Susana Díaz.

Suele hablarse del pragmatismo que impone el ejercicio del poder, de ese golpe de realidad que supone comprobar que es más fácil criticar que gestionar y que hay más grises en el día a día de una institución que los blancos y negros en que suelen moverse quienes ocupan la bancada de la oposición.

Aplicando ese mismo pragmatismo al momento político en el que nos encontramos, asumamos dos realidades interconectadas. Por un lado, que los cambios, más que históricos, serán limitados y calculados hasta que pasen las municipales. Por otro, que la envergadura del cambio (el de verdad) llegará en la medida en que el nuevo Ejecutivo sea capaz de evitar la distracción (y tentación) de perderse en la política de los Doritos. Porque levantar alfombras y fiscalizar no debería traducirse en una marea negra de sospechas ni en una campaña de tacticismo electoral en el que la Junta acabe siendo un instrumento para batallar en las municipales.

Pensemos en los clickbait: los lectores, los votantes, podemos caer una vez. Y dos. Y hasta tres… pero no indefinidamente. Y el efecto del boomerang es imprevisible.

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