La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha requerido al Ayuntamiento de Málaga para que paralice o anule la concesión pública para instalar una estación de micromovilidad, mediante la que una sola empresa controlará la instalación de estaciones y el alquiler de patinetes y bicicletas.

El organismo regulador cuestiona así la sustitución del sistema de licencias por el de concesión para instalar estaciones de micromovilidad.

Según ha informado este martes en un comunicado, hasta la fecha los operadores privados que disponían de licencia podían utilizar ciertos espacios públicos para ofrecer vehículos de movilidad personal, como bicicletas o patinetes.

Sin embargo, el Ayuntamiento "pretende sustituir el sistema de licencias por el de concesiones, diferenciando entre la instalación y el mantenimiento de las instalaciones y el arrendamiento de los vehículos".

Según la CNMC, se trata de un límite al acceso a la actividad económica, contrario al artículo 5 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM): una única empresa realizará dos actividades que hasta ahora desarrollaban varios operadores en libre competencia.

Además, esta restricción no ha sido fundada en ninguna de las razones imperiosas de interés general, indica.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha indicado que deberán estudiar la petición de la CNMC, pero considera que el pliego "cumple con la legalidad y con la libre competencia, se pueden presentar cuatro empresas, diez o cien a competir por él aunque luego la gestión sólo la lleve una".

El pliego que la CNMC ha pedido al Ayuntamiento que retire pretende que sólo una empresa se encargue del uso privativo del suelo de dominio público y uso público local para la instalación, mantenimiento y explotación de estaciones para la implantación de un sistema de micromovilidad.

La forma de hacerlo es una concesión del espacio público y se ha optado por un sólo paquete para que no se quede desierto el concurso en ningún distrito, aseguró el concejal de Movilidad, José del Río. Esto, según detalló Del Río no exime de la posibilidad de que otras empresas se instalen en la ciudad siempre que tengan aparcamientos privados llegando a acuerdos con el Puerto, hoteles u otro establecimiento. "No limitamos la circulación, sí la ocupación del espacio público", ha afirmado. 

Los pliegos aprobados contemplan un plazo tres años, prorrogable anualmente hasta un máximo de tres veces; y un canon mínimo, que se corresponde con el precio base de licitación, y máximo de 12.811,01 euros y 64.055,05 euros, respectivamente, por el despliegue, instalación y explotación del sistema de la red compartida de bicicletas y VMP en 907 metros cuadrados de suelo de propiedad municipal, que se distribuyen entre 50 localizaciones de los distritos Centro, Este, Cruz de Humilladero, Carretera de Cádiz y Teatinos.