Vicente C. Guzmán Fluja

Rector de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla

Posiblemente estamos desaprovechando una oportunidad como pocas para definir el rol de la universidad pública en España y en Andalucía. Los problemas y las urgencias del día a día para lograr la prestación razonable del servicio público de educación superior, manteniendo unos estándares aceptables de calidad en un contexto de grandes dificultades, nos ocupan prácticamente todo el tiempo y apenas nos dan respiro para levantar la cabeza, mirar el horizonte y diseñar las bases para un futuro mejor. Sin embargo, esta tarea, este esfuerzo, no puede esperar más: necesitamos determinar con urgencia qué sistema universitario y qué modelo de universidad necesitan España y Andalucía para el siglo XXI. Un sistema flexible y un modelo plural basado en la diversificación y la especialización, pero que no pierda de vista ni por un instante la esencia de la Universidad, y en nuestro caso de la universidad pública, como referente formativo e investigador superior llamado a transformar a mejor la sociedad y a aumentar el bienestar común e individual.

Pese a la mala, pésima en ocasiones, imagen que muchos se empeñan en asignarles, las universidades públicas han desempeñado un papel fundamental en los últimos 35 años contribuyendo al despegue y consolidación de la investigación básica y aplicada en nuestro país, dando formación superior de grado y postgrado a miles de jóvenes, trabajando bajo parámetros de calidad y, cada vez más, con rendición de cuentas, contando con un personal, docente, investigador y gestor que mejora su cualificación constantemente. No por ello debemos ser autocomplacientes, ya que es posible y necesario seguir trabajando en la mejora constante del sistema universitario público, eliminando disfunciones e ineficiencias, adoptando para ello una posición de rigurosa autocrítica. Sólo así se dará la base esencial para diseñar, construir y hacer avanzar un nuevo sistema universitario y un nuevo modelo de universidad.

Pueden apuntarse algunas claves que nos ayudarán a definir tanto el sistema como el modelo. Desde luego, una de ellas está en mantener el carácter predominantemente público de enseñanza superior, dado que encierra valores altamente positivos, como la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios, y garantiza unos niveles razonables de calidad en la formación, la investigación, la gestión que, además, están comprometidos socialmente, es decir, se actúa desde los valores democráticos para conseguir siempre unas personas más preparadas, más cualificadas, con un mayor grado de bienestar y una sociedad en continua transformación hacia mayores niveles de igualdad, justicia y prosperidad. Debe quedar claro que esto requiere trabajar codo con codo con otras instituciones públicas pero las universidades públicas deben también trabajar de manera más eficaz con el sector privado, haciendo que el papel de éste como impulsor de la economía contribuya al objetivo de mayor equidad, justicia y bienestar de personas y sociedad.

Otra clave importante es saber centrar adecuadamente los núcleos del debate que no pueden estar condicionados por cortoplacistas medidas de ahorro o austeridad, en todo caso coyunturales y destinadas a desaparecer. Esos núcleos de debate deben ser al menos cuatro: qué se entiende por Universidad en el siglo XXI y para qué debe servir; qué medios personales, materiales, organizativos, deben disponerse y proveerse para el adecuado funcionamiento de las Universidades y para que puedan cumplir su función; qué clase de gobierno deben tener para lograr la más afinada aplicación de los medios disponibles a la consecución de los fines marcados, y qué régimen de responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia debe imperar en las Universidades.

De momento, hay que apartar otros elementos que no sirven sino para distorsionar y sesgar el debate sobre sistema y modelo, por ejemplo el referido al número de universidades, que no es un problema ni en España ni en Andalucía, o el manido y manipulado tema de los rankings. Y hay que hablar con franqueza y valentía del mapa de titulaciones, la modernización de la oferta de títulos, la especialización formativa e investigadora, política de tasas y captación de estudiantes, y la optimización de la gestión, entre otras cuestiones capitales.

Estamos es un momento crucial que no permite aplazar más estas decisiones, debemos empezar a trabajar en ellas sin más dilación. Y no sería comprensible que la voz de las universidades públicas fuera relegada o ignorada, como tampoco entenderemos que sistema y modelo se definan unilateralmente por los responsables políticos aprovechando la crisis, la austeridad y los recortes como excusa para ello. Si fuera así, no duden de que todos perderíamos.