Los propietarios de viviendas irregulares en la Axarquía van a consultar a Naciones Unidas si la doctrina Parot se puede aplicar al decreto de la Junta de Andalucía que declara legales las licencias urbanísticas con carácter retroactivo concedidas anteriormente a la publicación de dicho acuerdo. La Asociación Save Our Homes in Axarquía (Salvemos nuestras casas) que integra a la mayoría de los propietarios afectados en el interior de esta comarca, tendrán una reunión la próxima semana para decidir si acuden al organismo internacional a raíz de la propuesta de un bufete de abogados de Málaga que está convencida de la "inconstitucionalidad" de la norma. Además, según explicó el portavoz de Soha, Mario Blancke, creen que las acciones ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas pueden ser más rápidas y menos costosas que las que ya han iniciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El objetivo es que el Decreto 2/2012 no se pueda aplicar con carácter retroactivo, lo que está obligando a muchos ayuntamientos, según expresó el también alcalde de Alcaucín, a revisar miles de licencias urbanísticas otorgadas con anterioridad a su publicación. "El nombre de la doctrina Parot nos suena a todos por el terrorista de ETA porque querían aplicarle de forma reiterativa una nueva interpretación de la Ley y el Tribuna Europeo falló a su favor. Y eso que estamos hablando de criminales, y nosotros no lo somos. Tenemos esperanzas para que la interpretación de la confirmación del Tribunal Supremo se pueda anular a través de instancias internacionales", comentó Blancke.

Durante los dos últimos años, este colectivo ha estado luchando tanto en los tribunales como en el Parlamento Andaluz y el Congreso de los Diputados para evitar la demolición de las viviendas en el no urbanizable de "los compradores de buena fe", y en caso de que ésta sea inevitable, "asegurarse la indemnización previa a la posible demolición de la vivienda". "Esta asociación se centra en la modificación de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, buscando el derecho a la prescripción de las viviendas que forman parte de una parcelación irregular", explicó el portavoz y alcalde de Ciudadanos al término de la IX reunión anual de este colectivo que aglutina a medio millar de residentes extranjeros y al que se han incorporado algunos españoles con los que comparten la problemática urbanística. En este sentido, Blancke aclaró que paralelamente al nuevo proceso que puedan iniciar con Naciones Unidas continuarán pendientes al proceso de modificación de la LOUA. "El anteproyecto de modificación de la LOUA que SOHA promocionó en el Parlamento Andaluz en septiembre de 2014 sigue sin aprobación definitiva a pesar del procedimiento de urgencia", lamentó el presidente del colectivo, Philip Smalley quien expresó su descontento, "no por la falta de colaboración de la Junta pero si por los plazos. Nadie puede entender esta tardanza".

El alcalde de Alcaucín acentuó también la discrepancia de SOHA con la disposición única transitoria que excluye de esta modificación a las viviendas donde ya recayó resolución administrativa. "Insistimos en cambiar esta disposición ya que vuelve a castigar a los municipios que actuaron con celeridad, beneficiando a los municipios que actúan con cierta dejadez", afirmó Blancke.

La última modificación aprobada por la Junta de Andalucía permitía la conservación de las viviendas en suelo no urbanizable que no estuvieran levantadas en suelos protegidos como pueden ser los parajes naturales o en las zonas de servidumbre de arroyos o del pantano de La Viñuela. Tampoco tenía aplicación para aquellas construcciones que ya tuviesen abiertos algún expediente administrativo o judicial.