De la comparecencia de la consejera de Salud en la comisión parlamentaria que iba a conocer el destino de las principales partidas presupuestarias de su departamento, se esperaban dos respuestas: la primera era saber si la cantidad destinada a Atención Primaria cumplía lo acordado con los sindicatos el pasado mes de mayo para poner fin a sus movilizaciones y la segunda si después de garantizar la estabilización de 5.100 sanitarios iba a prorrogar los contratos de los otros 7.000 que quedaban de los contratados durante la pandemia. Carolina García respondió afirmativamente a ambas, aunque no convenció a nadie que no lo estuviera antes de escucharla.

Sobre la Atención Primaria, la cifra acordada era de algo más de 3.500 millones de euros, que corresponde al 25% del presupuesto de la Consejería. García adelantó que la cantidad reflejada en las cuentas del próximo año asciende a 4.976 millones, o lo que es lo mismo, el 36% del presupuesto, algo que demuestra que “este Gobierno cumple sus compromisos y seguirá poniendo medidas allá donde se necesiten siempre que estén en su mano”.

La consejera aprovechó también para asegurar respecto a los más de 7.000 profesionales que quedan fuera del proceso de estabilización que “se renovarán sus contratos a partir del día 1 de enero, ya que vencen el próximo 31 de diciembre”, aunque también matizó que “no se van a estabilizar porque para ello necesitamos una Oferta de Empleo Público que todavía no se ha convocado”. Esa promesa se enmarca en el objetivo de la Consejería de conseguir “a finales del año que viene, la estabilización del 94% de toda la plantilla del Servicio Andaluz de Salud” que se recogen en las cuentas de su departamento.

Ayer se conoció que la estabilización de esos 5.100 profesionales, junto con el aumento salarial previsto para toda la plantilla del SAS (un 2,5% al que se sumará otro 0,5% del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI) llevarían a Salud a un aumento del gasto del 5,3% que incluso podría ser mayor si se tiene en cuenta el exceso de gasto del año en curso, todo ello a pesar de que éste sólo crece de una manera efectiva poco más del 3%. La consejera insistía una y otra vez en comparar el presupuesto del año que viene con lo ocurrido en 2018, cuando “se echaron a la calle a 7.733 profesionales. Ahora, la diferencia es más que notable”.

Otra de las novedades que la consejera de Salud desveló durante su comparecencia en la Cámara andaluza, fue a raíz de una cuestión de la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, en la que se le pedían avances para incorporar el hospital del Aljarafe y el de Villamartín al sistema público de Salud. García reconoció que la Consejería “está trabajando ya en ambos asuntos”. “Se acaba el acuerdo de Aljarafe, en el que estamos trabajando y estudiando, porque ya no cumple la legalidad, hay que cambiarlo y tomar decisiones. Vamos a dar soluciones y estamos estudiando tanto Cádiz como ese convenio con Aljarafe”, señaló la consejera.Además, destacó las inversiones en infraestructuras que abarcan a todas las provincias y que llegan a los 557 millones de euros “un 334% más que en el año 2018.

Por lo demás, coincidencia (salvo el PP cuya portavoz Beatriz Jurado respondió a las acusaciones de privatización acusando a quienes las realizan de “mentirosos”) en poner de manifiesto el deterioro de la salud pública y la cada vez mayor dependencia de los recursos de la privada para sufragar parte de los servicios no prestados por los recursos propios, algo que ha sido negado en repetidas ocasiones por la consejera que, como análisis final mostró su convencimiento de que “la sanidad andaluza está mucho mejor que en el año 2018, cuando gobernaban los socialistas que escondían a más de un millón de andaluces en los cajones”.

La crítica más contundente entre la posición llegó desde la representante del PSOE, María de los Ángeles Prieto, quien aseguró que los presupuestos de Salud “agrava las listas de espera, debilita la sanidad pública y fortalece la privada. Faltan a la verdad y están manipulando. Frustran las expectativas de profesionales y ciudadanos. Y son muy pocos transparentes con las cuentas públicas”. Por su parte, el médico y portavoz de Vox, Rafael Segovia, coincidió con el mal diagnóstico ya que, a su juicio a pesar “de que se dedica el doble de la cantidad que el gobierno socialista en 2018, no se corresponde con una mejoría significativa del sistema”.

Inma Nieto de Por Andalucía acusó a la consejera de “falta de diligencia en la gestión, por lo que los problemas se agudizan” y puso como ejemplo que “los tiempos que establecen como objetivos son los mismos que el año anterior, la misma demora para las pruebas diagnósticas, para las intervenciones quirúrgicas y para que te vea el especialista”. Maribel Mora de Adelante Andalucía se centró en poner de manifiesto que “se prevén mayores derivaciones a la sanidad privada” y en criticar que “el gasto de personal desciende en dos puntos sobre el total del presupuesto”.

Diputados participantes en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía durante su sesión de ayer.