Solicitan al Ayuntamiento de Algeciras que conceda el permiso "a la mayor brevedad" y cobre las tasas correspondientes. El inmueble fue declarado en ruinas en 2007 y desde entonces está pendiente su demolición; la licencia se pide para el proyecto presentado en 2008.

Consistorio y empresa alcanzan un acuerdo para abonar la sentencia a favor de la compañía por la disolución de la concesión del parking. Con este consideran saldadas todas las deudas pendientes y se comprometen a no seguir recurriendo.

Reclaman al TSJA que exija la ejecución de la sentencia tal y como ya ordenó hace cinco años. Consideran que no cabe plantear ahora de nuevo la imposibilidad de ejecución material de la demolición.

El TSJA tendrá que decidir si el proyecto de demolición parcial del aparcamiento presentado por el Ayuntamiento de Algeciras es válido o no. La comunidad del edificio Escalinata apoya un derribo parcial siempre que sirva para recuperar el espacio monumental anterior sobre la parte que quede en pie. Los propietarios del Atlántida mostraron su oposición a que se mantuviese parte de la estructura.

La empresa adjudicataria de la redacción de proyecto de derribo alega que no es posible demoler el parking por completo "sin provocar graves daños" en los edificios colindantes. La comunidad de propietarios del Atlántida reclama al juez que mantenga la postura anteriormente expresada: la demolición debe ser total.

Los grupos políticos aprueban por unanimidad el expediente de solicitud del cierre, cinco años después que la sentencia que obliga a ello. El Ayuntamiento cede una parcela de 1.700 metros cuadrados a la Junta para un centro de emprendimiento.

El proyecto se ha adjudicado a la segunda oferta mejor valorada después de que la primera rechazase el contrato. Los socialistas alertan del rechazo de Nautagest a abonar la mitad de los 1,3 millones pagados como compensación a los propietarios del edificio Escalinata de Murillo.

El estudio jiennense ha presentado la oferta más económica para la redacción del proyecto y dirección de obra del derribo, menos de la mitad del precio de salida de la licitación.

Una de ellas incurría en baja temeraria y se ha requerido al aspirante con mayor puntuación que acredite que puede cumplir el contrato.

La nueva licitación de la redacción del proyecto llega cuatro años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaminase la demolición. El adjudicatario anterior alega la "complejidad técnica" para la no ejecución del contrato, que se resuelve sin penalización en su contra.