El abogado argumenta que la ex consejera de Economía y Hacienda tuvo "menos información" que el Parlamento andaluz sobre el modelo de la gestión de las ayudas.

Considera que el ex consejero ha pasado de ser "sólo investigado" a un "culpable seguro ante la opinión pública".

La defensa sostiene que no prevaricó porque el Parlamento andaluz conocía "perfectamente" el destino de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas y esta herramienta era "legal".

El abogado del ex consejero reprocha a la Fiscalía el "golpe añadido" con su alusión a que pretendió incluirse en la póliza de los ex trabajadores de González Byass.

La defensa de la ex consejera niega la tesis de los peritos de que se engañó a los parlamentarios porque éstos conocían que las transferencia de financiación eran "legales" e iban dirigidas al pago de las ayudas sociolaborales.

La defensa del ex consejero de Empleo critica que Alaya "impidió" que se les preguntara a los peritos de auxilio judicial sobre el supuesto desconocimiento del sistema empleado por parte de la Intervención delegada.

Sostiene que las ayudas estaban amparadas por la orden del Ministerio de Trabajo de 1995, que debe entender como la "legislación de referencia" para la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas.

La defensa rechaza el delito de prevaricación, ni siquiera por omisión, dado que "se actuó cuando se tuvo ocasión de actuar".

Denuncia que la instrucción viene lastrada por errores y equívocos hasta alumbrar la tesis de que "se ha intentado que la realidad no estropeara un buen proceso". Considera que se ha atacado a la independencia del tribunal, como cuando Rajoy se refirió en el debate de la moción de censura a la "sentencia de los ERE" generando en la sociedad un "prejuicio de culpabilidad" sobre este caso.

El juicio de la “pieza política” de los ERE, del que ya se han celebrado 130 sesiones, se prolongará hasta después del 2-D.