Este jueves han prestado declaración en los Juzgados de San Fernando los trabajadores de la Empresa Municipal de Suelo Isleña (Esisa) que estaban citados en calidad de investigados a raíz de la denuncia presentada en 2021 ante la Fiscalía por la que fuera delegada de Urbanismo y presidenta del consejo de administración, Claudia Márquez, que dio lugar a la apertura de diligencias previas. 

Se trata de un paso clave en la instrucción después de que en el pasado mes de enero declarara también la propia edil socialista, que finalmente figura en el proceso en calidad de testigo y no personada como acusación. 

Los hechos que se investigan se relacionan con la concesión de las ayudas de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) para la rehabilitación de los bloques de la barriada Bazán y, especialmente, al papel ejercido por Esisa a la hora de asesorar a las comunidades de propietarios en virtud de la encomienda de gestión que recibió por parte del Ayuntamiento de San Fernando para coordinar la gestión de las subvenciones y asegurarse del cumplimiento de los plazos y de todos los trámites relacionados con el programa para evitar que se pudieran perder las citadas ayudas.  

La denuncia presentada en Fiscalía por Claudia Márquez, que a su vez era la presidenta de la empresa municipal, se realizó antes de que se liberaran los fondos europeos, durante los trámites previos a la puesta en marcha de las obras y derivó en la apertura de un proceso que implicó tanto a la propia Esisa como a sus trabajadores. 

Precisamente, este jueves -justo antes del pleno ordinario- se ha convocado en el Ayuntamiento isleño una junta general de la Empresa de Suelo Isleña en cuyo orden del día se incluye el "cese" de Claudia Márquez como presidenta del consejo de administración, algo que a raíz de la sucedido se había reclamado con insistencia desde la oposición por parte de PP y AxSí y que también habían solicitado los consejeros de Esisa designados por sendos partidos. 

El cese, no obstante, se acomete tras la reordenación del gobierno municipal que la alcaldesa, Patricia Cavada, aprobó el pasado Miércoles Santo ante la deriva que había tomado otro tema relacionado con la edil Claudia Márquez, el de las obras que lleva a cabo en su casa, que ha motivado la apertura de otro proceso judicial, y ante la intención expresada por la propia concejala de recurrir en un contencioso los últimos informes suscritos por los técnicos municipales. Una situación que ha provocado su salida de Urbanismo y, por ende, también como presidenta de Esisa. 

En el pasado mes de febrero, no obstante, dada la implicación de Claudia Márquez en el proceso de Esisa, se aprobó un decreto en el que la edil se abstenía de la gestión de las ayudas de la ITI para la rehabilitación de las viviendas de la barriada Bazán, función que asumía entonces su compañero de gobierno, Conrado Rodríguez.

Al frente de Esisa como presidenta del consejo de administración se situará ahora María José Foncubierta, la edil que la ha sustituido también en el área de Desarrollo Urbano y a la que se ha puesto al frente de la concejalía específica de Vivienda.