Mano dura. El Ayuntamiento ha desplegado todo su arsenal sancionador por la alteración de la fachada de la antigua Joyería Ruiz, en la calle Sierpes. Después de que este periódico publicara que las obras del nuevo comercio habían ocultado la bella decoración de la fachada diseñada por el arquitecto Ricardo Espiau, la actuación realizada por el servicio de Licencias e Inspección Urbanística de la Gerencia ha decretado la paralización inmediata de las obras al no contar con licencia alguna, y ha ordenado la restitución de la realidad alterada. El Ayuntamiento ha señalado que tanto los promotores como las empresas suministradoras del establecimiento se enfrentan en caso de desobediencia a sucesivas multas de 5.000 euros cada diez días y a una sanción de hasta 120.000 euros.

El Ayuntamiento de Sevilla lleva tiempo realizando inspecciones en las zonas más comerciales para evitar que los locales incumplan la normativa. En este caso, ha sido tras la denuncia realizada en redes sociales por el pintor y escultor Ricardo Suárez, de la que este periódico se hizo eco en un primer momento. La Gerencia de Urbanismo quiere dejar claro que no hay lugar para atentar de este modo contra el patrimonio de la ciudad, por lo que ha realizado las oportunas visitas al local para comprobar las irregularidades cometidas.

Tras la inspección realizada este lunes se ha constatado que en el local se estaban realizando obras en su fachada que no se correspondían con el contenido de la Declaración Responsable presentada el 29 de julio y que se limitaba a actuaciones menores exclusivamente en el interior del establecimiento para adecuarlo a su nuevo uso comercial. En ningún caso podían extenderse a la fachada de un inmueble encuadrado en el Plan Especial de Protección del Sector 8.3 El Duque-El Salvador del PGOU, y que protege en concreto fachadas, crujías, acceso a tienda, escaparates, rótulos y zona de venta con mobiliario compuesto por muebles, vitrinas, mesas, mostradores y sillas.

El local de Siepres 68 con sus valores patrimoniales alterados.

La inspección de Urbanismo, que sucede a la que el viernes pasado realizó la Policía Local, según informó el Ayuntamiento, verifica que la fachada ha sido pintada de color claro y los rótulos publicitarios originales protegidos han sido eliminados. Sobre el interior no ha sido posible realizar comprobaciones, al estar el local cerrado. En consecuencia, Urbanismo ordena que se tomen las medidas que sean necesarias para adecuar la realidad a la ordenación urbanística, reconstruyendo la parte de la edificación protegida afectada por las obras conforme a los criterios de protección que establece la Comisión de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, estableciéndose un plazo de 10 días para el inicio y 20 para su plena ejecución.

Se requiere, asimismo, al interesado para concretar una visita de inspección al interior del local para evaluar el alcance de las obras. La desobediencia en la paralización o suspensión supondrá la imposición de sucesivas multas equivalentes a un 10 por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso, de un mínimo de 600 euros y un máximo de 5.000 euros por periodos de 10 días. Esta imposición de sucesivas multas sólo se interrumpirá si el interesado traslada a la Gerencia el cumplimiento de la orden de paralización.

La anterior fachada del local.

Asimismo, se apercibe al interesado de que el incumplimiento de las medidas adoptadas por Urbanismo supondría una infracción urbanística calificada como muy grave y dar lugar a una sanción de hasta 120.000 euros. La orden de paralización implica, además, que las empresas de suministros deberán suspender en el plazo de cinco días las entregas a este local, bajo amenaza también de sanciones coercitivas como mínimo de 600 euros y máximo de 5.000 por periodos de 10 días consecutivos. De la resolución tanto para los gestores del establecimiento del local como para las empresas de suministro se ha dado traslado a la Policía Local a fin de velar por su cumplimiento.

“Las Declaraciones Responsables son un instrumento que agiliza a las empresas y los emprendedores la ejecución de obras y, en consecuencia, reduce la espera y las tramitaciones administrativas y facilita la inversión. Pero este instrumento no puede ser pervertido hasta el extremo en el que se ha llegado en este establecimiento de la calle Sierpes, afectando a elementos patrimonialmente, de ahí la contundencia con la que se ha actuado por parte de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en coordinación con la Policía Local”, ha señalado el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores.

Todo este proceso abierto al establecimiento comercial no es incompatible con otro sancionador, independientemente de las multas coercitivas recogidas en la resolución de Urbanismo, ha recalcado el Consistorio en su nota.