Una vez que Rey, Gobierno y Cortes se encontraron tras los muros de la ciudad a partir del 15 de junio de 1823, Cádiz prácticamente sola y sin ninguna ayuda externa, se disponía a hacer frente a un asedio cuyas perspectivas no eran nada prometedoras. Tan es así que, todavía hoy, nos preguntamos qué esperaba el régimen liberal de una situación tan comprometida y que lo convertía en causa imposible de defender.

También podría ser una incógnita, aunque no tanto, saber la actitud de la población ante el hecho de tener que sufrir un nuevo sitio, por más que se quisiera levantar el ánimo de los gaditanos y recurrir al recuerdo de glorias pasadas. Buen ejemplo de ello fueron los solemnes actos conmemorativos en recuerdo de las primeras víctimas de la invasión francesa, como señalaba el Diario Mercantil de 26 de junio. En principio, se estaba ante los mismos supuestos de la anterior Guerra de la Independencia, esto es, la resistencia popular dentro del reducto gaditano y la espera de alguna ayuda por parte de Inglaterra. Factores, todos ellos, muy a tener en cuenta si no fuera porque ahora las circunstancias eran bien diferentes y la desmoralización grande, sobre todo entre los jefes y oficiales de la guarnición. Buena parte de este pesimismo se originó con motivo del sorteo de 425 hombres para el defensa comprendidos entre los 18 y 40 años, registrándose las protestas de los voluntarios, ya licenciados de la anterior guerra, y que volvieron a ser incluidos en el servicio. Incluso de aquellos que habían servido como oficiales, sargentos y cabos, movilizados en esta ocasión como simples soldados.

De particular impacto fue el suicidio del ministro del Ejército, Estanislao Sánchez Salvador, ocurrido el 18 de junio, sin duda abrumado por los problemas y el cariz que iban tomando los acontecimientos. Para colmo, surgieron bulos por doquier, afirmándose que el general Ballesteros, uno de los militares liberales más destacados, había muerto y que el guerrillero absolutista Pedro Zaldívar se hallaba cerca. También se habló de la firma de un tratado secreto, mediante el cual Francia se anexionaría España de inmediato.

Estado de sitio

Con carácter urgente se adoptaron una serie de medidas tendentes, algunas de ellas, a crear un clima de solidaridad entre la población y los diferentes organismos oficiales, invitándose al vecindario a que concurriese a los trabajos de las fortificaciones, tanto de la plaza como de los puntos inmediatos, ya fuera de forma personal o bien pagando un jornal. Incluso se autorizó a los generales en jefe de los diferentes ejércitos a procurarse recursos extraordinarios para mantener las tropas. También se procedió a la renovación del Gobierno que, entre otras tareas inminentes, trató de organizar las tropas leales, pocas ya, que quedaban en el resto del territorio español, destituyendo a todo general que propusiera entablar conversaciones con los franceses.

Asimismo, se extremaron las medidas concernientes a la salud pública, en unos momentos en que no sólo importaba ya la presencia de la familia real junto al Gobierno, sino por las propias circunstancias del sitio, pues una epidemia dentro del recinto gaditano podía resultar fatal. En consecuencia, se acordó reunificar la Junta de Sanidad de la Provincia con la Municipal, aunque, de hecho, ya funcionaban conjuntamente, al tiempo que se suspendían todos los derechos y garantías constitucionales a quienes “ por notoriedad o datos indudables siguieran el partido enemigo”. También se anuló la ley de 27 de noviembre de 1822, al prohibirse las reuniones en las que se discutieran materias políticas. Los posibles agentes y espías fueron objeto de especial preocupación, autorizándose a las autoridades políticas y militares “ para hacer salir de sus respectivas demarcaciones o del territorio español a cualquier extranjero que inspire sospecha y que no tenga misión pública o agregación a ella”.

Tal fue el celo con que se llevaron a cabo estas medidas, que hasta se prohibió que nadie transitara por la ciudad sin llevar pasaporte o pase militar y el uso de condecoraciones del gobierno francés, así como las reuniones de cofradías y hermandades religiosas que no tuvieran por objeto “el instituto de su función”. De todo ello no se libraron hasta personajes como el mariscal John Downie, aquel escocés extravagante y quijotesco, que en la Guerra de la Independencia había organizado la llamada Legión Extremeña y que por sus ideas absolutistas se hizo altamente sospechoso.

Por su parte, las autoridades municipales dispusieron también una serie de medidas, siete en total, en las que se traslucía, más que el afán de buscar una clara efectividad, sí, al menos, la preocupación por crear un clima de confianza y seguridad entre los ciudadanos, prohibiéndose al personal civil la tenencia de armas e imponiéndose penas severas a quienes formasen corrillos y difundieran noticias que contribuyesen a la confusión y el desorden. En el fondo, se vislumbraba también la idea de una movilización total, dado que se llamaba al servicio de barrio a grupos de ochenta y noventa vecinos que no estuvieron previamente enrolados ni en el Ejército ni en la Milicia Nacional, lo cual presupone que eran muy pocos los que, en realidad, podían quedar totalmente libres del servicio en los momentos de esta llamada.

Mendizábal y el abastecimiento de la ciudad

Dentro de esta confusión, donde la causa constitucional daba sus últimos estertores en lo que podemos considerar como una especie de huida hacia adelante, aparece una figura clave que puso todo su arrojo y talento al servicio de dicha causa.

Nos estamos refiriendo al gaditano Juan Álvarez Mendizábal, quien, aunque ha pasado a la historia por su célebre y controvertida Desamortización de 1835, lo cierto es que, tras participar en la Guerra de la Independencia donde cayó prisionero en dos ocasiones, pasó a avituallar al Ejército de Andalucía en 1819. Esta labor le permitió no solamente hacer negocio, sino también entablar contacto con los conspiradores, siendo uno más de ellos. Asociado al banquero Vicente Beltrán de Lis, jugó un destacado papel en el éxito de la Revolución de 1820, a la que ayudó financieramente en plena sintonía con aquél. Curiosamente, una vez triunfante el cambio de régimen, no desempeñó ningún cargo político durante el Trienio Liberal, ya que siguió dedicado a sus actividades mercantiles.

Juan Álvarez Mendizábal.

Con Cádiz ya como último reducto del constitucionalismo español, recibió el encargo del jefe del Gobierno, José María Calatrava, de ocuparse no solo de las necesidades de la guarnición, sino también de la puesta al día de las defensas de la ciudad y, por si fuera poco, del propio aprovisionamiento de la población civil. Para ello se contaba con los fondos depositados en Londres por Justo Machado, que había sido cónsul de España en París. Un montante total de 40 millones de reales, procedentes de las compensaciones que Francia debía pagar a España con motivo de la anterior Guerra de la Independencia. Sin embargo, muchas de las letras giradas serían protestadas desde la capital británica, teniendo que responder el mismo Mendizábal con su capital. Era patente la inacción de Machado, objeto de toda serie de sospechas y especulaciones, que trataba de justificarla por motivos de índole técnica.

Así pues, con sus negocios en un segundo plano, se dedicó plenamente a todos estos cometidos, depositando gran parte de su confianza en un competente y experimentado militar, el coronel José Grases, que urgentemente mandó fortificar las posiciones del Trocadero y del castillo de Puntales, ambas de vital importancia estratégica.

Asimismo, se decidió dar el mando de un ejército a Rafael del Riego para contactar con algunos focos de resistencia liberal en la parte costera de las provincias de Málaga y Granada; aunque, por las impresiones que nos deja Alcalá Galiano, más bien puede interpretarse esta medida como un deseo del Gobierno de quitarse de en medio a un personaje que se encontraba en un abierto y poco disimulado enfrentamiento con las autoridades gaditanas y “cuya inquietud era imposible de contener”.

Gran sorpresa, en cambio, produjo la decisión del Rey de acudir personalmente a la clausura de las Cortes correspondientes a la legislatura de 1822 y 1823, si tenemos en cuenta no sólo la aversión del monarca a este tipo de actos, sino porque, durante su estancia en Cádiz, apenas asistió a ningún acto oficial, salvo los estrictamente desarrollados cuando su llegada. Así el 5 de agosto, en una sesión que por las difíciles circunstancias no podía tener la solemnidad acostumbrada en estos casos, Fernando VII leyó su discurso en el que empezaba haciendo alabanzas de la resistencia que se estaba llevando a cabo por un pueblo que veía invadido su suelo “con la más inaudita alevosía por un enemigo pérfido”. De ahí pasó a elogiar a las Cortes, por “la sabiduría y patriotismo “de que hacían gala, y al gobierno, que “jamás perdería de vista el respeto que se debe a la libertad de los españoles “.

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, no solamente económicos, tras la caída de la posición del Trocadero a finales de agosto, las perspectivas de mantener con éxito el sitio se fueron haciendo cada vez menores y el constitucionalismo acabaría claudicando ante el empuje del duque de Angulema y la connivencia del Rey. Así pues, en la noche del 30 de septiembre con el monarca ya libre de las ataduras constitucionales y viéndolas venir, Mendizábal, que sería condenado a muerte en rebeldía, salió precipitadamente de Cádiz con parco equipaje y en compañía de un criado con destino a Gibraltar, desde donde embarcaría rumbo a Inglaterra.

No volvería a España hasta 1834, ya fallecido Fernando VII, requerido por el conde de Toreno.