Tras la caída de Cádiz, último bastión entonces del constitucionalismo español, el 30 de septiembre de 1823, tuvo lugar de inmediato el segundo gran exilio político de nuestra historia, habida cuenta que el de los “afrancesados” y un pequeño grupo de liberales en 1814 es considerado el primero. Desgraciadamente, a ellos seguirían otros más en nuestro azaroso devenir contemporáneo.

Solo los auténticos conocedores de las intenciones de Fernando VII en aquellos días finales del Trienio Liberal, sabían que cualquier promesa de perdón sonaba a cínica falsedad. La realidad no tardaría en imponerse y el 1 de octubre de 1823, libre de sus “ataduras” constitucionales, desde El Puerto de Santa María, nada más llegar, declaraba “nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional”. Al tiempo desató una fuerte represión contra los elementos liberales provocando un precipitado exilio en buena parte de ellos. Aunque las autoridades francesas, siempre recelosas de Fernando VII, le obligaron a que dictara un “indulto y perdón general” en 1824, en la práctica quedó en papel mojado al resultar muy restringido por tantos requisitos y rebuscadas cortapisas.

En consecuencia, todo ello provocó este exilio liberal que, según cálculos aproximados, comprendió a unos 20 000 españoles, considerados poco menos que traidores al Rey. En torno a un 70% hallaron en Francia su nuevo país de acogida, el resto fue a Inglaterra y, en menor medida, a Portugal. Al primero pertenecen un buen número de militares, ya prisioneros de atrás, pero que prefirieron no volver a España, así como funcionarios de tipo medio. En el segundo, se exiliaron importantes cargos públicos y relevantes figuras liberales, lo que le otorgó un mayor peso cualitativo, unido a que el gobierno británico no solo los vio con buenos ojos, especialmente el Primer Ministro Canning, sino que destinó una cierta suma de dinero para socorrerlos.

En cuanto al clero más o menos disidente podemos referirnos más bien a un exilio interior, siendo objeto de reclusiones y severos tratos en conventos y abadías. Se daban casos en que bastaba para su castigo el no haber hecho en aquellos años ninguna alusión, ni siquiera ya favorable, a la Constitución. El caso más flagrante, en cambio, se dio en el vecino Portugal, donde se hallaba refugiado el sacerdote Diego Muñoz Torrero, uno de los grandes artífices de la Constitución de 1812, que tras ser propuesto para Obispo de Guadix durante el Trienio, la Santa Sede no dio su consentimiento. Tras degradantes maltratos y torturas, fue asesinado a instigación de Fernando VII el 16 de marzo de 1829 en la fortaleza de San Julián de Barras.Respecto a los liberales gaditanos, tres de ellos, Antonio Alcalá Galiano, Juan Alvarez Mendizábal y Francisco Javier de Istúriz, que tuvieron un gran protagonismo en la Revolución de 1820 y a lo largo del Trienio Liberal, sufrieron esta represión y el consiguiente exilio.

Juan Álvarez Medizábal.

Penurias e inquietudes políticas

Cuando Antonio Alcalá Galiano presenció la corta travesía de Fernando VII por la Bahía camino de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1823, negros presagios nublaban su mente, consciente de que la dura represión del Rey no tardaría en llegar. No solo fue uno de los conspiradores más significados en el triunfo de la revolución liberal, sino que en los tres años siguientes desplegó una gran actividad política al servicio de la facción más radical, hasta el punto de proponer la suspensión del Rey en sus funciones el 12 de junio. Motivo este último más que suficiente para que el monarca lo declarara reo de “lesa majestad” y lo condenara a la horca.

Así pues, el 3 de octubre, en compañía de Ángel Saavedra, futuro Duque de Rivas, partió en Cádiz rumbo a Gibraltar donde permaneció un mes hasta poder embarcar para Inglaterra. Llegó a Londres el 28 de diciembre de 1823 y, según anota en sus Memorias, allí paso días “no desagradables”, alternando “con otros de pobreza y de humillación consiguientes a la necesidad”. Con todo, los españoles exiliados en Londres habían constituido un “Spanish Committee” para conseguirse auxilios y contactos mutuos, si bien, con cierto orgullo displicente, Alcalá Galiano nos cuenta como llegó a rechazar la ayuda de Inglaterra, corta, pero suficiente como para “sacarnos de la pobreza”, buscando su subsistencia en lecciones y artículos para la prensa. Justificaba este rechazo como señal de protesta por la inhibición inglesa cuando España fue invadida por el Duque de Angulema. Tras la caída en Francia de Carlos X, se instaló en París y luego en Tours, donde pasó “de los buenos días de mi vida”, para posteriormente, con la ayuda económica de Mendizábal, logró regresar a España e instalarse en Madrid en 1834. Curiosamente, su nombre aparece en lugar destacado, junto al de relevantes figuras alusivas a la Constitución de 1812, en el monumento a las Cortes de nuestra Plaza de España, aunque lo cierto es que nunca fue diputado, pues entonces era un joven que no tenía la edad mínima exigida para serlo.

Antonio Alcalá Galiano.

Por su parte, Francisco Javier de Istúriz, heredero político de su hermano Tomás, diputado por Cádiz en 1820 y muerto prematuramente en ese mismo año, había sido miembro de la Diputación Provincial de Cádiz cuando la Revolución. Decidido librecambista y del partido exaltado, fue diputado a Cortes en la legislatura 1822-1823 y uno de los más firmes partidarios de votar por la inhabilitación temporal del Rey cuando en Sevilla Fernando VII se negó a continuar su viaje a Cádiz en junio de 1823. Condenado a muerte, tuvo que salir precipitadamente de Cádiz el 2 de octubre para su exilio en Inglaterra, donde fue uno de los pocos españoles que menos necesidades económicas pasó, hasta el punto de acoger en su casa de Londres a Antonio Alcalá Galiano y a su hijo en 1825 durante siete meses. Ambos, además, concurrían con cierta frecuencia en el domicilio de Agustín de Argüelles, erigido ya, de hecho, en el decano del Partido Liberal. También acudían otros destacados liberales como José María Calatrava, Cayetano Valdés y Gil de la Cuadra, entre otros.

Entre los negocios y la conspiración

Juan Álvarez Mendizábal, que con su arrojo y entusiasmo fue uno de los pilares fundamentales en el éxito de la Revolución de 1820 (estuvo a punto de disfrazarse de general para arengar a las aún indecisas tropas), no ostentó cargo político alguno durante el Trienio Liberal. Dedicado a sus negocios, se encargaría del abastecimiento de un Cádiz lleno de penurias en aquel dramático verano de 1823, con la ciudad asediada por las tropas de Angulema.

Condenado a muerte en rebelión, se trasladó a Londres a finales de 1823 y, llevado por su instinto comercial, emprendió pronto un negocio que le resultó ruinoso, acumulando una deuda de 2.500 libras, lo que le supuso una condena de seis meses de cárcel al no poder hacerle frente. Aún así consiguió reponerse, dedicándose a la importación de vinos españoles, tan cotizados en Gran Bretaña, especialmente los de Jerez, a través de una empresa familiar, Antonio Álvarez y Cía, que a su vez también lo reexportaban a la India. Es creencia común que, gracias a su iniciativa, algunos de estos vinos llegaron a la mesa del Rey Guillermo IV en Windsor, así como a un buen número de familias aristocráticas.

Al tiempo, Mendizábal pleiteó con el cónsul Justo Machado a cuenta del depósito de 40. 000.000 de reales que custodiaba en concepto de reparaciones que Francia debía pagar a España como consecuencia de la anterior Guerra de la Independencia. Tejió una elaborada red de contactos que no solo les fueron útiles para sus negocios, sino también para sus continuas conspiraciones políticas que le llevaron dos veces a París entre 1828 y 1830. Ayudó a financiar buena parte de la fallida expedición de Vera y también a los liberales lusos en la guerra civil de Portugal. Estas actividades se extendieron luego a Bélgica con motivo de su guerra de la independencia y en la que no fue ajeno el isleño Juan Van Halen.

El anhelo de un pronto regreso

A partir de 1830 muchos de ellos, intuyendo un próximo cambio político en España, dejaron Londres para recalar en Francia. Así lo presagiaba entonces un Fernando VII enfermo y cada vez más desbordado por las distintas intrigas políticas en su entorno. Entre los emigrados españoles en aquellos años londinenses siempre llamó la atención la ilusoria creencia de Istúriz, a todas vistas carente de fundamento, de tener constantemente preparadas las maletas pensando en que pronto volvería a España.

Sin embargo, una vez fallecido Fernando VII en 1833, fue con la amnistía de 1834 decretada por la Reina María Cristina y con la tímida apertura liberal que supuso el Estatuto Real, cuando todos ellos regresarían a España siguiendo en años siguientes sus respectivas y relevantes carreras políticas. En este cambio no fueron ajenos antiguos liberales de las Cortes de Cádiz, como Martínez de la Rosa o conservadores reformistas como Cea Bermúdez o Javier de Burgos. Mención aparte merece el científico cordobés Juan Manuel de Aréjula, estrechamente vinculado a Cádiz, donde jugó un papel fundamental en las letales epidemias de principio del siglo XIX y que luego participaría muy activamente en el bando liberal. Tras la posterior reacción absolutista también se exilió en Londres vía Gibraltar, viviendo, como las mayoría de los liberales españoles, en el barrio de Somers Town. Aunque siempre atento a lo que ocurría en España y en continuo contacto con ellos, nunca regresaría, pues, si bien el embajador de España en Londres, le propuso su vuelta en 1830, la muerte le sorprendería el 20 de noviembre de ese mismo año. Fue enterrado en el londinense cementerio de Saint Pancras.