La instructora apunta que, en caso de que los hechos fueran "ciertos", cosa que descarta, sólo podrían constituir una "incorrección política" pero nada en la jurisdicción penal. El "celo contable" de Fitonovo destapó las mordidas.

La instructora no se ha pronunciado aún sobre la petición de la Fiscalía de que declare un empleado del restaurante Princi.Pico.

Solicita a la juez que prorrogue la investigación por otros seis meses.

La defensa señala que la formación política está utilizando la investigación penal para obtener "réditos políticos": el cese del concejal. Reitera que el informe de la Policía Local ha dejado claro que el concejal "no promovió ni sugirió" ninguna actuación policial, ni tampoco pronunció insultos racistas en el restaurante.

El concejal se identificó por su cargo de delegado de Gobernación, pero el testigo no puede precisar si lo hizo para "demostrar autoridad o porque conocía la normativa Covid".

Aporta al juzgado la declaración en vídeo del camarero que atendió al delegado de Gobernación y que, según la formación, confirma todos los aspectos denunciados.

Asegura que es "falsa" la afirmación del mando policial respecto a que el dispositivo policial se activó tras una llamada al 112.

La formación recuerda que el alcalde ya impidió la comparecencia del delegado y asegura que no hay razones legales para que vuelva a suceder.

El presidente del partido en Sevilla, Javier Cortés, dice que la actuación policial se inició "por la llamada de Cabrera y no por la posterior al 112".

El jefe de la Policía Local, José Medina Arteaga, informa al juzgado que el servicio se activó por una llamada al 112 en la que se alertaba de que había "más de 1.000 clientes" en el local y no se atendían las quejas. La actuación se desarrolló "dentro de la normalidad" y "no acudieron más dotaciones de las contempladas en la práctica diaria".