La comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia en pandemia celebra la próxima semana su segunda jornada de comparecencias y ha decidido poner el foco en un 'caso mascarillas' que afectó a la Diputación de Almería, para lo cual se va a recabar el testimonio de dos cargos políticos del PP cuya presencia han reclamado el PSOE y Sumar.

Tras una primer día dedicado a un examen general de la contratación covid, con la presencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y el entonces ministros de Sanidad, el socialista Salvador Illa, el Congreso mira ahora a la Diputación Provincial de Almería.

En concreto están citados este martes al actual vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, el 'popular' Fernando Giménez Giménez, y a Óscar Liria, que fue vicepresidente tercero de la institución y que está investigado por el cobro de mordidas por la adjudicación de contratos fraudulentos de material sanitario.

Liria, que fue destituido y expulsado del partido tras su detención en 2021, habría cobrado entre 200.000 y 400.000 euros en comisiones ilegales. De su lado, Giménez Giménez está señalado como quien propuso contratar con la trama.

Y HAY MÁS IMPLICADOS EN LA LISTA

La comisión de investigación también prevé llamar, aunque aún no ha fijado fecha, al actual presidente de la diputación, Javier Aureliano García Molina, así como al grueso de implicados en el entramado investigado por la Justicia, del que forman parte varios familiares de Óscar Liria.

Es el caso de su hermano Francisco Jesús Liria, administrador de Corpfam Global Investment, una de la empresas que la trama habría utilizado para blanquear el dinero de las mordidas y de su tío, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, cuyo hijo, Rodrigo Sánchez, estaría al frente de otras dos empresas pantalla.

La comisión también tiene aprobadas las comparecencia del empresario Kilian López y de su tía Hortensia López Moreno, excuñada a su vez del alcalde de Fines. A la mercantil de Kilian López, Azor Corporate Ibérica S.L., la diputación adjudicó en abril de 2020 el supuesto contrato fraudulento 2,03 millones de euros, una operación por la que López podría haberse embolsado un millón en comisiones.