La decisión del presidente del Gobierno, Pedro de Sánchez, de seguir al frente del Ejecutivo "con más fuerza si cabe" deja entrever que en estos cinco días de reflexión ha superado la supuesta campaña de lawfare o guerra sucia judicial que le llevó el pasado miércoles a apartarse, después de que un juez incoara diligencias previas contra su esposa, Begoña Gómez, por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias.

Una denuncia que fue admitida a trámite a pesar de que, como suele hacer este sindicato, lo único que aportaba son recortes de informaciones periodísticas -alguna ya desmentidas; otras, no-, como históricamente ha hecho Manos Limpias, que utilizó este mismo modus operandi en casos tan conocidos en Andalucía como el de los ERE, las irregularidades en los cursos de Formación o las facturas falsas de UGT-A, aunque finalmente se fue retirando de estas macrocausas conforme iban creciendo los problemas para este sindicato, que fue investigado, condenado y luego absuelto por interponer querellas contra empresas e instituciones y exigirles luego dinero a cambio de retirarlas.

Cuando media España pensaba que Sánchez iba a dimitir y la otra estaba segura de lo contrario, de que se trataba de una rabieta, el presidente del Gobierno, en un nuevo giro inesperado de los acontecimientos, anuncia que se queda y que aquí no ha pasado nada. El presunto lawfare a su familia tampoco ha podido con el presidente. "Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena", ha dicho el presidente al inicio de su discurso de este lunes cuando todavía no había revelado su decisión de continuar en el cargo. 

Ahora que el presidente ha renovado su compromiso de seguir liderando el Ejecutivo, es el momento para que, de una vez por todas, emplee esa regenerada fuerza con la que ha decidido seguir para resolver algunas de las tareas pendientes, como la tan ansiada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está pendiente desde 2018 y cuya demora es ya simplemente vergonzante. Una renovación a la que, por cierto, el PP tampoco ha puesto hasta ahora mucho de su parte para que salga adelante.

Quizás sea también el momento para impulsar definitivamente la entrega de la instrucción de los procesos judiciales penales a la Fiscalía. De hecho, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tiene intención de presentar antes o después del verano en el Consejo de Ministros una propuesta para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Esta propuesta podría incluir una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para que los fiscales pasaran a dirigir la instrucción de los procedimientos penales en sustitución de los jueces de Instrucción. La mejora de la Justicia es, sin duda, un elemento nuclear para acabar con "el fango" que según el presidente coloniza la vida política española.

La entrega de la instrucción a los fiscales debe ir acompañada de una mayor independencia del Ministerio Público para no correr los riesgos de aquello que sentenció el propio Pedro Sánchez en una entrevista: "¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?".... del Gobierno... "pues ya está". Y evidentemente esta reforma, de gran calado, debe surgir del consenso entre las principales fuerzas políticas.