La Audiencia de Sevilla ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre la petición de indulto planteada por el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE, y a los otros siete ex altos cargos que fueron condenados por un delito de malversación.

En una providencia notificada este Miércoles Santo, los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia hispalense solicitan al Ministerio Público que emita su informe, una vez presentado el escrito por la Junta de Andalucía, a la que se solicitó igualmente su opinión por haber ejercido la acusación particular en la macrocausa de los ERE y que provocó la oposición de la defensa del ex presidente de la Junta.

De hecho, el tribunal rechazó recientemente la queja de la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán contra la decisión del tribunal de solicitar a la Junta de Andalucía que se pronuncie sobre la petición de indulto que se está tramitando, en su condición de perjudicada por el caso de los ERE.

El pasado 14 de marzo, la Audiencia rechazó el incidente de nulidad planteado por el abogado de Griñán, que había alegado que la decisión de permitir que se pronuncie la Junta de Andalucía vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva del ex presidente.

La Junta de Andalucía ejerció la acusación particular pero solicitó el sobreseimiento de las actuaciones en la denominada pieza del procedimiento específico por el que se concedían las ayudas. La Fiscalía explicó recientemente en otro informe que aunque la Junta se reservó el derecho de ejercer acciones civiles, por el momento se desconoce si se han ejercitado.

La petición de indulto es una de las vías paralelas que han abierto los ex altos cargos condenados por el delito de malversación en el caso de los ERE, dado que sus principales expectativas están en los recursos de amparo presentados ante el Tribunal Constitucional. En enero pasado, la Fiscalía del Tribunal Constitucional mantuvo que deben ratificarse las condenas de prisión al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán -que fue condenado a seis años de prisión, aunque la pena fue suspendida por su enfermedad, y a los otros ex altos cargos condenados por el caso de los ERE-, aunque sí apoyó que se estimen parcialmente los recursos de amparo de ocho de los 12 condenados por uno de los motivos relacionados con el delito de prevaricación.

En la práctica, el planteamiento del Ministerio Público no supone ningún cambio significativo en lo que se refiere a las condenas impuestas a los ex altos cargos.