El Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) celebró ayer su Junta General Ordinaria para la aprobación de cuentas del ejercicio 2023. El acto se trasladó al salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla debido a la previsión de una gran asistencia de colegiados y colegiadas, como así ocurrió. Hubo más de 250 profesionales en persona y la confrontación de posturas fue tan evidente que los colegiados no ratificaron el acta de la sesión anterior y la Junta de Gobierno sacó adelante sus números, con un balance negativo que rondó los 400.000 euros, por los pelos: 724 votos a favor y 712 en contra. Como el sistema no es de voto por colegiado, sino que un letrado puede representar varios, la diferencia en la práctica fue de tres asistentes.

La tesorera de la Junta de Gobierno, Déborah Delmás, fue la encargada de desgranar los ingresos y los gastos del año pasado, que a su vez contaban con el informe favorable de una auditora independiente. Entre los datos más relevantes figura la confirmación de que las cuotas de los colegiados suponen la principal fuente de ingresos de la institución: ascendieron a algo más de 3,5 millones de euros, aproximadamente el 74% del total de 4,4 millones que entraron en el Colegio. En cuanto a los gastos, los de personal alcanzaron los 2,4 millones. Por encima, con casi 2,6 millones, se situaron “otros gastos de actividad”.

El balance negativo se concreta en 394.863,19 euros, lo que representa un leve aumento respecto a 2022 (352.299,58). Los números rojos se han disparado en los dos últimos ejercicios después de que en los anteriores fuesen más moderados (34.543 euros en 2021, 178.224 en 2019 y 80.685 en 2018). Incluso hubo dos años en positivo: 5.906 euros en 2017 y 50.425 en 2020.

Según fuentes del ICAS, casi la mitad del déficit generado en 2023 obedeció a la bajada de la cuota a los abogados no ejercientes, una medida que entró en vigor el 1 de abril y que era una reivindicación “histórica” del colectivo. Las pérdidas por este concepto se elevaron a 169.000 euros.

La reunión fue tensa y algunos de los asistentes protestaron con dureza por la falta de respuestas a varias de las cuestiones que plantearon sobre detalles concretos de los números presentados por el ICAS, en especial ciertas desviaciones presupuestarias y el dinero que cuesta el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), que gestiona la asistencia gratuita. Fuentes del Colegio explican que gran parte del problema radica en la aportación de la Junta de Andalucía, que debería haber pagado unos 1,8 millones y en realidad sólo abonó unos 700.000 euros. El resto tuvo que ser asumido por la institución. El caso es que el SOJ sólo en 2023 presentó un déficit de 520.455 euros. En los últimos seis ejercicios, desde 2018, el balance negativo acumulado llega a los 3,2 millones.

Los profesionales que no están de acuerdo con la gestión del equipo que lidera el decano Óscar Fernández León también cuestionaron las desviaciones al alza relacionadas con capítulos como los gastos de actos corporativos, de los 20.000 euros presupuestados a priori a los 102.154 que costaron.

Fernández León tomó precisamente la palabra al principio de la Junta para describir los acontecimientos más importantes de la actividad realizada durante el año 2023, cuya Memoria ya está disponible en la web del ICAS.