El juez pidió recientemente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que aporte los atestados elaborados en relación a los denominados "entramados empresariales" de varios investigados en la causa de formación, como el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda -ya fallecido- y Rafael Velasco, una petición que ahora ha reiteraro.

También ha ordenado que se realice una consulta telemática sobre el mantenimiento o cese de la actividad económica de la empresa Aulacen Cinco, que recibió cuatro subvenciones de la Dirección General de Formación por importes de 82.593 euros, 41.296,5 euros, 41.296,5 euros y 28.752,30 euros entre los años 2006 y 2009, respectivamente.

En total, Aulacen Cinco habría sido beneficiaria "injustamente de una continuada disposición de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía" que asciende a 193.938,30 euros, que fueron otorgados "al margen de la legalidad vigente, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en claro perjuicio de la generalidad de empresas -en especial, de las del mismo sector de actividad- y desempleados, privándoles de concurrir a su concesión acreditando las condiciones y requisitos habilitantes de su percepción; con desprecio de elementales normas de procedimiento en la gestión de fondos públicos, y con incumplimiento de la disciplina de concesión, control, pago y justificación de subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo".