La prueba estrella de los ERE entra en su quinta semana de sesiones y lo hace en forma de bucle. Los nueve peritos, tres de auxilio judicial y seis propuestos por las defensas de varios de los ex altos cargos imputados, llevan respondiendo preguntas desde el pasado 11 de septiembre. Hoy le tocaba el turno a la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias, cuyo abogado, Rafael Prieto Tenor ha hecho varias preguntas al jefe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Ángel Turrión, sobre si antes del juicio se había cuestionado por las defensas su imparcialidad a la hora de realizar su dictamen.

El letrado de Manos Limpias también le preguntó a este perito sobre si las conclusiones de su informe hubiesen variado si hubieran cambiado los porcentajes respecto a las ayudas que no estaban relacionadas con un ERE -que representaban el 70% del total- y las que sí estaban vinculadas con un Expediente de Regulación de Empleo, que suponían el 30% restante. "Las conclusiones hubieran sido idénticas porque se prescindió del procedimiento legalmente establecido" a la hora de conceder las ayudas, ha defendido Ángel Turrión.

A partir de ese momento, ha comenzado el interrogatorio de las defensas, que ha iniciado el abogado Pablo Jiménez de Parga, que representa al ex presidente de la Junta Manuel Chaves. A preguntas de este letrado, otro de los peritos de la IGAE, Eduardo Villaseca, ha afirmado que en el 92% de los 160 expedientes de ayudas analizados no hay ninguna memoria que justifique el interés social de las mismas. Este perito ha precisado que en las ayudas analizadas no aparecen "políticas activas de empleo", sino que se trataba en todos los casos de "despidos improcedentes de los trabajadores".

Y vuelta al bucle. Los peritos volvieron a enzarzarse en el debate sobre si el Parlamento de Andalucía fue engañado o "inducido a error" por parte del Consejo de Gobierno, como sostienen los peritos oficiales, o si el Parlamento era consciente de la partida presupuestaria 31L, con la que se abonaban las ayudas bajo investigación. Y Turrión volvió a afirmar que ellos han hablado de que el Parlamento fue "inducido a error", ya que se elaboró una "presupuestación fraudulenta", en el sentido de "engañoso o falaz" según aparece dicho término en el diccionario de la RAE.

El perito oficial siguió diciendo que las consecuencias del establecimiento del sistema para el pago de las ayudas fueron que se eludían los requisitos para conceder subvenciones y se impedía que las mismas fueran controladas por la Intervención general de la Junta de Andalucía.

"Está claro que el perito no quiere contestar", ha afirmado Pablo Jiménez de Parga, abogado del ex presidente Chaves

El abogado de Chaves ha dicho que el perito oficial ha eludido algunas de las preguntas -"está claro que no quiere contestar", ha llegado a afirmar-, lo que ha provocado que el presidente del tribunal le llamara la atención al ponerle de manifiesto que "los comentarios sobran". En otro momento y tras leer parte de una memoria, Pablo Jiménez de Parga ha ironizado al señalar que "debe ser que no entiendo el castellano", tras una de las respuestas dadas por el perito, todo ello después de que Turrión reiterara que los consejeros de Empleo, Innovación y Hacienda conocían las "deficiencias" denunciadas por la Intervención de la Junta en sus distintos informes.

Y el debate continuó con otro clásico: las diferencias entre presupuestación y contabilidad, según los peritos de la IGAE, que insisten en que el problema con estas ayudas y dónde "se cometió el error" es en la fase de presupuestación.

Tras Jiménez de Parga, le ha llegado el turno al abogado José María Mohedano, que representa al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán. Mohedano ha comenzado interrogando al perito por su etapa en la dirección general de Presupuestos y le ha preguntado si en esa etapa había intervenido en la fiscalización de modificaciones presupuestarias.

Mohedano intenta sacar a los peritos del bucle

Mohedano ha intentado sacar del bucle a los peritos oficiales al preguntarle si seguían interviniendo en las macrocausas de los cursos de formación y de los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA, donde fueron designados por la juez Mercedes Alaya, si bien la juez María Núñez Bolaños encargó posteriormente la realización de estos informes periciales a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

"No tengo ninguna revocación", ha dicho Ángel Turrión, quien ha reconocido no obstante que en una de las piezas de los cursos, en la que se investiga las ayudas al ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda han sido "relevados por parte del juzgado", pero ha insistido en que la causa principal, la denominada "pieza política" que fue archivada por la juez Bolaños y está pendiente de los recursos "no tenemos ninguna revocación expresa".

En cuanto a la causa de los avales, ha reiterado que no tienen constancia de que haya sido revocado su encargo, y luego ha sorprendido al afirmar que "han sido relevados de una causa" para la que "nunca" fueron nombrados, lo que llevó al letrado a preguntarle a Turrión que "si no fueron nombrados cómo habían sido relevados", a lo que el perito ha añadido que desconoce que fueran sustituidos por la Intervención de la Junta, aunque sí conoce que se le encargó un trabajo a los interventores de la Junta.

El juicio continuará mañana con el interrogatorio de las defensas a los peritos, en la que será la sesión número 113 desde que comenzó la vista oral el pasado 13 de diciembre de 2017.