Dos años y cuatro meses de cárcel por dar un mordisco a un celador del hospital Virgen Macarena y arrancarle de cuajo la parte superior del dedo anular de la mano izquierda. Esa es la sentencia que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha impuesto al autor de semejante brutalidad, un joven italiano llamado Mateo F. que sufrió una especie de brote psicótico, en parte por un problema mental y en parte por las drogas, y que también agredió a otra celadora y lo intentó con los policías que acudieron a detenerlo. El acusado, que admitió los hechos ante el tribunal, deberá indemnizar al celador con 45.000 euros. Otra cosa es cómo los va a pagar... si los paga.

La sentencia fue dictada el 9 de abril, el mismo día que se celebró el juicio, y es firme porque fue fruto de un acuerdo previo y las partes no la recurrirán. Esas partes eran el acusado, la Fiscalía, el celador y el Ministerio del Interior como perjudicado por los desperfectos que el encausado provocó en el vehículo policial que lo trasladó a la comisaría.

Los hechos ocurrieron sobre las 4 de la madrugada del 29 de abril de 2023, hoy hace justo un año. Mateo F. estaba en la sala de Urgencias y de repente “comenzó a golpearse contra el mobiliario” con la cabeza. Una celadora intentó calmarlo, pero “sin éxito”. De hecho, la situación fue a peor porque el inculpado cogió su cinturón e “intentó estrangularse”. La trabajadora trató de impedir esa tentativa de suicidio y pidió ayuda a otros compañeros. “De inmediato” se personó allí otro celador que se encontraba de servicio. Pero no hubo manera y el episodio degeneró tanto que, “lejos de dejarse auxiliar”, Mateo F. “se volvió más violento” y arremetió contra los dos con “manotazos y patadas”.

En esa espiral de revueltas y empujones, según describe la sentencia facilitada por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el acusado “llegó a alcanzar” al celador con la boca, le mordió en la mano izquierda y “le arrancó parte de la falange del cuarto dedo”. A continuación, por suerte para todos, fue reducido al fin por el personal de seguridad del hospital.

Eso no significa que la historia se acabase ahí. Cuando se personó la Policía Nacional, el encausado “volvió a reaccionar de forma violenta” y empezó a lanzar “cabezazos” y de nuevo “mordiscos” contra los agentes, aunque esta vez no pilló a ninguno. Eso sí, durante el traslado a la comisaría “no dejó de mostrar su agitación”, de nuevo a base de “cabezazos y patadas” dentro del coche patrulla que causaron importantes estropicios en los marcos de las ventanillas traseras del vehículo. Fueron tasados en 775,8 euros. Por este último hecho, el tribunal le impone una multa de 1.080 euros y el pago de una indemnización por el valor de los desperfectos al Ministerio del Interior.

Como consecuencia del ataque, el celador sufrió la amputación parcial de la falange distal (la parte superior del dedo), lumbalgia y ciatalgia. Fue operado, tardó casi medio año (154 días) en recuperar una calidad de vida normal y como secuelas le han quedado la agravación de una artrosis previa y, lógicamente, medio dedo menos. El tribunal califica el perjuicio estético como moderado.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá resarcirlo con 45.000 euros por las lesiones, las secuelas y el daño moral que le infligió. Este capítulo fue una de las causas por las que no hubo acuerdo en febrero, ya que el perjudicado no se conformó con los 32.000 euros que ofrecía la otra parte. Esa cantidad se incrementó en 13.000 euros y facilitó el acuerdo final, aunque Mateo F. a priori no podrá pagarla porque no tiene ni fondos ni ingresos para hacerlo.

La otra celadora, por su parte, sufrió arañazos y hematomas en la muñeca derecha, los brazos y los muslos. Por este hecho específico, que es calificado como un delito de lesiones leves, Mateo F. es condenado a pagarle una indemnización de 204,73 euros “por los días invertidos en al curación de las lesiones” y abonar una multa de 90 euros.

Mateo F, según consta también en la resolución, sufre “un trastorno de personalidad agravado por el consumo de tóxicos” que en el momento de los hechos “afectaba de manera moderada a sus facultades de querer y entender” lo que estaba haciendo. Esta atenuante de anomalía psíquica ya figuraba en la calificación provisional del fiscal, que inicialmente pedía cinco años de cárcel por un delito de atentado en concurso con el de lesiones del artículo 150 del Código Penal, que castiga a quien cause a la víctima “la pérdida, inutilidad o deformidad de un órgano o miembro no principal”.

Fruto del acuerdo y de la aplicación de esa atenuante, la acusación pública retiró el concurso de delitos y rebajó su petición de cárcel hasta dejarla en dos años por las lesiones causadas al celador y cuatro meses por el delito de atentado que contempla el artículo 550.1, que como perjudicados incluye no sólo a agentes de la autoridad sino también a “funcionarios públicos”, como es el caso del profesional sanitario. De hecho, el segundo párrafo de ese precepto concreta que “se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”. El acusado salió muy bien parado: este delito se castiga con penas de prisión de entre seis meses y tres años, mientras que el de lesiones conlleva entre tres y seis años.

Mateo F. está en prisión provisional desde el 30 de abril de 2023, así que sólo le restan por cumplir un año y cuatro meses de su condena definitiva.