Once años después. El ex secretario general de la UGT-A Francisco Fernández Sevilla declara este lunes en la Audiencia de Sevilla en el juicio por el escándalo de las facturas falsas del sindicato UGT-A, que sienta en el banquillo de los acusados a la ex cúpula de la organización sindical en Andalucía y en el que el sindicato está citado como responsable civil subsidiario por la totalidad de las cuantías supuestamente defraudadas: más de 40 millones de euros, en concreto 40.750,047,74 euros.
Fernández Sevilla, que se enfrenta a una petición de siete años de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción, será el primero de los 15 acusados en declarar en este juicio, que se inició en enero pasado y que entra de esta forma en su recta final. Su declaración llega, por tanto, once años después de que se iniciara la investigación por el presunto fraude, en el año 2013.
Su declaración se produce después de que se hayan practicado todas la pruebas testificales y periciales, entre las que ha destacado precisamente la declaración del ex trabajador de la UGT-A Roberto Macías, que fue condenado por revelación de secretos por la sustracción de información del sindicato, y quien ha ratificado ante el tribunal la existencia de una "facturación fraudulenta" que el sindicato iba encargando a los proveedores por determinados servicios que no se habían dado o que se habían realizado por un importe inferior, lo que generaba un bote que ha llegado a comparar con un "fondo de reptiles".
A preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto, el ex empleado del sindicato confirmó dos de las modalidades que presuntamente el sindicato utilizaba para la realización de un fraude que se estima en más de 40 millones de euros y así ha explicado que en ocasiones se encargaba la realización de facturas ficticias a los proveedores y en otras ocasiones se correspondían con la prestación de un servicio pero "con un precio menor, se han inflado". Ese saldo que se generaba "se descuenta con albaranes de entrega o de bote y con eso se compraban bandeloras, camisetas, merchandising y todo lo necesario para la actividad sindical", ha detallado Roberto Macías, que ha afirmado que desde su punto de vista el sindicato "tiene todas las prácticas de una organización mafiosa".
Por su parte, un sargento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirmó que a lo largo de la investigación detectaron una diferencia de 1,6 millones de euros en la facturación del sindicato con la sociedad instrumental Soralpe, en relación con los alquileres de las aulas para la realización de los cursos de formación subvencionados. El testigo ratificó el atestado en el que se analizó el circuito financiero entre la entidad Soralpe y los traspasos de capital con el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), vinculado a UGT, y la propia organización sindical, para lo cual analizaron la documentación recibida de la agencia tributaria, de las cuentas bancarias de Soralpe y la documentación intervenida en los registros de las entidades.
A principio de abril declaró el interventor de la Junta de Andalucía que analizó las ayudas concedidas a UGT-A para que ejecutase cursos de formación para trabajadores y quien además de ratificar el informe en el que estableció que los gastos presentados por UGT-A no eran subvencionables, insistió en que el sindicato no realizó un "esfuerzo" para justificar en que se gastó el dinero que recibió de la Administración.
De hecho, el perito precisó que las facturas que presentó la organización, la mayoría con "conceptos genéricos" que no concretaban los servicios prestados, "no eran aceptables y deberían haber sido rechazadas, con independencia de que el servicio se haya prestado o no".
Hasta siete años de prisión para la ex cúpula del sindicato
La Fiscalía Anticorrupción reclama siete años de prisión y multa de 50 millones de euros para el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y la misma pena para el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Emilio Goicoechea Salazar, mientras que para la responsable del departamento de Compras de UGT-A María Dolores Sánchez Montaño solicita cinco años de cárcel y multa de 50 millones.
Para los otros diez acusados, los proveedores del sindicato, la Fiscalía reclama penas de tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros). Además, la Fiscalía pide que en concepto de responsabilidad civil Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que UGT-A, debido a su "posición política, social y económica, como institución de relevancia en nuestro sistema político", ha venido siendo beneficiario de numerosas subvenciones. Un nutrido grupo de estas fueron las subvenciones destinadas a impartir formación, como una de las materias claves en las políticas activas de empleo, "singularmente en una Comunidad Autónoma como Andalucía, donde el paro es un grave problema", precisa el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto.
Para la correcta ejecución de los programas formativos, el sindicato se servía de recursos propios y ajenos, y en especial de las entidades Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y Soralpe I Mas P Asociados Sl Unipersonal -cuya finalidad pretendida era crear una estructura de aulas y la gestión de las mismas, manteniéndolas en condiciones técnicas y equipadas para la formación, detalla el fiscal-.
El fraude del rápel y el bote
El Ministerio Público centra la acusación en 14 expedientes de subvenciones otorgadas al sindicato y recoge como mecanismos de defraudación la creación de la central de compras y la utilización de los denominados "rápel" y "bote".
Dice el fiscal que la creación de la llamada Central de Compras fue decisión directa del secretario general Manuel Pastrana Casado -que fue apartado del proceso judicial por motivos de salud-, en fecha no determinada del año 2006 y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, que le sucedió en el cargo. Su objeto inicial era centralizar la relación con los proveedores de UGT de Andalucía, a los que se fueron uniendo las distintas uniones provinciales así como empresas y fundaciones vinculadas a UGT.
En cuanto al rápel, el fiscal precisa que era Federico Fresneda quien seleccionaba los proveedores del sindicato "sin más criterio que su libre voluntad" y atendiendo a la aceptación de las condiciones que se les imponían. Así, negociaba con los proveedores del sindicato ese rápel, un descuento ante la ingente actividad comercial. Estos descuentos, se pactaban como cláusula expresa en cada contrato o bien verbalmente.
Fresneda "exigió que estos descuentos no se materializaran en las distintas adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios conforme se adquirían y prestaban y consecuentemente con plasmación en cada factura emitida, sino que se realizara al final de cada ejercicio fiscal". De esta manera, prosigue el fiscal, se materializaba mediante una contra factura de abono, en la que el proveedor devolvía de una vez, la totalidad del descuento al sindicato en la cuenta marcada por este en ocasiones y en otras en metálico. Sin embargo, en la cuenta justificativa que se rendía ante la administración concedente, la Dirección General de Formación, se presentaba "la primera factura sin incluir ese descuento, ocultándolo y lucrándose así en el exceso".
En la rendición de cuentas que Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva del sindicato, se incluía el monto obtenido por el rápel, se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión entra las distintas Uniones Provinciales. La gestión contable de este rápel se realizó en origen a través de hojas de cálculo excel, sin embargo ante el volumen que adquirió, se terminó materializando en el programa de gestión Spyro.
En cuanto al denominado bote, el fiscal señala que con esta figura, el sindicato, a través de Federico Fresneda, María Charpín y Dolores Montaño, se encargaba la elaboración de "facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con los proveedores, siempre previo pago de esas facturas". De este modo la factura, que de ordinario se identificaba con un programa formativo o conceptos genéricos, "se presentaba ante la administración como parte de la cuenta justificativa".
Esto permitía que el sindicato "sostuviera y financiara actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote. Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación".
De la misma manera que con el rápel, esto se realizaba sólo con proveedores de confianza seleccionados por Federico Fresneda. Igualmente llegó a tener plasmación contable y registral en el aplicativo Spyro, programa informático que contaba "con apartados para asentar tales anotaciones al margen de la legalidad".
Según el Ministerio Público, fue María Charpín, quien en las sesiones de trabajo con los responsables de la implantación del programa Spyro, "exigió que este programa informático contemplara estos apartados, y exigió a sus creadores que lo incluyeran. A tal extremo llegó, que incluso difundió un manual de usuario entre los empleados, en los que se daban instrucciones de cómo manejar y contabilizar las facturas de bote y rápel y tal fue su osadía, que llegó a poner ejemplos en el manual con un proveedor real de los que facturaban falsamente: Lienzo Gráfico", sostiene.
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