Ocho meses de investigación recogidos en 5.000 folios de sumario, una esperada información a la que todavía ayer las partes interesadas en el proceso judicial del desfalco en el Ayuntamiento isleño no pudieron tener acceso, pero sobre la que ya ha trascendido parte del contenido.

Los datos recopilados no aportan demasiadas novedades respecto a la información que, con cuentagotas, ha ido saliendo a la luz a lo largo de todo este tiempo. La investigación, de esta manera, se centra en el único detenido hasta el momento, el funcionario responsable de la caja municipal, Clemente Ruiz García, al que se le imputan tres delitos: malversación de caudales públicos (7,8 millones de euros), falsedad de documentos públicos y falsedad de documentos mercantiles.

En el sumario se desgranan los diferentes procedimientos que supuestamente utilizaba el empledo público para hacerse con el dinero y vincula su actividad en el Ayuntamiento con su negocio inmobiliario. En concreto, destaca tres actividades irregulares: la manipulación de las denominadas hojas de caja, en las que anotaba cantidades inferiores a las que verdaderamente correspondían; el cobro de cheques para determinados pagos por un importe mayor al requerido; y la utilización de datos fiscales sobre el impuesto de plusvalías que empleaba en la creación de operaciones falsas en su inmobiliaria.

Este último punto lo confirma el hallazgo de estos documentos públicos en el interior de su negocio cuando se practicó el primer registro al iniciarse la investigación en abril. Este periódico, además, ha podido saber que el propio abogado defensor de Clemente, Ignacio Quintana, ha presentado al juzgado avales en los que explica que el uso de estos datos del Ayuntamiento sirvieron para sanear la economía de la empresa, que no arrojaba beneficios. De esta forma, la inmobiliaria aparentaba una mayor solvencia. El importe al que ascienden estos avales oscila en torno a los 60.000 euros, una cantidad que dista mucho del importe del robo.

El sumario, por otro lado, aborda la relación del detenido con una familia marroquí afincada en la ciudad, cuyas propiedades también han sido registradas por la Policía en la recta final de estas diligencias. A este respecto, la información recopilada incide en su relación de amistad, fundamentada en que eran vecinos, en que la mujer de Clemente había trabajado en uno de los negocios de esta familia y en que, además, ambos tenían familiares con discapacidad. Incluso, hay que recordar que el auto de prisión insistía en la posible fuga del funcionario hacia Marruecos con la ayuda de estos amigos.

Ayer trascendió también que el abogado de estos marroquíes ha solicitado al juzgado la devolución de los pasaportes que le fueron requisados durante los registros con la intención de asistir a la tradicional fiesta del cordero que se celebra en este país a finales de año. Además, el letrado baraja personarse también en el proceso.

También ha podido saberse que la investigación judicial que se ha desarrollado en los últimos meses, además de centrarse en el entorno de Clemente Ruiz, ha recabado datos de la Delegación Municipal de Economía y Hacienda, donde se han requisado la información de los ordenadores del personal que trabaja en la Caja.

El abogado de Clemente, precisamente, basará parte de su estrategia de defensa en la posible destrucción de documentos públicos procedentes de esta delegación apenas unos días después de que saltara el caso, que acreditará -afirma- con el testimonio de un testigo. El letrado, ayer, explicó que intentará que su cliente pueda desplazarse hasta los juzgados de San Fernando para verificar y aclarar el contenido de la documentación del proceso a las que las partes tienen acceso pero no copia.

Junto al contenido del sumario, el Ayuntamiento aguarda también la llegada inminente del informe provisional elaborado por la Cámara de Cuentas, un trabajo que se estaba llevando a cabo enlas oficinas de Hacienda y que contribuyó a destapar estas irregularidades.

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