La Confluencia de Izquierdas de Puerto Real ha denunciado públicamente la “falta de claridad de la Junta de Andalucía” con las familias del alumnado del Colegio Tierra y Libertad (Casines). Estas declaraciones surgen ya que han pasado más de 6 años desde que la entonces consejera de Educación, Sonia Gaya, confirmara la segunda fase del centro educativo de la barriada de Casines. Esta segunda fase suponía la construcción de un centro de Educación Primaria, como venía recogido en el Plan de Infraestructuras y Equipamientos de la Enseñanza no Universitaria para 2018, que se sumaría al colegio de Infantil.

Al inicio del curso escolar 2020-2021 las instalaciones de Educación Infantil comenzaron a recibir sus primeros alumnos. “Sin embargo, las obras para la construcción de la segunda fase, a día de hoy, no han dado comienzo”, recuerda la Confluencia.

Por ello, el partido que ostenta el Gobierno local de la Villa, junto a Adelante Andalucía, exige a la Junta de Andalucía “claridad” en sus respuestas sobre “los motivos reales que justifican los retrasos”. Al mismo tiempo quieren mostrar su apoyo a la asociación de familiares del Colegio Tierra y Libertad, que “lleva años esperando sin obtener respuestas transparentes”.

Hay que recordar que los familiares de los alumnos llevan ya más de un año movilizándose. De hecho, las protestas se iniciaron mucho antes de que comenzase el curso que ahora finaliza, y que ha sido el primero en el que alumnos de la Escuela Infantil que terminaron su ciclo educativo tuvieron que repartirse por distintos centros de la localidad, en lugar de continuar su etapa académica en un colegio de Primaria del que poco se sabe. Este hecho, de forma inevitable, se va a repetir el próximo curso ya que las obras del colegio ni tan siquiera han comenzado. Las últimas protestas protagonizadas por los padres fueron el pasado sábado, en la manifestación en defensa de la educación pública que se celebró en Cádiz.

protesta de mas madres y padres de Tierra y Libertad en la manifestación por la educación pública

Ante el retraso en el inicio de las obras, hace ya un año la delegada informó a las familias que la inversión prevista era de casi 2,5 millones de euros. “Meses después se argumentó que debía ser aprobada una ampliación del presupuesto para evitar que las obras se vieran afectadas por el encarecimiento de los precios”, recuerda la Confluencia.

Para Aurora Salvador, Alcaldesa de Puerto Real, “estos retrasos y esta forma de evitar abordar directamente el asunto es una muestra más del maltrato de la Junta de Andalucía a la Educación Pública en nuestro municipio”. Ante esto, insiste en la necesidad de que “la Junta se dedique a mejorar la calidad de la Educación Pública”.

Por su parte, el concejal de Educación en Puerto Real, José Luis Rodríguez Súnico, ha manifestado la importancia de que la Junta de Andalucía “solucione los problemas reales de la educación que son de su competencia, bajando la ratio de alumnos para atender a la presente diversidad del alumnado, arreglando los desperfectos estructurales de los edificios, manteniendo servicios esenciales como la Residencia de Las Canteras y no permitiendo el cierre de más líneas educativas”.

Respecto a esa última reivindicación, Súnico mostró su malestar “tras conocer que se van a cerrar líneas, se van a suprimir grupos escolares en colegios públicos de Puerto Real alegando falta de alumnado y, sin embargo, con el mismo número de alumnos, sí se van a mantener esas líneas en colegios concertados”.

Ante la incertidumbre sobre el futuro del colegio que tienen tanto los padres como la propia administración local, la alcaldesa ha manifestado que “si en algún momento la Junta ha cambiado de opinión sobre la construcción del edificio, tendrá que decirlo y tendrá que explicarlo. Lo contrario, sería mantener engañados a los familiares y esto es lo peor que se le puede hacer a la ciudadanía porque genera un daño irreparable, destruyendo la creencia en las instituciones públicas”. Del mismo modo advierten que de no ser así y si desde la Delegación Provincial de Educación no se es clara, será la propia formación de izquierdas la que tomará medidas y a través de sus representantes públicos pedirá respuestas en el Parlamento de Andalucía.